Nueva SIDE, viejos fondos. La historia de estos nuevos fondos reservados se empezó a esbozar el 15 de julio pasado cuando se conoció el decreto 614/24 que, contrariamente al ajuste que el Gobierno pretende en el resto del Estado, informa la creación de nuevas estructuras dentro del organismo: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

En el mismo decreto se señala el regreso de la vieja sigla SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) para designar a lo que hasta ahora era la AFI (Agencia Federal de Inteligencia). El flamante “Señor 5” es Sergio Neiffert, exfuncionario de Jesús Cariglino en la intendencia de Malvinas Argentina y en el ámbito privado vinculado con actividades de consultoría y de la construcción.

Además de la vieja sigla, quien también regresaría (no se sabe si de manera formal o informal) es Antonio Stiuso. Lo hará junto a algunos de sus antiguos colaboradores.

Neiffert ocupa el lugar que dejó Silvestre Sívori en la AFI, renunciado en medio de denuncias cruzadas de espionaje entre los propios ministros y secretarios.

A aquel decreto le siguió el 656/24 de cuatro días después, el 19 de julio, donde se le asigna a la secretaría la suma de aquellos 100 mil millones para solventar la nueva estructura. Con la particularidad de que serán fondos reservados. O sea, serán gastados sin obligación de especificar públicamente los detalles de cada gasto.

En el pasado, de esos gastos reservados salían lo que se conocía como “la cadena de la felicidad”. Era dinero negro que los gobiernos usaban para comprar voluntades de jueces, políticos y periodistas. Son jueces, políticos y periodistas que, en muchos casos, todavía están en actividad.

El otro uso de esos fondos era para espiar y apretar a opositores y críticos.

De ahí las presiones en torno a las conformaciones de la Comisión Bicameral de Trámite Administrativo (responsable de aprobar o rechazar los fondos reservados) y de la Comisión Bilateral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (a cargo del control del uso de esos fondos).

Fuentes parlamentarias sostienen que el Gobierno trabaja activamente para conseguir una mayoría “confiable” en ambas Cámaras, tanto para aprobar el presupuesto como para no poner trabas luego en su control.

El problema es que, esta vez, a la esperable oposición del peronismo se le sumará la de Hacemos Coalición Federal y la del radicalismo. Salvo que haya una negociación abierta con Martín Lousteau que logre partir a la UCR.

Un país condenado a la repetición. Las versiones en el círculo rojo sobre una nueva cadena de la felicidad son previas a la noticia de un inesperado refuerzo de los fondos reservados de inteligencia. Aunque debido a esto, el tema resurgió con fuerza en los últimos días.

Es vox populi en el oficialismo que la nueva estructura de la SIDE fue diseñada por Santiago Caputo. Y Caputo está en el centro de cada una de las sospechas que desde hace meses aparecen en torno al manejo de fondos públicos.

Semanas atrás, cuando se conoció la renuncia de Sívori, Carlos Pagni escribió en La Nación: “¿Neiffert llega a la AFI porque su antecesor, Silvestre Sívori, investigó vinculaciones de figuras relevantes del Gobierno, sobre todo a Santiago Caputo, en sus relaciones con algunos dirigentes opositores? Es lo que sugieren en el entorno de Caputo. ¿O es como afirman los amigos de Sívori, que se retiró por resistirse a espiar a políticos y periodistas, como le pedían? ¿O son ciertas las dos cosas?”

La historia argentina parece siempre condenada a repetirse.

Como pasó durante los gobiernos de Menem y de los Kirchner, vuelve a aparecer en el poder la ambición del poder total. Como antes, otra vez se escuchan entre legisladores (incluso del oficialismo), periodistas y hasta funcionarios, indicios de espionaje y de persecución.

En su columna del domingo pasado en Clarín, Eduardo van der Kooy lo contó así: “Ese fantasma asedia desde hace 40 años a la democracia argentina. No hubo gobierno que, a sabiendas o por falta de control en sus organismos de Inteligencia, no haya incurrido en esa gravísima irregularidad. Es el temor que aflora en la oposición por la discrecionalidad que contará el joven Caputo para el manejo de aquellos fondos reservados. Hay ahora mismo un puñado de diputados, uno de ellos del PRO, que sospechan estar siendo espiados en su vida privada. O en algunas actividades comerciales. Hablan de patrullas digitales.”

Otra vez aprietes con la pauta oficial. Cuando desde el menemismo, esta editorial denunció lo que se conoció como “la cadena de la felicidad” y cuando durante el kirchnerismo hizo lo propio con los aprietes hacia los medios críticos a través del uso discrecional de los fondos públicos; no eran temas demasiado conocidos para el común de los ciudadanos. Luego se hicieron tristemente célebres y hoy aquellos mecanismos se pueden adivinar con facilidad.

En estos ocho meses de gobierno, y pese a haber afirmado que durante este año suspendería la publicidad de sus actos de gestión, cada vez invierte más presupuesto oficial en la materia. Hasta ahora lo hace, como los gobiernos anteriores, por medio de los organismos descentralizados y las empresas públicas o con participación estatal.

Desde allí se encarga de distribuir fondos hacia periodistas y medios de comunicación.

En los próximos días se lanzará otra millonaria campaña, pero ya no desde estas empresas sino directamente desde el Gobierno central. Estará vinculada con la AFIP.

Con los vergonzosos antecedentes en el país, la pregunta es oportuna: ¿existirá alguna relación entre los millones distribuidos y la cercanía de esos medios y profesionales con el poder de turno?

Como en el caso de la publicidad oficial todo está a la vista, se puede detectar con facilidad si la mayor cantidad de avisos que aparecen en algunos medios está en directa relación con su oficialismo mediático.

Y si la nula publicidad oficial en otros medios coincide con sus posiciones más críticas.

Extraoficialmente, se conoce que YPF encabeza la inversión publicitaria con 20 mil millones de pesos invertidos hasta ahora. La sigue el Banco Nación con 17 mil millones. Ambas cajas serían monitoreadas por Santiago Caputo, un monotributista sin sueldo del Estado.

Los conocedores del mundo de la publicidad (pública y privada) sostienen que los lazos del estratega de Milei con ese sector vendrían de su sociedad en Move Group. Aunque en la página de la consultora no aparece ni Caputo ni alguna otra autoridad.

Estas mismas fuentes indican la existencia de un organigrama de agencias de medios y reparticiones públicas armado con el fin de usar los fondos del Estado para premiar a los amigos, castigar a los díscolos y obtener en el camino importantes comisiones.

Los mismos errores. Sería una operación idéntica a la que quedó demostrada en la Justicia cuando en 2011 el gobierno kirchnerista fue condenado en una causa iniciada por editorial Perfil y que a partir de entonces sentó jurisprudencia para otras querellas.

En aquel momento, se comprobó que aquella administración usaba discrecionalmente fondos nacionales, de organismos descentralizados y de empresas vinculadas con el Estado, para mantener un aparato oficial y paraoficial de medios.

Como en el pasado, miles de millones de fondos reservados y otros miles de millones de publicidad oficial vuelven a ser usados para apretar disidentes.

Como en el pasado, quienes lo hacen piensan que podrán seguir haciéndolo sin consecuencias.

Es probable que se equivoquen. Como en el pasado.