Uno de los grandes focos de corrupción durante la era K fue la obra pública. Específicamente, los negociados que tejieron en la Dirección de Vialidad, desde donde salieron miles de millones de pesos para abastecer las arcas de Lázaro Báez, hoy constituyen pruebas contundentes que tienen al presunto testaferro K contra las cuerdas. Maniobras similares se registraron en la Provincia de Buenos Aires. Por ello, entre las denuncias que presentó Elisa Carrió contra Daniel Scioli y sus principales funcionarios, se destaca el otorgamiento de millonarias obras públicas que discrecionalmente se distribuían, desde el Ministerio de Infraestructura, a empresas amigas del poder. El responsable de esa cartera era Alejandro Arlía, quien el pasado 29 de julio apareció muerto, en extrañas circunstancias, en los Estados Unidos.

Distintas fuentes consultadas por el diario Hoy aseguraron que la actual gestión del Ministerio de Infraestructura bonaerense, a cargo de Edgardo Cenzón, estaría incurriendo en prácticas muy similares a las denunciadas. Asimismo, algunos de los personajes que acompañaron a Arlía continúan ocupando áreas claves del ministerio, como es el caso del director provincial de Hidráulica Mario Gschaider, muy cuestionado a raíz de la grave problemática hídrica que se registra en la Provincia con las inundaciones.

En los ambientes empresarios también se habla, y mucho, de un proceso de cartelización (pacto entre un puñado de empresas, con aval oficial, para quedarse con el negocio) de la obra pública, siendo las grandes beneficiarias algunas sociedades ligadas al universo macrista. Un claro ejemplo de esta situación se estaría registrando en la Dirección de Vialidad, cuyo titular es Mariano Campos, que responde a Cenzón y, al igual que a su jefe, se le atribuyen estrechos vínculos con el empresario de la construcción Nicolás “Nicky” Caputo, socio comercial, contratista y miembro predilecto de la “mesa política chica” del Presidente Mauricio Macri.

Caputo ocupa el primer lugar en la lista de contratistas de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo del propio Macri durante ocho años. En esa gestión, Cenzón fue ministro de Ambiente y Espacio Público, una cartera con una caja millonaria que incluía gran parte de la obra hidráulica.

Ante una consulta de este medio, fuentes ligadas a entidades empresarias que aglutinan a distintas pymes aseguran que los pliegos de licitación estarían hechos a medida de determinadas empresas. Las fuentes mencionan que ello se puede ver claramente en la licitación n° 36 de Vialidad para la mejora de la Ruta 11 en el tramo que va desde La Plata a Magdalena. 

“Ese pliego está hecho para que la ganen solo empresas grandes, las cuales casualmente ya trabajaron antes con Cenzón. En todas las obras sucede lo mismo”, dijeron a Hoy. 

Las fuentes mencionaron a dos grandes grupos empresarios que podrían ser los principales beneficiarios de este tipo de prácticas en territorio bonaerense: uno es el que lidera Caputo (Caputo SA, SES SA, Mirgor SA y Sadesa SA) y otro el Grupo Roggio. Este último es otro gran contratista del gobierno porteño, ya que maneja una parte importante de la recolección de residuos en Capital Federal que le deja, al año, más de $6.000 millones de la empresa Cliba.

En ese sentido, las miradas apuntan a la polémica ley de emergencia en materia de infraestructura que fue aprobada, entre gallos y medianoche, en la Legislatura bonaerense. La norma posibilita que, por ejemplo, se le adjudiquen obras millonarias a empresas que ni siquiera están en el registro de proveedores de la Provincia. Eso no es todo: también les posibilita que los funcionarios estén exceptuados de publicar los llamados a licitaciones y compras directas en el Boletín Oficial. 

Es lo que se dice un negocio redondo para los amigos de Macri.

El facilitador

“Cenzón es Caputo”, es la frase que más se suele escuchar en los corrillos políticos cuando se habla de la íntima relación que une a los dos hombres del PRO. Es uno de los pocos bonaerenses que está dentro de la mesa chica de Mauricio Macri.

Cultor del perfil bajo, Cenzón es amante de pronunciar frases comunes nada rimbombantes. Supo ocupar cargos estratégicos dentro del PRO, como por ejemplo ser uno de los principales recaudadores de la campaña electoral del año pasado. En rigor, no son pocos los que sostienen que el actual ministro de Infraestructura, en realidad, era la pantalla para cubrir a Caputo. El amigo de Macri habría sido, desde las sombras, el principal “facilitador” para conseguir los aportes: recaudó casi 150 millones de pesos para las arcas del armado electoral.

Caputo también supo ser quien manejó las contrataciones y las compras en la Ciudad de Buenos Aires (la mayoría de ellas a empresas amigas), y también tendría a su cargo toda la distribución de pauta publicitaria y de gran parte de la obra pública.

Sin experiencia

Mariano Campos es un ingeniero industrial que, en su primer encuentro con los profesionales de carrera de la Dirección de Vialidad, incurrió una suerte de “sincericidio”. Palabras más, palabras menos, les reconoció que no tenía ningún tipo de experiencia en la construcción de rutas, caminos ni nada que tuviera que ver con la dirección que ocupa. En tanto, la máxima autoridad en materia hidraúlica, en una provincia que tiene graves problemas con las inundaciones, ni siquiera tiene una formación técnica vinculada al área: Rodrigo Silvosa, subsecretario de Infraestructura Hidráulica, es licenciado en ciencias políticas.

Direccionamiento a empresas amigas

Detrás de este plan de obras también está el valor de la palabra. Queremos cumplir con lo que decimos”, aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal a comienzos del mes pasado, cuando lanzó el Plan de Obras de Infraestructura, con el que buscaba dinamizar la alicaída economía provincial.

Si bien el plan fue lanzado con bombos y platillos y prometía una inversión de 23.000 millones de pesos hasta fin de año con poco más de mil obras a efectuar, la realidad indica que poco de eso se ha dado y las sospechas por el direccionamiento a empresarios amigos del poder están a la orden del día.

En pocas manos

En diálogo con Hoy, Juan Carlos Uboldi, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), señaló que “el plan oficial es ambicioso, pero hasta ahora las obras adjudicadas han sido direccionadas a dedo a las grandes empresas amigas del poder oficial, dejando de lado a las pymes locales y regionales”.

Para el dirigente empresarial, “por el momento, en la obra pública hay un fenómeno de concentración económica de grandes compañías, y las pequeñas empresas que muchas veces participamos de las obras lo hacemos como empresas tercerizadas, con valores grandes y con poco margen de rentabilidad, lo que nos deja afuera de todo”.

En el mismo sentido se expresó Santiago Sobrero, dirigente de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco). “Por la cantidad de requisitos que se ponen a las licitaciones para poder presentarse, solo las grandes empresas pueden ser adjudicatarias, ya que no tienen problemas con sus patrimonios. Las firmas medianas y chicas no contamos con ese mismo dinero como para llegar a semejante capital de trabajo y salimos perdiendo”, afirmó Sobrero ante una consulta de diario Hoy.

El dirigente de Apymeco agregó: “Nosotros hemos presentado en el Ministerio de Infraestructura notas concretas explicando casos que se han resuelto, a pesar de esta idea que tiene la Provincia de que las obras no pueden hacerse con pequeñas empresas. Presentamos ejemplos de UTES formadas por pequeñas y medianas empresas que hicieron obras de envergadura. Y todavía no hemos tenido ninguna clase de respuesta”.

Por su parte, Jorge Luis Cavanna, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), indicó a este diario que “nuestro país sigue sufriendo la penosa tarea de beneficiar a los amigos del poder, que siempre pertenecen a las grandes empresas. Las pymes salimos perdiendo y la obra pública pasa a nuestro lado sin que podamos meternos en ella más que con migajas”.

Críticas, al por mayor

Otro motivo de crítica por parte de las cámaras empresariales es la utilización del Ejecutivo provincial de la Ley de Emergencia en Infraestructura y Servicios Públicos, lo que habilita a empresas no registradas en la Provincia a presentarse en licitaciones.

Uboldi resaltó que “con esta norma se permite a intereses foráneos a los bonaerenses presentarse para asumir obra pública, autorizando así a grandes empresas o a firmas que no están habilitadas dentro de la Provincia de Buenos Aires a trabajar en territorio provincial, perjudicando de gran manera a las pymes locales”.

“Los ganadores centrales del sistema con el uso de esta ley son las grandes empresas, que ven cómo se trabaja para sus intereses, dejando de lado el de aquellos que la peleamos día a día en las ciudades en condiciones adversas. Mientras ellos son beneficiados, nosotros sufrimos falta de financiación e imposibilidad de competir de igual a igual en la obra pública”, concluyó Cavanna.

Serios cuestionamientos al Plan Hidráulico

En diálogo con Hoy, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco, que desde hace varios años viene estudiando y proponiendo distintos planes para solucionar la grave problemática de las inundaciones, hizo un llamado de atención por la continuidad de funcionarios sciolistas cuestionados y la designación de directores, secretarios y subsecretarios sin el adecuado conocimiento técnico.

“Del plan original de obras que fuera aprobado en  2013, por $1.973 millones, se lleva ejecutado poco más del 40%. Se trata de obras de la anterior gestión provincial y en la actualidad, salvo algunos casos puntuales, aún no se ve un claro arranque de las mismas”, dijo Velazco.

“Con la estimación presupuestaria adicional de $1.850 millones que prevé ejecutar el gobierno bonaerense para la región, solo están contemplados algunos puentes sobre el arroyo El Gato y etapas de ejecución pendientes del conducto derivador de la Avenida 31, como uno faltante de la Avenida 143. Este plan de obras, incluyendo la previsión ampliatoria, no solucionarán el tema de las inundaciones para La Plata y la región, ya que se trata de obras mitigadoras que para nada soportan grandes tormentas, como la que tuvimos entre el 2 y 3 de abril de 2013”, agregó.

“A los cuatro meses de la inundación de 2013 yo presenté formalmente a la anterior gestión provincial un Plan Integral de Obras Hidráulicas que contemplaba todas las cuencas, y que sí fueron prediseñadas considerando la misma tormenta que tuvimos ese trágico día de abril. El total previsto en mi propuesta es $6.887 millones, pudiéndose ejecutar en etapas planificadas, haciendo eco de la realidad económica imperante”, dijo el ingeniero.

Algunas de las obras que se deberían hacer, según Velazco, son:

-Conductos derivadores dentro del sector urbano de la ciudad.

-Construcción del Nuevo Canal de la 155 para que capte directamente todos los escurrimientos provenientes de la cuenca alta del arroyo El Gato, antes que estos lleguen a los sectores más densamente urbanizados de Los Hornos y San Carlos, y con un escurrimiento directo hasta dicho arroyo. 

-Ampliación de puentes en correspondencia con los arroyos Carnaval, Martín y Rodríguez, solamente en los cruces del Camino Centenario y en las vías del FFCC. 

-Construcción del Nuevo Canal del Arroyo Maldonado con un recorrido desde el cruce de la Ruta Provincial Nº 11 hasta el Río de La Plata, lo cual beneficiará en forma directa a no menos de 20.000 vecinos ubicados en la denominada Franja de Berisso y en la parte lindante de Villa Elvira en La Plata.

La respuesta oficial

Ante una consulta de Hoy, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron a los cuestionamientos: “La verdad es que ni Caputo ni Roggio participaron de ninguna licitación”.

También se refirieron a la exigencia del patrimonio neto necesario que deben cumplir aquellas empresas para participar en las licitaciones. “Lo del patrimonio va en relación al presupuesto oficial de la obra”, explicaron.

También se mostraron sorprendidos por los cuestionamientos de Apymeco: “Estaban conformes porque se bajaron los valores de los pliegos por pedido de ellos y por otro lado participaron de los requisitos que se han ido fijando en los pliegos”.