Expuso que el interrogante surgió luego del dictamen emitido por el Fiscal Víctor Abramovich, en el marco de la causa judicial que el senador Luis Naidenoff  planteo ante el fuero federal para evitar que Los Estados Nacional y Provincial lleven adelante el proyecto. “Técnicamente ello no es posible”, destacó el secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, explicando que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien ha sido derivado el conocimiento del proceso, recién está en la etapa de estudio de su competencia, es decir, se halla analizando si le cabe o no entender en la referida causa”.

Amplio explicando que “el representante de la Procuración General de la Nación, el Fiscal interviniente, estima que sí, lo que particularmente considero un desacierto, pues la competencia pertenece a la Justicia Ordinaria Provincial. No obstante ello la Cámara Federal de Resistencia no lo entendió así. De ahí a afirmar que el mero dictamen de Abramovich pueda paralizar la construcción de la planta industrial hay un largo trecho”, subrayó el letrado.

A su turno, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: “Hay algo que no se puede hacer y eso es mentirle a la gente. El Proyecto Dioxitek, atravesó las distintas instancias legales, necesarias para su inicio y su continuidad hasta que la planta de procesamiento de uranio pueda ponerse en funcionamiento, allá por el año 2019”.

Recordó que “allá por el 2014, la oposición al Gobierno Provincial, con el senador Naidenoff a la cabeza, formuló reparos a la obra, en atención a cuestiones ambientales que, estimamos, fueron debidamente zanjadas por los propios integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la audiencia pública realizada en la ocasión”.

“Al agotarse dicho recurso, realizaron un planteo ante la Justicia Federal con asiento en Formosa, por falta de consulta a la comunidad aborigen del barrio Namqom, conforme lo prevé el Convenio 169 de la OIT, con idéntico fin, el de frenar el proyecto. Más allá de que la consulta previa a las comunidades de pueblos originarios se halla debidamente cumplida por la audiencia pública celebrada para poner a consideración de la ciudadanía la construcción de la planta industrial, la consulta previa de la que habla el Convenio 169 de la OIT, se refiere a la explotación de Recursos Naturales y el Subsuelo, cuando ello afecte a las Comunidades de Aborígenes, que no es el caso”, clarifico.

Ante ello, es que estimo que “el frente judicial naufragará, para finalmente, destacar que “la anterior Administración del Gobierno Nacional y la actual, integrada por comulgantes con el proyecto político de Naidenoff, han reconocido la importancia para la provincia y la región de que Dioxitek se haga realidad. Es por ello que la segunda etapa del proyecto ya ha sido puesta en marcha por la primera Licitación Nacional para éste año 2017. Ésta es la realidad, como lo son los más de 431 millones de pesos destinados a tal fin”.