Las defensas de los imputados por el delito federal de “Trata de personas con fines de explotación sexual” intentaron sostener que se trataba de “un emprendimiento autogestionado y que las mujeres se prostituían libremente”, la estrategia comúnmente utilizada por los tratantes. Por su parte, la Fiscalía, argumentó a favor de la consideración del caso como uno de trata de personas agravado, haciendo hincapié en la retención del 50% del dinero de los pases, en la existencia de reglas de conducta y horarios dentro del establecimiento, en que muchas de las mujeres vivían en el mismo lugar donde eran explotadas, que el prostíbulo funcionaba las 24 horas del día, y la situación de vulnerabilidad de todas ellas, repasando alguna de las evidencias recolectadas durante la instrucción, a cargo del Juez Santiago Inchausti.

Los procesados son la persona indicada como administrador del prostíbulo, una mujer que prestó su nombre para el contrato de locación, y la fiadora de este contrato, sindicada por la acusación como la real dueña del ilícito emprendimiento. La causa, se había inició a través de una denuncia en la línea nacional, gratuita y anónima 145, se encuentran procesadas cuatro personas, mientras que dos permanecen con falta de mérito, y una mujer fue sobreseída en función del artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas.