Las críticas y reclamos se intensificaron esta semana como consecuencia de la filtración de una propuesta que otorga el 35% de aumento a la judicatura y a funcionarios con un plus de $ 5.000 para los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y para el titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y un incremento del 40% a empleados. El presidente Antonio Gandur negó la veracidad de las cifras que trascendieron. “No hay nada definido aún”, dijo el viernes, pero la circulación de la planilla extraoficial por la autopista de WhatsApp fue vinculada a la decisión de trasladar al Archivo a un funcionario de carrera de la Secretaría Administrativa del alto tribunal.

La Asociación de Magistrados de Tucumán impugnó la pretensión de que algunos estratos salgan más beneficiados que otros. “Manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a los aumentos discriminados en contra de los jueces, tal y como sugiere la planilla salarial que circula por WhatsApp”, dijo la entidad que preside el defensor oficial Roberto Paz en una nota enviada a los asociados. El miércoles, algunos directivos de la corporación de la judicatura (Paz, la fiscala Adriana Giannoni y el juez Jesús Abel Lafuente, entre ellos) se reunieron con la Corte para intercambiar opiniones sobre el tema. Se supo que la discusión fue acalorada y que nadie se marchó conforme.

Además de cuestionar las diferencias que favorecerían a empleados y a la cúpula de la Justicia (los cinco puntos porcentuales adicionales que podrían recibir los agentes que menos ganan, y los $ 5.000 mensuales extra para la Corte y el ministro público Edmundo Jiménez), los jueces tienen otros dos reclamos. Por un lado está la queja contra la decisión que entre 2007 y 2008 equiparó el salario de los relatores de la Corte con el de los camaristas, pese a que los primeros fueron designados en forma discrecional, y carecen de atribuciones jerárquicas, y de la responsabilidad política, civil y penal que acarrea la firma de resoluciones jurisdiccionales. La planilla objetada por la Asociación indica que el básico de un vocal de Cámara asciende a $ 48.743 mientras que el relator percibe, por el mismo concepto, $ 47.922 o $ 44.107 (con la suba del 35% estos emolumentos quedarían en $ 65.803; $ 64.694 y $ 59.544). Los jueces provinciales nucleados en la Asociación -más de 40 se retiraron en 2015 disconformes con la decisión de demandar a los auditores del ex fiscal Guillermo Herrera- también pujan por una compensación que iguale sus sueldos con los de la magistratura federal, que son históricamente superiores.

Poco solidarios

“No es tan simplista como una lucha salarial en sentido estricto. Nosotros bregamos por mantener la garantía de intangibilidad, que hace a la independencia judicial y a la esencia misma del sistema republicano”, explicó Paz este jueves por mensaje de texto. La posición de la Asociación de Magistrados no cayó bien en la Agrupación Provincial Judicial “16 de Noviembre”, que preside Omar Maldonado. “Nos llama la atención que, ante un rumor de pasillo (la planilla filtrada), los directivos hayan puesto el grito en el cielo reclamando igualdad. ¿Por qué no dicen lo mismo ante beneficios tales como la jubilación con el 82% móvil; la exención del impuesto a las ganancias, y el pago del ítem escalafón y del 100% del salario en un sólo acto?”, interrogaron por escrito Maldonado y el vicepresidente Luis Nuñez. A ello hay que añadir que los magistrados cobran un importe adicional cuando actúan como subrogantes. La entidad que congrega a empleados y a algunos funcionarios del sur dijo que la Asociación era poco solidaria: “embarra la cancha y quiere entorpecer la negociación”.

Tanto en la Agrupación “16 de Noviembre” como en La Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) de Ada Altuve (con licencia por enfermedad) sostienen que la recomposición salarial debería rondar el 45%. Fuentes de AGEJ comentaron que pidieron una audiencia al alto tribunal para trasladarle sus inquietudes relativas al aumento salarial; la ampliación de un cupo para el ingreso de los hijos de los judiciales y los ascensos postergados.

A diferencia de otros sectores del Estado, la Justicia se caracterizó en los últimos años por resolver los aumentos en forma expedita y sin demasiado debate. Se trata de las retribuciones oficiales más altas de la administración pública -en función de la antigüedad y del título, el básico constituye entre el 40 y el 80% del sueldo de bolsillo-. La Corte concedió en 2012 un incremento del 35%; en 2013, del 28,6%; en 2014, del 30% y en 2015, del 32%. Este año, la actualización de haberes coincide con una disputa sobre el rendimiento del Poder Judicial: mientras Jiménez sostiene que este padece una crisis estructural y general, la Corte considera que el fuero civil está mejorando su desempeño y que la situación crítica se circunscribe al fuero penal.

Conscientes de los conflictos institucionales internos y de la coyuntura delicada por la que atraviesa la Justicia, en el Centro de Funcionarios Judiciales (ente que reúne a prosecretarios y secretarios) piden prudencia. “Celebraremos una asamblea extraordinaria el martes a las 19.15 para tratar el tema salarial y la jerarquizacion del funcionariado”, informó el presidente Cristian Schurig.

“Estamos analizando los incrementos que consiguieron otras áreas”, explicó Gandur (los docentes, por ejemplo, lograron en febrero una suba promedio del 30% y el haber básico será de $ 4.943 en agosto). Al respecto, el presidente de la Corte Suprema añadió que la Justicia no podía ser una ínsula separada del resto de la estructura pública.