El escándalo de corrupción alrededor del Astillero Río Santiago fue reflotado en las últimas horas al hacerse públicas las declaraciones del ex director de la empresa naval, Héctor Scavuzzo, quien sostuvo mediante un escrito que el ex titular de la cartera de Producción, Cristian Breitenstein, era el que retiraba el salario de empleados ficticios. El sciolista, radicado tras la gestión en Alemania, no tardó en desligarse de las acusaciones mediante un comunicado: “Por una evidente estrategia procesal para ganar tiempo se me involucró en una causa donde nada tengo que ver”.

Si bien con estas declaraciones cruzadas se inaugura un nuevo capítulo en la causa que investiga la existencia de sueldos ñoquis, y por lo tanto una estafa que alcanzaría los 16 millones de pesos; lo cierto es que desde el Astillero insisten con la protección judicial de un miembro de la comisión directiva, el contador Roberto Jaimes, gerente de Administración, que ya prestaba funciones durante los años en que el fiscal Jorge Paolini puso la lupa.

Tal como REALPOLITIK indicó tiempo atrás, Jaimes fue discípulo de Julio Rubén Borovik, ex gerente General, y uno de los imputados, y además está estrechamente vinculado a Octavio Flamini, miembro de ATE, con quien decide –según denuncian los propios trabajadores-  la nómina de los trabajadores que ascienden en el Astillero, siempre dándole prioridad a sus parientes y amigos. Pese a los cambios que trajo la gestión de María Eugenia Vidal, quien nombró a Ernesto Gaspari como nuevo presidente, Jaimes conservó su lugar entre el cuerpo de autoridades y no fue salpicado por la causa que investiga el fraude.

Cabe recordar que recientemente, en una asamblea de personal superior, se realizó un pedido escrito para que Jaimes y demás autoridades fuesen investigadas. La misma fue aprobada en asamblea con firmas de Juan Caro y Raúl Corzo, de Personal Superior y Jerárquico del Astillero (APSJA). La medida fue tomada meses después de que se conocieran las detenciones de Scabuzzo, RodolfoGuillermo Elisetch, ex coordinador de Sueldos, Jornales y Personal Superior; Oscar EdgardoBorcerio, ex secretario de Presidencia y Borovik. El objetivo de los superiores y jerárquicos es avanzar en la investigación para tomar distancia de lo sucedido. La iniciativa desencadenó el enojo de Jaimes quien hizo rodar la cabeza de Caro.

Entre la evidencia que tiene Paolini están los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astillero y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los empleados “ñoquis”, secuestrada en el área de Tesorería de Astillero.

Desde el Astillero indicaron a REALPOLITIK que no es casualidad que llame la atención que Jaime no esté vinculado a la causa, teniendo en cuenta que su cargo como gerente de Administración tiene estrecha vinculación con la Tesorería, lugar donde el fiscal secuestró la documentación que prueba los sueldos “ñoquis” liquidados, que extrañamente  se cobraban en el Astillero cuando el sistema de sueldos está bancarizado desde mucho tiempo atrás.

A eso se suma el reciente pedido de licencia en sus funciones ante la “urgente” intervención por un callo en la planta del pie, ausencia que “casualmente” se repite cada vez que el “lío por los ñoquis” vuelve a agenda, indicaron desde el Astillero. “Como sabe que algo hizo, se escapa. Lo mismo pasaba cuando había asamblea general y pedían que se vayan todos. No venía por varios días”, señalaron desde la entidad.

Teniendo en cuenta que la investigación recayó sobre funcionarios de la primera línea y que ahora se involucró a un ex ministro, para muchos trabajadores resulta sospechoso que Jaimes resulte ileso cuando su labor estaba estrechamente vinculada con la tarea que desarrollaban los imputados.