Funcionarios del Ministerio de Educación junto al fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, presentaron en Fiscalía dos denuncias penales contra el exministro de Educación, Rubén Zárate; el exsubsecretario de Coordinación Técnica Operativa, Sergio Combina y otros seis exfuncionarios del gobierno de Martín Buzzi.

Los acusan de administración infiel en perjuicio de la administración pública, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia incluye a Mauricio Andrada (exsecretario privado de Zárate); Federico Payne, exsubsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios; Juan Saldivia, exdirector de Liquidación de Haberes; Gladys Harris, exsubsecretaria de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, además de a Marcelo Gallichio y Claudia Etcheverry; exreferente jurisdiccional de INET en Chubut y exdirectora general de Recursos Humanos, respectivamente.

Según el parte de prensa, la documentación demuestra que Zárate autorizó el nombramiento de más de 100 personas de manera irregular con el agravante de que la mayoría no cumplía funciones.

Con dos decretos fechados en febrero y mayo de 2015 y firmados por el exgobernador Martín Buzzi, Zárate y el exministro coordinador Juan Garitano, se incorpora personal a la planta del Ministerio.

Pero dicho acto administrativo se realizó con un número reservado: “Fue registrado el 11 de agosto de 2015, denotando las irregularidades y desapego a todos los pasos administrativos existentes en los que respecta a su objeto, a saber: reserva del cargo, verificación de existencia de vacantes e imputación presupuestaria”, dice la denuncia.

Cobro adelantado

Según documentación extraída del Ministerio, a “54 agentes” (de esos más de 100) se les comenzó a liquidar y abonar haberes desde enero de 2015, siendo que “este personal se notifica a partir del 20 de agosto de 2015 hasta septiembre”.

Quiere decir que esas personas comenzaron a trabajar a partir del mes de su notificación (agosto y septiembre) pero cobraron desde enero. “Ilegítimamente se ha echado mano a fondos públicos para el pago de sueldos a personal que no se encontraba aún prestando funciones”, se aclara en la gacetilla. “Lo más burdo es que esta maniobra fue desarrollada de manera previa a la firma a uno de los decretos”.

En otra parte de la denuncia se documenta que “16 agentes percibieron doble remuneración”. La maniobra era la siguiente: empleados de planta también percibían horas cátedra. El caso más emblemático es el de Andrada, que además del sueldo por ese cargo cobraba 15 horas cátedra del nivel superior más el cargo de Profesor de Enseñanzas Prácticas. Percibía una triple remuneración.

La otra denuncia fue tras comprobar que en la gestión de Zárate hubo contrataciones directas millonarias con empresas de transporte, cuando la ley provincial de Administración Financiera establece que las contrataciones directas no pueden ser mayores a 35.256 pesos.

Burdo

El ejemplo más burdo de sobreprecios fue la contratación de dos colectivos para un viaje de estudios a Santiago del Estero por 860.200 pesos. Uno de los micros llevó 8 personas desde Esquel a Río Hondo y el otro partió desde Comodoro Rivadavia con escala en Trelew y Madryn llevando a 26 personas (entre alumnos y docentes) a Río Hondo.

Una empresa presupuestó casi 300.000 pesos menos para el mismo viaje, pero Gallichio (referente jurisdiccional del INET) prefirió contratar a la más cara, “lo que evidencia notoriamente un fuerte perjuicio patrimonial al Estado” dice la denuncia. Nunca se pagó el viaje en cuestión.