La jueza federal dictó la falta de mérito y liberó el martes a 11 de las 16 personas que habían sido detenidas seis días atrás en el marco de una manifestación contra la ley Bases. Aseguró que no hay pruebas ni registros visuales que respalden los delitos graves que les atribuyó el fiscal Stornelli.
La jueza federal María Servini de Cubría ordenó ayer la liberación de 11 de las 16 personas que permanecían detenidas por los incidentes en el Congreso el miércoles pasado durante el tratamiento de la ley de Bases, que pasaron seis días presos. Ese grupo se sumó al de otros 17 que ya habían sido liberados y que el fiscal Carlos Stornelli pretende volver a encarcelar.
Stornelli busca “nuevos sospechosos” entre los manifestantes contra la ley de Bases
La jueza federal les dictó la falta de mérito y dejó en evidencia las irregularidades del proceso, en el que no hubo pruebas claras ni evidencia respaldatoria de los delitos graves que le fueron imputados. Además, señala que los agentes policiales que materializaron detenciones no eran quienes habían detenido a esas personas en primer lugar y que tampoco habían presenciado los hechos violentos que se les adjudican.
De acuerdo al escrito de Servini, y según detalló en X la periodista especializada en judiciales Mariel Fitz Patrick, la jueza dijo que no había pruebas claras, como videos o fotos que los comprometieran o certificaran sus supuestas acciones violentas. Argumenta que la justicia porteña le envío 23 personas detenidas, sin que “se realizaron las medidas mínimas indispensables para una rápida y adecuada reconstrucción de los hechos”.
Gendarmes frente al Congreso durante el debate por la ley Bases en el Senado. Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Las personas detenidas estaban acusadas en su mayoría de “tirar piedras”. En otras acusaciones, sustentadas en el relato policial, se mencionaba “saltar un valla”, “filmar el operativo”, “actitud beligerante”, “patear a un policía” entre otros cargos, todos excarcelables, y sin registro fílmico que lo sustente. De hecho la jueza le pidió a los medios de comunicación y a la población en general que le envíen filmaciones de las detenciones.
A cinco de los detenidos ya liberados, se los acusó de lanzar piedras, palos, proyectiles con ondas con la cara cubierta, pero no se les secuestró –según señaló la jueza–, ninguno de estos elementos, ni hay registros fílmicos que los muestren en esa actitud.
El escrito del fiscal Carlos Stornelli mediante el cual solicitó la prisión preventiva de las personas detenidas contrasta con esa descripción. Stornelli les imputó delitos graves, entre los que se cuentan atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos. De hecho argumentó el pedido de prisión preventiva por la “gravedad de los hechos” en un documento en el que refiere a un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática” con el propósito de perturbar el trabajo del Congreso.
Stornelli agregó “el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”, que duplica las penas en los delitos cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población”. Es decir, para quienes cometan actos terroristas. Hasta el momento la jueza no dio por probado la gravedad de estos últimos delitos.
Uno de los episodios más destacados de la jornada violenta, que de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR el fiscal repone mediante un mensaje en X de la Oficina del Presidente y versiones periodísticas de Clarín y La Nación, fue cuando los manifestantes prendieron fuego al móvil de Cadena 3. Ese hecho, sin embargo, no está incluido en la causa que depende de Stornelli y Servini ni involucra a las 33 personas que fueron detenidas en ese marco.
El posteo en X que fue utilizado como insumo del fiscal federal, publicado por una cuenta que no tiene correlato en el organigrama del Estado, señalaba: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado…”. Las notas citadas de Clarín y La Nación reproducían partes del Ministerio de Bullrich y del Gobierno de la Ciudad sin distancia de la versión oficial
Por otra parte, en el documento en el que dicta la liberación, Servini menciona que policías que materializaron detenciones no eran siquiera quienes los había detenido originalmente, ni habían presenciado los hechos violentos que motivaban sus detenciones. Que se los habían contado otros policías, que no declararon hasta ahora.
La resolución de la jueza M...
Entre los liberados, hay una familia de vendedores de empanadas (Remigio Ocampo, de 64 años, su hija y su nieta) y otro hombre que vendía choripanes (Matías Ramírez).
A las cinco personas que permanecen detenidas Servini les aplicó la prisión preventiva, pero no por los delitos alegados por Stornellli.
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