En la provincia de Neuquén hay más de 40 mil familias que no tienen acceso a una vivienda propia y desde el Gobierno aseguraron que la mitad de ese número se concentra en la capital, donde la situación se complica aún más por las dificultades para obtener terrenos.

Según explicó Marcelo Sampablo, titular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), a nivel nacional faltan 1.200.000 casas y en Neuquén se concentra el 4% de ese déficit. Aunque desde su organismo buscan alcanzar una solución habitacional a través de la construcción de 2000 viviendas por año (ver aparte), aseguró que la mejor alternativa es generar un trabajo mancomunado entre públicos y privados para garantizar créditos hipotecarios a baja tasa.

Si bien estos datos son estimativos, basados sobre todo en el porcentaje que Neuquén recibe en concepto de coparticipación y los viejos datos del censo 2010, el IPVU sí cuenta con 29 mil inscriptos en el Registro Único de Vivienda y Urbanismo para acceder a una casa. Sin embargo, Sampablo aseguró en declaraciones radiales que el déficit es superior porque “no toda la gente pretende que el Estado le construya una vivienda, lo que pasa es que muchos se inscriben porque no tienen otra forma de acceder”.

Para el funcionario, la solución a la problemática no llegará de un día para el otro, pero consideró que uno de los caminos posibles es la provisión por parte del Estado de lotes con servicios en tierras fiscales para que las familias accedan luego a un crédito y comiencen a construir. “Eso resuelve el problema para las familias que pueden pagar un crédito a una tasa razonable, en tanto y en cuanto no aumente la inflación”, remarcó.

En ese sentido, Sampablo aclaró que la primera etapa del Procrear, que este año otorga créditos sólo para comprar casas ya finalizadas, no augura tanto éxito como la que se aplicará el año que viene, que permite la construcción, ampliación y refacción de viviendas y en la que el IPVU tendrá su participación.

De los 1400 neuquinos inscriptos a esta versión de Procrear, 324 fueron seleccionados para recibir el préstamo y comprar una casa nueva. Sin embargo, Sampablo aseguró que los altos precios de las propiedades hacen que sólo puedan beneficiarse con este programa aquellos que tienen ahorros previos para concretar la adquisición.

También dijo que, además de los planes de viviendas y la conjunción de tierras y créditos, otro de los aspectos que hacen a la solución del problema habitacional es la regularización de los asentamientos informales, donde viven miles de vecinos en condiciones precarias.

En ese sentido, anunció el aporte de Nación de 160 millones de pesos, en una primera etapa, para dotar de servicios básicos y regularizar el registro dominial de 1900 familias que viven en las tomas 2 de Mayo, 7 de Mayo, Peumayén y Jerusalén y que instalaron sus casillas sobre tierras fiscales provinciales.

Planes

Las metas que se fijó el Gobierno

El titular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Marcelo Sampablo, destacó el trabajo que realiza la entidad con el objetivo ambicioso de construir 2000 viviendas por año.

Anunció también la licitación de unas 1500 casas nuevas para el 2016 que se sumarán a otras 300 ya licitadas.

El funcionario provincial aclaró que el programa funciona con planes que se distribuyen en todas las localidades de la provincia, aunque se diferencian porque en la región de la Confluencia, donde se concentra el 70% del déficit habitacional, los proyectos incluyen un mayor número de casas.

Si bien Sampablo calificó los números del IPVU como interesantes y ambiciosos, admitió que la situación es más compleja en las grandes urbes, donde el acceso a la tierra representa un verdadero desafío.

“En las comunidades chicas se puede resolver el problema habitacional con programas de pequeñas cantidades de viviendas”, apuntó el funcionario, y aclaró que el déficit en esas localidades del interior ya ha marcado un descenso, según los relevamientos propios.

Para los inquilinos, la necesidad de casas es todavía más importante

NEUQUÉN

Pamela Gaita, presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN), aseguró que el número de personas en situación de déficit habitacional es incluso superior al que admite el Gobierno y que representa al 40% de los habitantes de la provincia.

“La mayoría de los inquilinos llevan décadas alquilando y nunca tuvieron una oportunidad para dejar de alquilar”, dijo Gaita, y aclaró que la mayoría debe enfrentarse a cláusulas abusivas en los contratos y renovaciones con subas que pueden llegar al 80%.

En ese sentido, remarcó la necesidad de contar en forma urgente con una ley de alquileres a nivel nacional que defienda los derechos de los locatarios. Con esta normativa, se busca extender los contratos por un plazo mínimo de tres años, con precios que se ajusten de un modo anual a un precio que se determine entre el índice de inflación y de los salarios. “La idea es lograr la intervención del Estado para defender a los que alquilan, que es un gran porcentaje de la población”, recalcó.

Según expresó Gaita, las renovaciones con precios tan altos obligan a muchas familias a resignar un mayor porcentaje de su sueldo para el alquiler o a mudarse más seguido, lo que implica también un gran desembolso de dinero para afrontar honorarios. “Muchos incluso tienen que pedir préstamos para mudarse, por lo gastos de honorarios, depósito y mudanza”, comentó.

Además, indicó que el Procrear tuvo un efecto relativo en los inquilinos porque establece requisitos que dificultan el acceso al crédito, con exigencias de altos ingresos que no permiten el acceso masivo. “Ahí también aparece la especulación”, se quejó.

CIFRA

29.000 personas están anotadas en el registro del IPVU para conseguir una vivienda.

Actualmente, las posibilidades del organismo que se encarga de las políticas habitacionales es entregar 2000 viviendas por año a los postulantes que esperan por una casa. La idea es seguir apostando a la construcción de planes viviendas, tanto en Neuquén capital como en el interior provincial.