El conflicto entre la provincia de Neuquén y el gobierno nacional se intensificó tras la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la constitución de cuatro sociedades anónimas nacionales para la producción y venta de energía de los ríos Limay y Neuquén. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reafirmó la soberanía provincial sobre estos recursos y exigió ser convocado para establecer el cobro del canon por el uso del agua.

El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, expresó su descontento con la medida, calificándola como “una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas”. Según Etcheverry, la concesión vence el 11 de agosto y hasta el momento no se ha comunicado ni anticipado el propósito de estas nuevas empresas. “Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”, señaló el funcionario en comunicación oficial.

Etcheverry criticó la falta de un plan claro a pesar de saber desde hace 30 años que las concesiones iban a expirar. “No tenemos un camino por parte del Estado Nacional para saber qué van a hacer con esas concesiones”, recalcó, añadiendo que el gobernador Figueroa siempre ha abogado por la participación provincial en la administración de las represas.

La creación de las nuevas sociedades anónimas, que llevan los nombres de los complejos hidroeléctricos El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ha sido interpretada por el ministro como una decisión sorpresiva e inapropiada. “Tanto ENARSA como Nucleoeléctrica Argentina no tienen ninguna capacidad, ningún historial, ni antecedentes para manejar represas hidroeléctricas”, afirmó.

La provincia de Neuquén también ha reiterado su exigencia de que se realicen obras de infraestructura pendientes en el río Neuquén para garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente. En una nota enviada al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, el ministro Etcheverry destacó la vulnerabilidad actual del Complejo Cerros Colorados y los riesgos asociados.

La justicia ya había ordenado al Estado Nacional realizar obras necesarias para la seguridad de la presa Portezuelo Grande, integrante del Complejo Cerros Colorados, para que resista una crecida máxima probable de 14,520 metros cúbicos por segundo, pero estas obras aún no se han ejecutado. Estudios recientes elevaron este valor a 25,000 milímetros cúbicos por segundo, lo que, según Etcheverry, hace insuficientes las soluciones propuestas en el expediente judicial.

“El único modo de manejar la crecida es la construcción de embalses adicionales en la cuenca”, sostuvo Etcheverry, refiriéndose a los proyectos Chihuido 1 y 2. Estas obras no solo aumentarían la seguridad regulando las crecidas, sino que también ayudarían en periodos de sequía y permitirían generar energía limpia y renovable.

Asimismo, recordaron que Figueroa y su par rionegrino, Alberto Weretilneck, insistieron en la necesidad de una mesa de diálogo con Nación para acordar cuestiones relacionadas con las concesiones hidroeléctricas y defender los recursos provinciales. Ambos gobiernos provinciales han aprobado leyes para el cobro del canon por el uso del agua de los ríos para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, la mesa de diálogo prometida por funcionarios nacionales aún no se ha concretado.