Por Noelia Soledad Acuña

El pasado 4 de enero, la abogada ambientalista Ana Fernández, fue detenida y golpeada por la policía de San Nicolás mientras registraba el incumplimiento de una obra. En ese sentido, Fernandez se encontraba registrando el ingreso de maquinaria pesada municipal en inmediaciones de la reserva Parque Rafael de Aguiar, de dicha localidad.

En ese marco, la doctora, quién previamente llamó al 911 para denunciar la obra que se estaba realizando, presentó a les efectivos la orden de la Corte Suprema, al comisario Claudio González, quien se encontraba a cargo de la Comisaría 1°. Precisamente, él fue quien rompió dicha orden y le arrojó los papeles en la cara a Fernández.

Posteriormente, fue esposada, golpeada y trasladada a la comisaría, estando detenida e incomunicada, durante toda la mañana. Pasado el mediodía, la abogada recuperó la libertad y realizó una denuncia en la Fiscalía por detención ilegal y apremios. 

Sin embargo, vecines, ambientalistas y letrados se han manifestado para evitar que el municipio, del intendente Manuel Passaglia, realice las obras. También, se sumó en el 2021, una disposición del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

La misma, convalida la clausura al municipio, dejando una medida preventiva en la traza que afecta al bosque nativo categoría roja (I) en el Ordenamiento Territorial Ambiental de la Provincia, protegido por la Ley 14.888 (dictada en 2018). 

En base a esta medida, se intimó al municipio para que presente un plan de conservación, posteriormente revisado por la OPDS. Por otra parte, también se deberá llevar a cabo un plan de recomposición del área afectada.

El repudio a la violencia 

Este hecho de violencia policial tuvo repercusiones y, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), manifestaron el repudio absoluto al hecho acontecido a la letrada Ana Fernández. 

La FACA expresó que: “La gravedad de los hechos denunciados, suponen una conducta legal y humanamente reprochable” y agregaron que: “esta federación requiere de las autoridades judiciales intervinientes, un rápido esclarecimiento de los hechos bajo su investigación”.

“La abogacía organizada de todo el país se solidariza con la colega víctima de violencia policial, compartiendo a la vez con igual preocupación, los términos […] se ha expedido en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás”, culminó el comunicado.

Una reserva en peligro 

Consecuentemente, la reserva Parque Rafael Aguiar, es un área de humedales y bosques ribereños, que se encuentra protegida bajo la Ley de Bosques Nativos N.° 14.888. 

Uno de los puntos importantes de la reserva es que, el mismo contiene al último bosque de Toratay– tipo de arbusto endémico de las islas y riberas del Paraná– que se calcula, hay aproximadamente unos 300 ejemplares.

A su vez, el proyecto dentro del predio es el ensanchamiento de una calle de tierra y una futura construcción, de una costanera de 20 metros de ancho con murallón, sobre el arroyo Yaguarón.

Pese al historial represivo que se vive allí, a fines del 2020, frente a los reclamos de vecinos y ambientalistas de la zona, la policía reprimió, detuvo y amenazó a les vecines que reclaman el cese de las operaciones en el predio.

De la misma forma, en febrero del 2021, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) inspeccionó el área en conjunto con el personal técnico de la Dirección Provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.

Asimismo, también participó personal técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación y el Director de Fiscalización de Industrias e Inspección General del OPDS, Ing. Exequiel Santamaria.

En dicha inspección se informó sobre la realización de obras que incluyeron: movimiento de suelos, rellenos y compactados. Asimismo, se observó la maquinaria vial operando y, se visualizaron, las acciones sobre el camino ribereño paralelo al arroyo Yaguarón, constatando el depósito de escoria, tosca y escombros.

Luego se realizó un acta de inspección donde se constató la acción de clausura y el cese absoluto de cualquier acción bajo el marco de la Ley de Bosques Nativos N.° 14.888, reglamentada por Decreto N.° 366/17.

A su vez, la OPDS dispuso una medida cautelar aplicando el principio precautorio acogida en la Ley General de Ambiente N.° 25675. La misma, estipula la atención inmediata en los problemas ambientales, de forma prioritaria e integrada, para prevenir los efectos negativos del mismo.