El ex jefe municipal prestó declaración indagatoria ante el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Todo ocurre mientras el PRO en provincia atraviesa una feroz interna en la que Ducoté sorprende participando de las fotos de uno y otro lado.

Son tres las causas que están en investigación. En la Causa Peruzzotti se lo acusa de “malversación de caudales públicos”. El expediente surgió a raíz de una denuncia por la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación por un total de $15 millones. La empresa adjudicataria, Tordel, subcontrató a otra empresa para realizar los trabajos por $2 millones, cuando el presupuesto era de más de 7 millones.

En tanto, la Causa Monterrey tiene muchas similitudes con la anterior, por irregularidades en la ejecución de obras menores en la localidad de Derqui, financiadas por Nación, pero en este caso por $145 millones.

La tercera causa es conocida como Causa Microcréditos y en este caso se investiga el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta $24.000 para familias de bajos recursos. Se estima que se entregaron al menos 8.000 beneficios y la Justicia investiga por qué no llegaron a sus destinatarios.

Ducoté declaró vía Zoom durante una hora y media en una causa en la que fueron citados a indagatoria un total de 21 ex funcionarios locales y nacionales, además de empresarios.

Además de Ducoté fueron indagados su ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias -esposo de la diputada Marcela Campagnoli-, el ex director de Viviendas y Crédito del Municipio, Federico Leonhardt, quien actualmente reside en Málaga (España), y Sergio Ruso, titular de la empresa Tordel, responsable de varias obras públicas durante el gobierno de Ducoté en Pilar.

Según trascendió, durante su declaración Ducoté evitó dar precisiones. Según fuentes judiciales, el referente del PRO no pudo explicar por qué se otorgaron más del 90% de los microcréditos en los últimos tres meses de su gestión, en 2019 y en plena carrera electoral. Tampoco explicó las demoras en la ejecución de las obras tanto de Peruzzotti como de Monterrey, pese a que el Gobierno nacional le transfirió los fondos en 2016.

Pero también declararon sus propios ex funcionarios, quienes complicaron más la situación de Ducoté.

Su ex secretario de Obras Públicas reconoció haber participado, junto a otros funcionarios públicos y representantes de Tordel en el desvío de fondos que fueron girados por el ex ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas a la Municipalidad del Pilar, a favor de terceros.

Concretamente, Iglesias se refiere a dos de las tres causas: la planta cloacal del barrio Peruzzotti, pagada pero nunca colocada (por un total de 15 millones), y las obras de mejoras que quedaron inconclusas en el barrio Monterrey de Derqui, por 145 millones.

Fuentes cercanas a la causa aseguran que en su declaración Iglesias fue categórico. Dijo que cuando asumió su cargo -en febrero de 2017- “ya estaba todo cocinado” y que le advirtió a Ducoté que “íbamos a tener problemas”.

El ex secretario de Obras Públicas de Pilar señaló que la obra ya estaba adjudicada a Tordel SA y que advirtió que podrían generarse inconvenientes cuando vio el proceso y los términos de la licitación. En ese sentido apuntó directamente contra el ex intendente: “todo lo hablé y se lo advertí” pero “era él quien tomaba la determinación de qué obra se hacía y cuál no”, indicó.

Federico Leonhardt es el otro funcionario que tampoco pudo despejar las dudas de la justicia. Leonhardt fue el ex presidente de la SAPEM, tuvo a su cargo la entrega de los microcréditos, la otra de las tres causas que investiga la Justicia.

El ex funcionario de Ducoté declaró desde España, donde actualmente reside. El funcionario dejó en claro que fue él quien estuvo a cargo del programa de entrega de 8.000 microcréditos de hasta $24.000.

Se presume que los fondos se utilizaron con fines electorales y en la mayor parte de los casos ni siquiera llegaron a sus beneficiarios. De hecho, el 90% fueron entregados antes de las primarias y de las elecciones generales de 2019, situación que Ducoté tampoco pudo justificar.

Según indican fuentes cercanas a la investigación, la declaración de Leonhardt fue “ambigua” y presentó dificultades para explicar cómo se elegían los beneficiarios de los microcréditos.

En ese escenario, el PRO debe definir un candidato para buscar arrebatarle el municipio en 2023 a Federico Achaval. Rápidos de reflejos, desde el partido ya salieron a medir a Adriana Cáceres.