Una vez más, el ex pre candidato a intendente por el Frente para la Victoria en General Pueyrredon se ve envuelto en acusaciones que lo involucran en situaciones incompatibles con la función pública y específicamente atinentes a su función y del astillero que continúa manejando, según las fuentes portuarias locales que han sido consultadas.

Dispuesto a resistir, el líder del gremio de los marítimos, Enrique Omar Suárez, a quien Cristina Kirchner describía como uno de sus sindicalistas “favoritos”, se presentó ayer ante la Justicia para rechazar las acusaciones por encabezar una asociación ilícita y desviar fondos que debían ir al sindicato. Lo hizo a través de un escrito de 14 páginas que presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Sin embargo, “el Caballo”, como se lo conoce en el ambiente gremial, dio algunas pistas sobre las irregularidades que se les imputan a él y a otros dos directivos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Apuntó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como responsable del acuerdo que el SOMU selló con empresas navieras y organismos del Estado, como Enarsa, para dictar cursos de capacitación para los marineros.

Sobre la base de las denuncias de la interventora del SOMU, Gladys González, Canicoba Corral investiga si las capacitaciones se brindaron y si el dinero que aportaban las empresas ingresó en la tesorería del gremio. Según la intervención, se montó un mecanismo para desviar fondos. González detalló a la nación cómo habría sido la triangulación: el pago, en lugar de ir directamente al SOMU y de allí a la escuela de capacitación marítima Omar Rupp, ingresaba en un primer momento en la Fundación Azul y luego en la empresa San Jorge, de cuyo paquete accionario el gremio posee 20%.

A partir de su defensa, Suárez complicaría a los ex subsecretarios de Vías Navegables durante el kirchnerismo Ricardo Luján y Horacio Tettamanti, quienes ejercían la autoridad de aplicación de los waivers o permisos de excepción a la ley de cabotaje. El sindicalista evitó, en cambio, referirse al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex titular de Enarsa Exequiel Espinosa, quienes decidieron que el país importara gas licuado a partir de 2008.

Una auditoría interna en el SOMU a cargo de la intervención reveló hace un mes serias irregularidades. Entre los desfases encontrados, hay “exorbitantes” sobreprecios en compras directas; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; multiplicidad y superposición de tareas y cargos, y la “ausencia total” de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios.

Punto por punto, Suárez refutó algunas de las acusaciones de la intervención. Precisó que entregó el sindicato con un activo de 245.024.127 pesos y que los últimos 15 ejercicios contables tuvieron superávit. El preámbulo de cifras le sirvió para argumentar sobre la cantidad de inmuebles y vehículos que adquirió el SOMU durante su conducción.

En la auditoría, se detectó el robo de 32 autos que están a nombre del gremio. Dos de los 73 vehículos que tiene el SOMU eran utilizados como propios por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y su mujer, la senadora provincial Cristina Fioramonti. Suárez tuvo una curiosa explicación al respecto: “El SOMU adquirió vehículos para actividades sindicales y sociales. Uno de esos ha sido usado por Kunkel y su esposa para tareas sociales”.