La trascendencia de este encuentro se reflejó en la gran participación, con casi doscientos inscriptos y más de un centenar de oradores, lo que impidió que la audiencia pueda concluir en la jornada de ayer, por lo que pasaron a un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto a partir de las 9, donde quedarán por exponer más de la mitad de los inscriptos.

El encuentro presidido por el diputado Basilio Kuzmak y coordinado por sus pares Julio Lorenzo y Livio Gutiérrez, permitió que funcionarios del gobierno provincial, distintas asociaciones, investigadores, especialistas, y varios legisladores provinciales, entre otros, expusieran sus posiciones, donde más allá de las voces de apoyo, quedó en evidencia un mayoritario rechazo a algunos aspectos puntuales del proyecto, entre ellos el no fijar las distancias de áreas sensibles y franjas de seguridad, pero también que se pretenda derogar la ley en vigencia 3378 sancionada en 1988 y su reglamentación.

Llamó la atención la presencia de pequeños productores quienes vinieron desde zonas lejanas de la provincia a contar sus experiencias y los daños que padecen por las fumigaciones aéreas de grandes productores.

El comienzo

Durante la primera etapa de la audiencia pública impulsada por el diputado del bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, se fijaron los aspectos normativos para su desarrollo pero también se permitió que asesor legislativo que trabajó en el despacho de la comisión de Agricultura de a conocer detalles del mismo, recordando de antemano que hay varios proyectos en estudio, entre ellos el presentado por los legisladores Fabricio Bolatti, Martínez, Oscar Raffín, Marita Barrios (mandato cumplido) y el que en conjunto impulsaron miguel Melar y Jorge Guc (mandato cumplido).

En este contexto Luis Boutet dio cuenta que “el estudio se hizo durante el 2010 en forma conjunta con funcionarios y profesionales del Ministerio de la Producción y el despacho consensuado en agricultura fue derivado a la comisión de salud”.

El gobierno a favor

Los primeros en exponer fueron miembros del ministerio de la Producción del Chaco, entre ellos el subsecretario de Agricultura Pedro Jover, quien inició cuestionando apariciones en los medios de comunicaciones con declaraciones que “no tienen rigor científico”. El funcionario señaló que “muchas acciones de la vida cotidiana producen impacto negativo como son los autos y los basurales, lo importante es que conozcamos los limites tolerables para que presenten el menor perjuicio”.

Explicó que el gran cambio en la producción agrícola se debió a la siembra directa que favorece la conservación del suelo, pero al mismo tiempo depende de aplicaciones de herbecidas como glifosato, al que defendió y aclaró que “en ningún caso nuestro Ministerio favoreció uso de agroquímicos no habilitados y siempre los que se utilizan son los aprobados por Senasa”.

“Tenemos agroquímicos inocuos pero hay otros que no lo son, por eso debemos trabajar todos para garantizar el buen uso de los mismos. Aplicar protocolos de buenas practicas agrícolas”.

Por su parte Guido Copetti ingeniero agrónomo e inspector de ley de biocidas provincial destacó la importancia actualizar la normativa de acuerdo a las nuevas formas de producción existentes en la actualidad. “Gracias a un trabajo muy profundo se pudo sancionar la ley vigente que cubre los aspectos por lo menos en un 80 por ciento. Trabajamos con el nuevo texto e incorporamos algunos artículos que queremos que estén incluido en la ley, como por ejemplo que todos los usuarios de agroquímicos deban presentar anualmente certificación de buenas prácticas como forma de asegurar la salud de la población y el cuidado del medio ambiente”.

También dijo que “uno de los temas en discusión es el organismo de aplicación que establecerá vía reglamentaria las distancias para los distintos productos fitosanitarios. La ley de biocida tocaba los mil metros para pulverizaciones aéreas pero no establecía distancia de aplicación terrestre. Consensuamos que esto se disponga en la reglamentación y sea el ejecutivo quien fije las distancias”.

Las diferencias

También Osvaldo Lovey tuvo la oportunidad de fijar posición, resaltando que “debemos señalar que el uso de agroquímicos en la agricultura se ha generalizado y expandido de tal manera que llega a ser un riesgo para la población, los alimentos, animales y la biodiversidad. Esta realidad la venimos sintiendo en el Chaco desde la expansión de la frontera agropecuaria que obligan a utilizar esta forma de control de malezas y plagas”.

Resaltó que “la ley debe contemplar claramente el uso y restricción de esos tóxicos. No debe ser una ley permisiva para facilitar a los poderes económicos el uso indiscriminado”.

“Hay que poner eje fuertemente en la ley. Tienen que estar las prohibiciones expresadas en la ley para que cuando se haga una denuncia tengamos respuesta de la justicia. Hoy denunciamos y no tenemos respuesta”, afirmó.