El titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, dialogó con El1 Digital sobre el camino que la ley democrática de medios lleva surcado en pos de la pluralidad. “Se ha logrado instalar el tema de la comunicación como un derecho humano”, celebró.

En medio de la cumbre internacional “Medios y Democracia”, el especialista subrayó la importancia de fomentar la distribución del espectro radioeléctrico para multiplicar las voces y que la única agenda no sea la que imponen los grandes monopolios.

Sobre la adecuación del multimedio de Clarín, reflexionó: “Creo que donde se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo y ha habido muchas dificultades es con acabar con los monopolios y seguramente esto continuará porque estamos enfrentando el poder real. Creo que lo importante es dar la pelea”.

La norma que tuvo vigencia hasta el 2009 en materia de medios de comunicación fue la Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en 1980 por el militar golpista Jorge Rafael Videla.

La derogada ley marcial establecía quiénes podían ser propietarios de medios y permitía la conformación de monopolios que se regían bajo la lógica empresarial. Su organismo interventor era el COMFER.

Mientras tanto, los medios alternativos y comunitarios entendían que la verdadera democracia se vive cuando todos tienen la posibilidad de alzar la voz y empoderarse, en el mejor de los sentidos,  de los medios. Pero la construcción y supervivencia de estos medios estaba desprotegida porque el Estado no les propiciaba un marco legal.

Al respecto, el referente de FARCO expresó: “Ocupar ese 33 por ciento de las frecuencias que la Ley reserva para las organizaciones sociales, medios a través de los cuales los vecinos y ciudadanos puedan expresarse sin mediación del poder económico y político. Ese es el sentido del sector comunitario, popular, alternativo y sin fines de lucro”.

En el año 2009 se produjo, sin lugar a dudas, un cambio paradigmático. La actual Ley de medios se sostiene sobre el fundamento de la información como un derecho y no una mercancía, donde el éter, ese patrimonio intangible pero necesario para que todas las voces tengan su espacio, sea distribuido democráticamente por el Estado.