Por Andrés Lerner

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este fin de semana un paquete destinado a paliar el impacto de la devaluación sobre los ingresos y el consumo. Entre ellas, dos pagos de $30.000 para trabajadores del sector público y el privado que cobren menos de $400.000. En el Gobierno estiman que en promedio impulsará cerca de un 10% los salarios durante septiembre. En el sector empresario ponen reparos y aseguran que el mecanismo de actualización debe seguir siendo la paritaria.

Durante todo el domingo, el titular del Palacio de Hacienda fue comunicando a través de sus redes sociales una serie de medidas enfocadas en la recomposición de ingresos de los sectores bajos y medios. Jubilados, pensionados, trabajadores formales e informales, monotributistas y beneficiarios de planes sociales fueron el foco principal de los anuncios, aunque también hubo guiños para los sectores productivos.

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La intención del Gobierno es morigerar el impacto de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial. Es que si la disparada de la inflación que las consultoras anticipan para agosto redunda en una licuación del poder adquisitivo, probablemente se enfrente un escenario de menor consumo interno con impacto directo en el conjunto de la actividad económica.

Así lo interpretaron también un grupo de pequeñas y medianas empresas locales. El titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, le dijo a Ámbito: “Reconocemos el esfuerzo fiscal del Gobierno en la recuperación del salario otorgándonos el 50% de descuento en las cargas sociales, pero seguimos remarcando que es muy importante que si le damos plata a la gente se controlen los precios del consumo masivo para que ese aumento no vaya a quedar siempre en las mismas manos y sea repartido en la industria y el comercio”.

En diálogo con Radio 10, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, estimó la suba porcentual que traerá a los trabajadores abarcados por la medida: “Nuestro cálculo es el siguiente. Si uno hace promedio o incluso mediana de los salarios en convenio al mes de agosto, estamos más o menos en $292.000, en consecuencia los $30.000 que se pagarán en septiembre implican alrededor de un 11%”.

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) que pertenece a la CTA, estimó que el bono a pagar en dos tramos beneficiará unos 5,5 millones de trabajadores del sector privado registrado e implica movilizar una masa de recursos de $330.000 millones. El costo fiscal, porque el Estado absorberá una parte vía descuentos en contribuciones patronales, rondaría los $137.000 millones.

“Se trata de buscar un esfuerzo compartido con las empresas para recomponer ingresos”, explicaron en el Gobierno. Aunque en la gremial empresaria muchos no lo interpretaron de esa manera. Un ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que emitió un comunicado oficial en el que expresa su “preocupación por la suma fija otorgada a trabajadores ya que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones”.

La entidad que conduce Natalio Mario Grinman cuestionó duramente la decisión y dijo que “buena parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación, debido a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”. Con un tono menos bélico, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, también rechazó la decisión del Gobierno.

Lo que resta saber es si los reparos vendrán solamente desde el sector privado. Otros actores de relevancia, hasta ahora no mencionados, son los estados provinciales y municipales. Ayer, el titular del gremio de los municipales, Hernán Doval, instó a más de 2.300 ciudades del país a replicar la medida sobre los cerca de 900.000 trabajadores que representa. Se sabe que, en más de un caso, al observar sus recibos de sueldo, los trabajadores del sector se encuentran con salarios inferiores incluso a lo que paga hoy un plan social.