El Estado Provincial pretende recuperar los recursos usados en prestaciones médicas asumidas cuando esas obligaciones correspondían -parcial o totalmente- a terceros, generalmente a prepagas o aseguradoras.

El Ipross y Salud responden inicialmente en las urgencias médicas, pero los pacientes presentan coberturas previstas o contratadas.

Actualmente, la Fiscalía de Estado informó haber comenzado demandas judiciales por asistencias realizadas por la obra social provincial y, luego, seguirá con reclamos por erogaciones de la cartera sanitaria.

El mecanismo es inicial y, por eso, no hay muchas estimaciones. En el Ipross admiten que, en los primeros meses del año, en Viedma y la Región Atlántica, figuran ocho casos por unos 20 millones.

Esta pretendida recuperación estatal no se cumplió nunca, por lo cual, la Fiscalía estableció un protocolo de actuación para su posterior reclamo judicial.

El Ipross proyecta que el monto podría rondar los 100 millones anuales, planeando la posibilidad del cruzamiento de información con la Superintendencia de Seguros para disponer de datos en tiempo real.

La información gubernamental confirmó que la Fiscalía de Estado, a cargo de Gastón Pérez Estevan, comenzó con “acciones judiciales para recuperar los fondos que el IPROSS paga por coberturas médicas” a sus afiliados por su “atención médica urgente”.

Las demandas de la Provincia, a través de la Fiscalía, están dirigidas a obras sociales, aseguradoras y prepagas médicas, a partir de las atenciones abonadas por el Estado provincial de coberturas que correspondían a esas empresas.

Después de varios meses de análisis con el Ipross, la Fiscalía dictó una resolución con el “objetivo diagramar el mecanismo interno de la obra social para la recopilación de documentación y creación de legajos. Estos expedientes conformarán los trámites para la tramitación del reclamo judicial en el propósito de la recuperación de los gastos realizados con fondos públicos.

En su caso, la obra social “invierte permanentemente importantísimos fondos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud de sus afiliados” cuando existen otras entidades o aseguradoras privadas son “las verdaderas responsables de dichas erogaciones”.

La gacetilla resalta que se “trata de una política pública absolutamente necesaria, que busca la justa recomposición del erario público, pero fundamentalmente que dará herramientas a la obra social a prestar un mejor y mayor servicio”.

Los organismos esperan obtener significativos ingresos, que posibilitarán continuar mejorando día a día los servicios que brinda Ipross a sus afiliados , de este modo, mejorar la salud de todos”.