Laura Serra

La resurrección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), decisión que impuso el presidente Javier Milei por decreto de necesidad y urgencia (DNU), no tiene otro objetivo que empoderar al organismo con amplias facultades operativas y presupuestarias –incluidos los gastos reservados-, y concentrar en él la supervisión de todo el sistema de inteligencia nacional, una tarea hasta ahora repartida con los Ministerios de Seguridad y de Defensa, encabezados por Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente.

En efecto, de una lectura detallada de los decretos 614 y 615 que dieron nacimiento a la nueva SIDE se desprende que Sergio Neiffert, su flamante secretario y mano derecha de Santiago Caputo, no solo ejercerá las riendas del organismo a su cargo, sino que también tendrá fuerte injerencia sobre el funcionamiento operativo y los respectivos presupuestos de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la órbita de Bullrich, y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Petri.

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Desde que asumió Milei, Bullrich y Petri pugnaron por preservar bajo su tutela ambas dependencias y evitar que caigan bajo la órbita de Caputo y sus pretendidas intenciones de crear un súper organismo de inteligencia. En rigor, lo lograron a medias. El decreto 615 establece, en sendos artículos, que si bien las direcciones de inteligencia criminal y estratégica militar mantendrán la facultad de elaborar sus presupuestos y ejecutarlos, previa elevación a la SIDE, la asignación de las partidas de todos los órganos del sistema de inteligencia nacional estarán condicionadas a determinadas cuestiones:

A) Objetivo de la misión.B) Duración de la misión.C) Órganos nacionales y/o extranjeros involucrados.D) Medios materiales y personal involucrado.E) Existencia de aportes financieros y/o materiales extranjeros.F) Monto solicitado.

No solo eso. La SIDE, además, dictará un reglamento en el que se establecerá, para cada caso, “un cronograma de desembolso de los fondos asignados de acuerdo al grado de cumplimiento y ejecución de la misión, encontrándose facultada para suspender y/o interrumpir la asignación en caso de verificar incumplimientos que así lo justifiquen”.

En definitiva, serán los altos mandos de la SIDE –Nieffert y Caputo- los que determinarán (y condicionarán) el flujo presupuestario que se destinarán a las operaciones que lleven adelante todos los organismos que forman parte del sistema nacional de inteligencia. Además de las direcciones ya mencionadas bajo la órbita de los ministerios de Seguridad y Defensa, se suman los cuatro órganos desconcentrados que formarán parte de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Esta concentración de poder y de manejo presupuestario en tan pocas manos en una materia sensible como la inteligencia nacional no encuentra antecedentes cercanos, admiten expertos y legisladores de la oposición consultados por LA NACION. Desde el Ministerio de Seguridad, los voceros de Bullrich relativizaron, no obstante, esta eventual injerencia que tendría la SIDE sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal bajo su órbita.

“Hemos ganado autonomía, tanto en lo presupuestario como en lo operacional. Nuestro presupuesto no es estático y si se considera, por la envergadura de las operaciones de inteligencia que realicemos, la necesidad de más fondos, la SIDE está facultada para ampliar las partidas”, indicaron a LA NACION.

Fuerte aumento presupuestario

Cuando Milei, también por decreto, intervino la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en diciembre pasado, autorizó al entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse –quien luego fue reemplazado por Guillermo Francos- a diseñar un nuevo régimen de administración de fondos del organismo, ampliando o reduciendo los llamados gastos reservados.

Hasta entonces, la partida de gastos reservados de la AFI constituía un pequeño porcentaje dentro del presupuesto general del organismo, una decisión que Cristina Kirchner debió adoptar tras la conmoción que desató la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 y las denuncias por la interferencia, indebida, de la entonces SIDE. Con la reformulación del organismo de inteligencia, se acotaron los gastos reservados.

Desde que Milei asumió la presidencia, los gastos reservados de la ahora SIDE se incrementaron en un 391% ($3194 millones). El presupuesto general del organismo también tuvo una suba exponencial y hoy cuenta con una partida de $36.741 millones (+136%)

En rigor, el gasto total que se destina a la inteligencia nacional es de $168.490 millones; tuvo un aumento promedio del 153% desde enero pasado. Además de la SIDE, también realizan tareas de inteligencia las distintas fuerzas bajo la órbita de los Ministerios de Defensa y de Seguridad del Estado. Para ellas se destinan estas partidas:

-Ministerio de Seguridad-Acciones de inteligencia criminal: $6514 millones-Prefectura: $11.066 millones-Gendarmería: 438.100 millones-Policía Federal: $29.166 millones-Ministerio de Defensa – gastos propios: $1589 millones-Armada Argentina: $8516 millones-Fuerza Aérea: $8659 millones-Ejército Argentino: 28.131 millones

Todas estas partidas, si bien serán ejecutadas por las distintas fuerzas, estarán bajo la supervisión de Neiffert, un neófito en materia de inteligencia quien, en otros tiempos, hubiese tenido que obtener el acuerdo del Senado para ocupar la poltrona de la SIDE, tal como establecía la ley 27.126. Milei, con su decreto, le ahorró ese trance a Neiffert, sino también a los directores de las cuatro entidades especializadas de la SIDE: Alejandro Colombo (SIE); Alejandro Cecati (ASN) y Ariel Waissbein (Ciberseguridad). Aún no hay designación para la División de Asuntos Internos.

El decreto de Milei incluye también otros puntos llamativos. El primero y principal es que la propia SIDE se creó por esta herramienta excepcional: el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) anticipó que objetará este DNU en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo por considerar que la ley de administración financiera establece que quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia.

“Este DNU es ilegal”, enfatizó el diputado kirchnerista quien, además, alertó que el decreto reincide en la posibilidad a que el Poder Judicial vuelva a convocar a la SIDE como auxiliar de justicia, cuestión fue vedada por el decreto 214/2020 de Alberto Fernández. Además, advirtió que la flamante Agencia de Ciberseguridad de la nueva SIDE tendrá potestad para interceptar comunicaciones, una tarea exclusiva de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), a cargo de la Corte Suprema.