Los abogados de la AFIP presentaron esa acusación contra Echegaray en la causa penal que el juez Sebastián Casanello instruye contra el presunto testaferro de los Kirchner,Lázaro Báez . Pero el magistrado la envió a sorteo para evitar cualquier sospecha de "fórum shopping".

El escrito terminó en las manos de su colega Daniel Rafecas , quien ahora deberá girarlo al fiscal para que evalúe si el planteo de la AFIP cuenta con los méritos suficientes para iniciar una investigación penal y pedir medidas probatorias.

La acusación de la nueva AFIP se centró en Echegaray y algunos de los más altos funcionarios del organismo hasta diciembre de 2015. La actual gestión acusó a todos ellos por ocho presuntos delitos: asociación ilícita, peculado, encubrimiento, abuso de autoridad, amenazas contra otros funcionarios, extorsión, incumplimiento de sus deberes como funcionarios y violación del secreto fiscal.

Según la denuncia, Echegaray y sus colaboradores montaron una "banda" que desplegó sus acciones por distintos puntos del país, de manera organizada y coordinada para cometer delitos por cuenta propia o para facilitar los de otros, como Báez, Cristóbal López o el entonces ministro de Economía, Amado Boudou , entre otros.

La presentación se suma al fallo de otro juez de Comodoro Py, Claudio Bonadio , que el lunes 9 de este mes sobreseyó a uno de los máximos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, al que habían acusado desde el kirchnerismo de filtrarle "carpetas" aElisa Carrió para sus embates públicos. Pero Bonadio lo exculpó y colocó a los acusadores bajo sospecha de montar una operación.

En la denuncia que presentó ante Casanello y terminó en manos de Rafecas, en tanto, la AFIP argumentó que varias causas penales en marcha deben seguir su camino por separado, como hasta ahora. Pero planteó que también deben ser consideradas piezas de un rompecabezas que, encastradas, exponen una operatoria coordinada para delinquir y encubrir delitos.

Ese rompecabezas, detalló, incluiría expedientes tan diversos como el " caso Ciccone ", el que busca determinar cómo López acumuló una deuda fiscal por $8000 millones, la investigación que incluye al ex-Puma Serafín Dengra , y la presunta falsificación de los resultados de la inspección tributaria al socio de Boudou, José María Núñez Carmona .

Así, según el planteo de los abogados de la AFIP, esa presunta operatoria delictiva liderada por Echegaray se habría orquestado desde Buenos Aires y abarcó capítulos en ciudades tan distantes como Bahía Blanca , Salta , Comodoro Rivadavia o Río Gallegos , entre otras.

¿Por qué? Porque en algunas de esas ciudades se habría omitido intimar administrativa y judicialmente a las empresas de Báez por sus deudas impositivas y previsionales, o se les concedió de manera irregular planes especiales de pago, o se disolvió el equipo que investigaba a la constructora Gotti y se encubrió todo desde la Regional Río Gallegos, que creó el propio Echegaray.

En contraposición, completaron los letrados de la AFIP, Echegaray disolvió la Regional de Bahía Blanca cuando los sabuesos Carlos Blanco y Silvia Huici reconstruían el entramado de facturas truchas que desde esa ciudad benefició a Báez por decenas de millones de pesos.

Desde la "vieja" AFIP siempre rechazaron cualquier irregularidad o delito a lo largo de sus años en la función pública. Así, en la investigación sobre los $ 8000 millones de deuda fiscal de López y De Sousa, uno de los funcionarios dijo que se atuvo a lo planteado por "la línea" del organismo. Es decir, un trámite diseñado por la Subdirección General de Recaudación, que sugirió tasa y cuotas, y que como consecuencia de esos planes que se otorgaron a López y De Sousa, la AFIP cobró más de $ 1600 millones.

Echegaray planteó que ante los pedidos de López y De Sousa solo le otorgó dos planes de pago a Oil Combustibles, "por lo que mal puede pensarse que se haya tratado de un proceder consistente, sistemático y deliberado", y que los hechos investigados ni siquiera son delito.

La última presentación de la actual gestión de la AFIP contra sus antecesores ya registra antecedentes. En noviembre pasado le informó al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, que le habían mentido al informarle que la deuda tributaria total de las empresas de Báez no llegaba a los $500.000 cuando el verdadero número, según una reinspección, superaría los $1750 millones.

Con esa revisión en sus manos, López Biscayart indagó y luego procesó a Báez, a su hijo Martín y a otros ejecutivos de su grupo por la presunta evasión de $70 millones en un período fiscal, así como a dos funcionarias de la AFIP por el presunto ocultamiento de datos. Y convocó otra vez a indagatoria a Báez, para septiembre, por la presunta evasión de otros $750 millones entre 2011 y 2014.