Esta prestación ha sido uno de los amargos frutos del neoliberalismo en nuestro país, y en particular de la reforma energética aprobada en el año 2013, la cual ha hecho “ley” que el pueblo mexicano tenga que mantener, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a un puñado de burgueses, dueños de empresas de la talla de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Walmart o Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA), estos últimos dueños de las tiendas OXXO.

Según cálculos de Miguel Santiago Reyes Hernández, Director General de CFEnergía y CFE Internacional, con esos 471 mil 200 millones de pesos “podríamos hacer 10 rondas de vacunación Covid a toda la población mexicana.” ¡Una cifra tan ofensiva como una mentada de madre! ¿Por qué? Porque nosotros, los proletarios, esos que tenemos que trabajar jornadas laborales de ocho, 10 o hasta 12 horas, somos los que hemos mantenido a esas grandes empresas con la parte de nuestro salario destinada al pago de impuestos (recibo de la luz, por ejemplo).

Pero, no sólo mantenemos a las empresas, sino también pagamos más que ellas por la energía eléctrica. Proporcionalmente hablando, las grandes empresas pagan menos que cualquier otro contribuyente, y esto gracias a las diferentes trampas legales (como las mentadas sociedades de autoabasto), que les permiten no pagar a la CFE la transmisión de energía eléctrica, o lo que es lo mismo, no pagar el uso de la infraestructura de la CFE.

En este entendido, la serie de amparos otorgados a los dueños de Bimbo o de Walmart, y la consecuente suspensión de los efectos de la nueva Ley de la Industria Eléctrica por parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene todo que ver con la defensa de los intereses privados (el dinero contante y sonante), y nada que ver con la defensa de una visión ecológica en la producción de energía eléctrica (la mentadas “energías limpias”).

Además, nos muestra una vez más que este órgano del Poder Judicial ha servido como punta de lanza de las diferentes agrupaciones de empresarios (Coparmex, por ejemplo), que se rehúsan a perder el poder político consolidado en, por lo menos, 36 años de neoliberalismo. La ofensiva de los empresarios se ha dado, en esta ocasión, a través de la SCJN, pero esto no nos debe hacer pensar que la burguesía pueda optar por medidas más o menos violentas ante un gobierno que en los hechos no ha buscado terminar de raíz con el neoliberalismo.

Si el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscara terminar con el neoliberalismo en nuestro país (como lo mencionó en la toma de posesión como nuevo presidente), entonces la ofensiva contra el neoliberalismo en el sector energético significaría dejar sin efecto legal las llamadas reformas estructurales aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto; significaría devolver al pueblo lo robado, es decir, expropiar todos los medios de producción, empresas, etc., que pasaron a manos de privados bajo el pretexto de no ser rentables para el Estado mexicano (¿acaso Teléfonos de México, hoy en manos privadas, ¿no ha vuelto a su dueño, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo?).

AMLO busca conciliar, inútilmente, los intereses de la burguesía con los del pueblo trabajador del campo y la ciudad. Inútilmente, porque para los empresarios la bancarrota y la creciente privatización de la industria eléctrica significa un gran negocio, mientras que para el pueblo esto mismo se traduce en el socavamiento del derecho fundamental de todo pueblo: el derecho a la soberanía energética.

Por tal motivo, nosotros, como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), insistimos en la importancia que tiene el punto 3 de nuestro Programa Mínimo de Lucha, esto es, la recuperación de la soberanía nacional y del control por parte del gobierno de nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo; punto que nos atrevemos a citar textualmente aquí:

“Recuperar el monopolio del Estado sobre la explotación de los recursos naturales del país, esto es, retomar el control del suelo y el subsuelo, de las costas, de las riberas y de los ríos. Ambas medidas permitirán garantizar la independencia energética y la soberanía alimentaria, fundamentalmente.” Para lograrlo, se deben echar abajo reformas constitucionales, como la del artículo 27 de 1992; revisar todas las reformas relacionadas con la afectación a la propiedad comunal y ejidal de la tierra; examinar todas las modificaciones a las leyes que hoy permiten que los grandes monopolios privados se beneficien de la explotación de oro, plata, cobre y otros minerales, de la explotación de la mano de obra del sector servicios, gracias a la construcción de grandes centros turísticos privados, y de la explotación de tierras para la producción de las llamadas energías verdes. Así como también se debe abrogar la última reforma energética aprobada en el sexenio de Peña Nieto y revisar todas las modificaciones legales que permitieron despojar al pueblo de sus recursos naturales. En pocas palabras, la oligarquía financiera debe devolver lo que le robó legal o ilegalmente al pueblo.

Como OLEP te invitamos a conocer nuestro Programa Mínimo de Lucha y a organizarte con nosotros en la lucha por la recuperación de la soberanía nacional y el control de nuestros recursos, con la mirada puesta en la construcción del socialismo en México.

¡Contra el despojo, la represión y la explotación;

resistencia, organización y lucha por el socialismo!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la portada del No. 64 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), abril, 2021.