Por Eduardo Menegazzi

El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine este 2025. El presidente Javier Milei la mencionó con énfasis en el paquete de reformas que tiene pensadas para este período de su gestión cuando inauguró el sábado el 143° período de sesiones ordinarias. Entre sus principales puntos figuran el cobro de aranceles para los extranjeros no residentes en servicios como la salud y la educación, mayor celeridad en la deportación de los foráneos que estén involucrados en hechos delictivos, más requisitos para obtener la radicación en territorio argentino y mejores controles fronterizos.

“Fue un pedido que le hicieron al ministro Cúneo Libarona y se está avanzando a buen ritmo para cumplirlo”, le dijeron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, que será el encargado de la redacción del nuevo articulado. La que rige, la Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010, mediante el decreto 616 de ese año durante el mandato de Cristina Kirchner.

En el capítulo referido a la Justicia de su discurso del sábado por la noche en el Parlamento y en medio del cruce verbal que tuvo con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei sostuvo que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.

“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”, agregó.

El hospital San Bernardo de la capital de Salta, la primera provincia en implementar el cobro de los servicios de salud para los extranjeros no residentes. Foto: Gobierno de Salta.

Este último punto, entre las modificaciones que se introducirían, va en sintonía con las que ya se pusieron en marcha en varias provincias durante 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Con esa medida en el distrito norteño, según difundieron sus autoridades, “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.

“Esta regulación comenzó con un decreto de necesidad y urgencia, lo que ha resultado en un ahorro importante para la provincia y una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay”, explicaron los responsables de la política sanitaria salteña.

Otras provincias que anunciaron que adoptarían una posición similar fueron Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.

“También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes; así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, expresó, además, el Presidente en su discurso.

Sobre este tópico del arancelamiento universitario habrá que esperar si en las discusiones en el ámbito legislativo se logran avances, ya que el apoyo al esquema actual de la educación pública fue uno de los temas en los que la oposición consiguió encontró mayor repercusión en la sociedad. “Todo lo que no salga en el Congreso nos favorece, porque si las reformas no se aprueban el fracaso será atribuible a la casta política”, comentó un funcionario cercano al Presidente en Casa Rosada la semana pasada. Si no avanza el proyecto de ley, nadie descarta que se apele a un decreto. Aunque saben que “no es la mejor forma” están decididos a cambiar la ley.

El control hacia los inmigrantes ilegales también fue una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump cuando asumió nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Alguna de las disposiciones que adoptó el líder republicano podrían tomarse como modelo a seguir, según dejó trascender una fuente oficial.

El Gobierno impulsa un mayor control inmigratorio en los puestos de frontera.

Uno de los artículos que seguramente será modificado será el 6 de la actual ley 25.871 que reza que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Los primeros indicios sobre la posibilidad de una reforma migratoria los había dado el 3 de diciembre pasado el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en la Rosada. Luego de referirse al cobro de aranceles a la salud y a la educación -”va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para solamente poner un ejemplo: hoy, 1 de cada 3 estudiantes, de Medicina es precisamente extranjero”, aseguró-, anticipó que “vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país”.

Y agregó que “si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea se lo atrapa cometiendo el delito o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar -del otro lado de la frontera- quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que –efectivamente– manifiestan, cuando pasan por o hacen el trámite migratorio”, añadió en aquella oportunidad el funcionario.

Los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se incrementarán para impedir el ingreso de extranjeros de manera ilegal y con la intención de que disminuyan delitos como el narcotráfico o el ingreso de contrabando a través de pasos no habilitados. Se sumarán radares y ya se llamó a licitación para mejorar la eficiencia operativa de los centros de control internacional en el país.