Allí pide que Irán extradite a los ex funcionarios de ese país acusados de planificar y ejecutar el ataque a la AMIA, bajo amenaza de que el organismo margine al gobierno de Teherán de la comunidad internacional si no lo hiciera.

El escrito es un borrador, pero está rubricado por Nisman, tal vez previendo que alguna circunstancia le impidiera hacerlo en el futuro.

El Gobierno ya había rechazado un pedido de colaboración para esta iniciativa ante el Consejo de Seguridad que le había presentado el fiscal.

El documento fue protegido en la caja fuerte de la Unidad Fiscal AMIA por decisión del sucesor de Nisman, Alberto Gentili, que dejó constancia en la causa de la decisión del funcionario, según reveló una fuente con acceso al expediente.

Nisman buscaba la manera de forzar al régimen de Teherán a entregar a los ex funcionarios que tienen pedido de captura de la Interpol: Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Alí Fallahjan, Ahmad Reza Ashgari y el libanés que fue jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah, Imad Fayez Moughnieh, supuestamente muerto en Siria en 2008.

Hasta ahora Irán los ha protegido. Cada vez que dejaban el país se exponían a ser detenidos en cualquier aeropuerto del mundo, porque están vigentes circulares rojas de Interpol que advierten sobre el interés de la Argentina en su detención.

Justamente, Nisman denunció por encubrimiento a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller, Héctor Timerman, al afirmar que pactaron con Irán y que iban a dejar caer estas circulares rojas.

El memorándum secreto, firmado en 2013 por Timerman con su par iraní, era la concreción de ese acuerdo, según la denuncia de Nisman, que presentó ante la Justicia pocos días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

El Gobierno, por el contrario, afirmó que el acuerdo firmado con Teherán iba a permitir que los ex funcionarios iraníes acusados de tener participación en el atentado declararan y avanzar así con el sumario.

Para que el caso AMIA avance sobre los sospechosos, la Justicia argentina debería tenerlos a disposición, para indagarlos, procesarlos y eventualmente llevarlos a juicio. Pero los iraníes nunca reconocieron la jurisdicción local y se mantuvieron fuera de alcance, en su país.

Nisman imaginó que una manera de forzarlos a presentarse era darle intervención al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Irán integra el organismo internacional como país miembro.

No está entre las funciones del Consejo de Seguridad tramitar extradiciones, pero hay antecedentes de casos en los que intervino cuando se trató de buscar a personas con pedido de captura, pero en territorios donde hubiera un quebrantamiento de la paz internacional. El antecedente se vinculaba con Libia, pero se trató de una situación excepcional y bajo una circunstancia muy específica que hacía imposible la extradición de los sospechosos en un territorio que nadie controlaba, según explicó a LA NACION un experto en derecho internacional.

Nisman entendía que esta jurisprudencia avalaba la posibilidad de que el propio Consejo de Seguridad impulsara las extradiciones, so pena de aplicar sanciones a Irán, que podían conducir a su marginación de la comunidad internacional.

Descontaba el apoyo de los Estados Unidos para lograr este objetivo, aunque no estaba tan seguro de contar con el respaldo del gobierno argentino.

RECHAZO DE ZANNINI

De hecho, Nisman comenzó a elaborar esta idea hace más de un año y la consultó con el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Su consulta estaba orientada a saber si contaba con el apoyo del Gobierno, pero Zannini le dijo que no.

En esa misma época comenzaron las conversaciones con Irán para la firma del memorándum secreto. La coincidencia alentó las primeras sospechas de Nisman para avanzar en la denuncia contra la Presidenta y varios de sus funcionarios, dijeron a LA NACION fuentes con acceso entonces a la investigación que el fiscal llevaba adelante.

La presentación ante el Consejo de Seguridad debería ser realizada por un Estado, no puede hacerla el Ministerio Público Fiscal de manera independiente. Si el Estado argentino se negaba hacerlo, bien podrían haber promovido esta iniciativa Israel o el propio Estados Unidos. Ambos países colaboraron con la investigación de Nisman, sus servicios aportaron pruebas contra los iraníes buscados y avalaron las conclusiones del fiscal.

La Unidad Fiscal AMIA está desde el viernes pasado a cargo de nuevos funcionarios designados por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Son los fiscales Sabrina Namer, Patricio Sabadini y Roberto Salum, junto con el secretario letrado Juan Patricio Murray.

Ellos deberán decidir ahora si siguen con las mismas pautas de investigación que planteó Nisman, y que dieron pie a su denuncia, o toman otros caminos. Deberán determinar si prosiguen con la pista iraní, alimentando, con auxilio de la Secretaría de Inteligencia, sin la presencia de "Antonio" Stiuso y con nueva autoridades, los aspectos internacionales del caso, o toman otras hipótesis, como la pista siria.

Y al mismo tiempo motorizarán, para llegar a juicio lo antes posible, la causa paralela al atentado, donde están para ser juzgados acusados de encubrimiento el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan Galeano, entre otros ex funcionarios..