La violencia desatada por la cultura criminal imperante desata —en medio de una cierta habitualidad— olas de reclamo, cuando la ferocidad del delito llega a conmocionar a la sociedad. Reclamos que, inexorablemente, tienen un componente político.

En Mar del Plata, hemos retrocedido luego de cuatro años de consistente caída de la tasa de homicidios y del delito en líneas generales. Parte de esa caída se debió a la coyuntura política que unió criterios —en particular entre las fuerzas federales y el mando de la policía local— por la buena sintonía entre el ministro de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, y el ejecutivo local en la persona de Carlos Fernando Arroyo.

La cita deja de lado expresamente al ex ministro de seguridad de la provincia Christian Ritondo, quien tuvo oscilaciones en su conducta hacia Mar del Plata por diferencias insalvables con el intendente de ese entonces. Diferencias que se dieron, en principio, en torno al REBA provincial, que es una caja de recaudar. Luego de denuncias expresadas en este medio, y ante la queja directa de los dueños de locales de nocturnidad por el escandaloso comportamiento de los funcionarios, el REBA fue literalmente echado de la ciudad.

Hoy está claro que la falta de articulación entre la policía de la provincia y las fuerzas federales es contraria al mejor cuidado de la ciudadanía. Sabrina Frederic controla hasta los encuentros fuera de agenda de los funcionarios federales con sus pares de provincia. Esta situación la dejó clara el vecino Guillermo Roldan, dueño del vivero y florería ubicado a cuadras del cementerio parque, que fue saqueado por un grupo piraña que robó, a vista y paciencia de todos, lo que quiso. Roldan lo dijo clarito en la 99.9: “esto no paso entre 2015 y 2019”. En ese entonces, gendarmería hacia controles y eran más que eficientes.

Hay otra cuestión central, y es que la fuerza está a la deriva. El enfrentamiento entre los jefes de la policía de la provincia es ya un escándalo a vista e indiferencia del poder político provincial. En una aparición política nada inocente, el dirigente del PJ Rodolfo “Manino” Iriart hizo una ronda de medios y lanzó sin filtro: “Desconozco las cuestiones de la macro en la policía, pero sé que sucede en Mar del Plata. El jefe de estación Pintos no está a la altura de lo que necesita la ciudad  y lo he charlado con él. Se necesitan personas que se hagan cargo de la situación”.

Se refiere a Lucio Ariel Pintos, actual jefe de estación departamental. Llegó de Pinamar, y es en quien se referenciaba Mauricio Ríos, el usurpador de viviendas al que los medios metropolitanos describen piadosamente como un “comerciante de curiosa trayectoria”.

Lo cierto es que, sea como sea, en el futuro inmediato hay que hacer cambios de fondo, y no sólo en la departamental. Es hora de barajar y dar de nuevo. Iriart cuestiona fuertemente a Guillermo Montenegro, y es políticamente correcto que lo haga. Sin condiciones políticas de establecer criterios de coordinación, el Centro de Monitoreo debe ser ordenado. Las personas que están detrás de las cámaras son empleados municipales en una tarea de seguridad. El esquema falla por la base, y el universo criminal —que no hace cursos ni posee doctorados— sabe por instinto que la calle es suya.

Estamos a nuestra suerte y destino.