El ultrakirchnerismo volvió a la carga con un viejo proyecto que, en los últimos años, fue archivado en dos ocasiones ante el reclamo unánime de las organizaciones sindicales de la Provincia. Se trata de la creación de un Registro Único de Códigos de Descuento, una iniciativa que estaría hecha a medida de determinadas financieras y usureros que buscan hacer negocios a costa de los bolsillos de docentes, estatales, policías y demás agentes de la administración pública bonaerense.

El encargado de llevar adelante la nueva ofensiva es nada menos que el polémico diputado provincial del Frente para la Victoria, José Ottavis, quien en los últimos dos años buscó hacerse conocido mediáticamente a partir de su relación con la vedette Victoria Xipolitakis  y por su actual participación en el teatro de revista, donde hasta se subió a las tablas vistiendo plumas con Moria Casán, actriz que no ha ocultado su simpatía con el kirchnerismo. 

El proyecto D 4.278/16-17 del ex de Xipolitakis, que también tiene la firma de legisladores provinciales que pertenecen a La Cámpora (Juan Agustín Debandi, Marisol Merquel y Rocío Giacone), prácticamente es un calco del decreto 1.925, rubricado el 1º de diciembre de 2015 que, entre gallos y medianoche, intentó imponer el gobierno sciolista pocos días antes de que asumiera la gobernadora María Eugenia Vidal.

Tanto el proyecto de Ottavis como el decreto 1.925, que terminó siendo derogado por otro decreto firmado por la mandataria provincial, coinciden en un punto neurálgico. Obliga a todas las entidades que apliquen descuentos por los servicios que ofrecen a los trabajadores “a abonar el 1% de la totalidad de las sumas que la administración retenga con motivo de la aplicación de los códigos de descuento” a la autoridad de aplicación. 

Es decir, se busca constituir una caja millonaria que podría estar hecha a medida de un polémico financista que estuvo detrás de todos los intentos infructuosos que, en igual sentido, se buscó aplicar durante la era K en territorio bonaerense. Nos referimos específicamente a Walter Roberto Grenon, titular de la mutual Itala.

El objetivo de Grenon, como ya lo reflejó oportunamente el diario Hoy, sería instaurar un sistema de préstamos sin cumplir los requisitos que establece la normativa vigente. No solo eso, además buscaría quedarse con el manejo del Registro Único de Código de Descuento, contemplado en la iniciativa de Ottavis, siendo el “plafón” de una recaudación millonaria. Asimismo, el proyecto camporista ofrece una “zanahoria” para bancos y financieras, ya que habilita cobrarle a los empleados públicos que tomen créditos hasta 5 puntos porcentuales más, en concepto de Costo Financiero Efectivo Anual, respecto a la tasa de referencia que informa periódicamente el Banco Provincia para las operaciones de préstamos personales a tasa fija para precalificados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Si lo llevamos al valor correspondiente a diciembre de 2016, el costo financiero podría acceder hasta el 46,5%, cuando algunas de las líneas del Banco Provincia, como es el caso de los créditos hipotecarios para vivienda única, tiene un tope del 25%. 

Cabe destacar que en el decreto 64 que lleva la firma de Vidal se destaca que existe “interés público en mantener el régimen establecido en el decreto n° 754/00”, siendo esta última la normativa que protege los salarios de los agentes de la administración pública bonaerense. Entre otros puntos, la normativa vigente garantiza que a los empleados públicos no se les pueda aplicar descuentos que superen el 20% de su salario  

El otro tema polémico del negocio es que, a partir de la iniciativa de Ottavis, se crea un régimen de sanciones que podría servir como mecanismo de disciplinamiento contra las organizaciones sociales y sindicales, que actualmente tienen código de descuento, que no adhieran a este perverso sistema. Las sanciones incluyen desde apercibimientos hasta suspensiones preventivas, y desde pérdida de los códigos de descuento en una o más jurisdicciones hasta eliminación definitiva de la inscripción en el registro. A su vez, se limita considerablemente el derecho a defensa: solo otorga diez días para que las entidades que sean sancionadas puedan efectuar su descargo, y le da atribuciones a la autoridad de aplicación, que son facultades exclusivas del Poder Judicial. 

“La administración pública en ningún caso será responsable por las consecuencias que ocasione la caducidad del código de descuento”, reza el artículo 25 del proyecto camporista. “Esto es abiertamente inconstitucional. El proyecto de Ottavis viola el artículo 14 de la Constitución nacional, como así también pactos internacionales y la ley de asociaciones sindicales porque afecta el patrimonio y la autonomía sindical. Impone gravámenes cuando la ley de asociaciones sindicales dice expresamente que los gremios estamos exentos de cualquier tipo de tasa o gravamen. En definitiva, al querer quitar poder económico, se busca sacar poder a las asociaciones sindicales”, dijeron, a modo de con­clusión, los equipos letrados de los gremios que analizaron el proyecto en cuestión. Y que están definiendo un paquete de acciones legales a seguir en caso de que se decida avanzar con la cuestionada iniciativa. Por lo pronto, pese a los reiterados pedidos, el diputado Ottavis no quiso responder las consultas de este diario.

“Es un proyecto nefasto”

La dirigente del Soeme, Susana Mariño, afirmó que “el proyecto de Ottavis es nefasto, es un nuevo ataque a las organizaciones sindicales para beneficiar a un personaje que desde hace años quiere desembarcar en la Provincia para hacer negocios a costa de los bolsillos de los trabajadores bonaerenses”.

“Ante esta ofensiva, a los sindicatos bonaerenses nos van a encontrar unidos, como pasó en 2013 y como ocurrió el año pasado. Si es necesario, iremos a ver a cada diputado y cada senador para explicarle que este tipo de iniciativas nunca pueden prosperar a espalda de los trabajadores”, concluyó Mariño.

La experiencia mendocina

Una iniciativa similar, hecha a la medida de Grenon, se impulsó en el año 2011 en Mendoza y terminó en un gran escándalo. El negocio habría sido armado por el entonces secretario de gobierno de esa provincia, Alejandro Cazaban, quien se encuentra imputado por sobreprecios. Cazaban, actualmente, es el representante del Banco VOII, propiedad del titular de Itala. 

Contundente rechazo gremial 

Dirigentes sindicales de la Provincia consultados por diario Hoy brindaron su opinión respecto a la controvertida iniciativa, impulsada por el diputado camporista en la Legislatura bonaerense, que permite grandes negocios para las financieras en perjuicio de los trabajadores estatales

“Es inconstitucional y va en contra de la clase trabajadora”

Carlos Quintana. Secretario General UPCN, Provincia de Buenos Aires

“Esto debe ser algún negocio de Ottavis, porque como ellos se dedican a hacer negocios, deben haber acordado alguna dádiva, por eso presentaron este proyecto. Detrás de todo esto sin dudas deben haber oscuros financistas, porque es de la única manera que pueden hacer algo así. Los trabajadores terminan siendo los más damnificados ante este tipo de situación.

Esto es inconstitucional y va en contra de la clase trabajadora, pero evidentemente no les importa. Va en contra de la Constitución porque tiene que modificar la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la ley 23.551. Ottavis lo primero que tiene que hacer es presentar un proyecto para que la Provincia no adhiera a la ley 23.551, y no meter este proyecto ridículo que está impulsando ahora”.

“Está buscando la promoción de su obra de teatro”

Fabián Gazotti. Titular del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (Suetra)

“Siempre han querido hacer ese tipo de cosas, pero los gremios lo hemos impedido. Creo que es más o menos lo mismo de siempre por parte de un impresentable como Ottavis, que está preocupado por su obra de teatro y quiere sacar una cosa así para tener publicidad.

Con una payasada como esta van a estar hablando una semana de Ottavis y cuando lo vayan a entrevistar les va a terminar diciendo los espero en Villa Carlos Paz en la obra de teatro, porque es más actor que político. Lo único que está buscando es dar a conocer su obra de teatro, creo que viene más por ese lado, busca que le den publicidad, sin tener que andar pagando para promocionar la obra. Hoy es actor, más que diputado. Y a veces tiene actitudes raras, como si creyera que siguen gobernando ellos”.

“Hay intereses oscuros y espurios detrás”

Julio Castro. Titular del Sosba

“Este tipo de proyectos son una barbaridad. Esto es buscar diferentes caminos para ir en contra del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales. Se ve que hay alguien muy fuerte que está presionando para que esto, que legítimamente manejamos los gremios, pase a manos privadas o a especuladores que directamente van a cercenar todo aquello que es el salario del trabajador.

Detrás de todo esto hay intereses oscuros y espurios de personas que quieren instalar este tema, y deben ser muy poderosas, porque han estado en distintos momentos, siempre tratando de atacar sobre este tema en particular. 

Es una barbaridad, esto es como incitar al juego. Es imposible, con la unión que tenemos hoy en el movimiento obrero del Estado provincial, que esto pueda pasar en la Legislatura”.

“Es un proyecto para favorecer a los grupos financieros”

Idelmar Seillant. Titular de Suptioma (Sindicato Único de Profesionales y Técnicos del IOMA)

“Este proyecto no tiene consenso con los trabajadores y está hecho para favorecer a grandes grupos financieros, como lo son los bancos privados y las mismas financieras para que se le puedan subir las cuotas de descuentos directos sobre los salarios de los trabajadores.

Lo peor es que lo buscan para favorecer a las corporaciones de una manera muy perversa y a su vez crear un sistema donde se recaude un porcentual. Es una ley recaudatoria que afecta al bolsillo de los trabajadores y a los sindicatos y asociaciones. Discrimina a aquellos que aún no tienen personería gremial. Hay que repudiar esto, ya que no tiene consenso. Entendemos que buscan hacer caja en un momento crítico para los salarios de los trabajadores”.

“Con esto se aumenta el poder de la usura”

Adriana Pizarro. Titular de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas (Aemopba)

“Lamento que se siga insistiendo con este tipo de propuestas que perjudican notoriamente a los trabajadores y su representación sindical. Es el mismo proyecto, con mínimas diferencias, que los que se han presentado con anterioridad, por lo cual estamos en desacuerdo. 

Es irresponsable que se siga fomentando estos proyectos que lo único que hacen es aumentar el poder de la usura. Al crear el Proceso Único de Autorización de Descuentos, lo que se hace es dejar a las organizaciones gremiales de lado, con artículos muy cuestionables que van en contra de los trabajadores en su conjunto”.

“Es una vergüenza lo que se ha presentado”

Omar Alegre. Secretario General del Sindicato del Personal Mensual de Hipódromos de La Plata

“Es una vergüenza lo que se ha presentado, atenta contra las organizaciones sindicales y contra las mutuales de los sindicatos. Esto va a ser rechazado unánimemente por todos los gremios de la Provincia de Buenos Aires. 

El proyecto se presta para que oscuros financistas vengan a desarrollar sus actividades a la Provincia de Buenos Aires, dejando de lado la labor social que históricamente han brindado los sindicatos, por lo que hay que desconfiar de todo este tipo de prácticas que se buscan introducir. A mí me parece que los gremios y las obras sociales están regulados, funcionan bien y no veo por qué insistir con una propuesta que ya fue rechazada en dos oportunidades”.

“Dejan que empresas amigas usufructúen del Estado”

Guillermo Pacagnini. Secretario general de la Cicop

“Con este proyecto lo único que se hace es habilitar el ingreso de financieras que están muy cuestionadas por lavado de dinero y otras causas espurias, por lo que me parece una locura que se insista con esta clase de propuestas.

Esto parece, más que un tipo de canon, una cometa, y se hace con el ánimo de ayudar a los financistas amigos del poder para realizar grandes negociados a costa de los trabajadores.

Esta clase de proyectos dejan que empresas amigas usufructúen del Estado, ya que Ottavis es un hombre perteneciente a los grandes grupos concentrados de poder y no solo a la farándula, así que seguramente debe tener esas relaciones, no tengo la menor duda de eso”.

“Si está Grenon, ya sabemos que es un negocio”

Miguel Zubieta. Secretario General del Sindicato de Salud Pública

“Me parece raro que hayan presentado un proyecto de ley y ni siquiera lo hayan comunicado a las organizaciones sindicales. Ya varias veces acá ha querido ingresar Walter Grenon y nosotros siempre nos opusimos porque le daba la oportunidad a financieras usureras de poder establecer un negocio en la Provincia de Buenos Aires, frente a lo que obviamente siempre vamos a estar en la vereda opuesta.

Acá el tema es cómo es tomado este proyecto en la Provincia de Buenos Aires, porque el de ahora es un Gobierno que dice que viene a buscar transparencia y a hacer las cosas bien, entonces dudo que le vaya a dar cabida a este proyecto que busca instalar Ottavis, y si está Grenon atrás de esto no hay nada más que discutir, ya sabemos que es un negocio”.

“Quieren hacer caja sobre el salario de los trabajadores”

Roberto Baradel. Titular del Suteba

“Es una ley que quiere favorecer a los grandes grupos financieros, en especial a los bancos privados y a las financieras, para que se puedan subir las cuotas de descuentos directos sobre los salarios. Afecta la parte remunerativa del mismo, no solamente de bolsillo; entonces estaríamos en un problema, porque los salarios no varían tanto como lo hace el sueldo de bolsillo.

Esto hay que repudiarlo porque no tiene consenso de los trabajadores y además la situación política no amerita, porque entendemos que quieren hacer caja sobre el salario en un momento en el que estamos en una situación muy crítica respecto a lo salarial. Desde ya es inviable y siempre será así en la mesa en que no estén sentados los trabajadores y mientras no sea armado por los trabajadores”.

“Hay que fortalecer la banca pública”

Santiago Etchemendi. Secretario General de la comisión interna del Banco Provincia

“Siempre hemos estado en contra de esta clase de proyectos que buscan ir en contra de los trabajadores y la representación gremial. Acá hay que tratar de salir de esa situación y fortalecer herramientas como lo es la banca pública, que son las que tienen que estar al servicio de los trabajadores.

Si no fortalecemos la banca pública para que esté a su servicio y al servcio del pueblo de la Provincia en este caso, estamos tomando un camino que no termina bien para los trabajadores, sobre todo con una ley con entidades financieras que además le permite a la banca privada hacer cualquier cosa y no tener obligaciones sociales”.

“Estamos en contra de la usura”

Rubén García. Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales (Fesimubo)

“Seguimos en el mismo lineamiento que cuando sucedieron el proyecto anterior que no pasó la Legislatura, y el decreto de Scioli que volteó la propia gobernadora Vidal a poco de asumir. 

Estamos en contra de cualquier clase de usura que se quiera hacer a costa de los trabajadores, que son usados en una situación de blanqueo de dudosas empresas que vienen a lavar dinero con el ingreso de los trabajadores.

Que se permita entrar a financieras cobrando una tasa superior a la que cobra el Banco Provincia es una locura, ya que los intereses no pueden ser usurarios. Estamos en contra de estas iniciativas que no han sido pensadas en su conjunto por los gremios”.

“La iniciativa es incomprensible”

Daniel Locuoco. Secretario Adjunto de AERI

“Estamos totalmente en contra del proyecto, y sobre todo de cualquier propuesta que se haga que involucre a los trabajadores y a los gremios. Cualquier modificación que se haga al decreto 754 se tiene que consultar, y tiene que estar convalidada por la gran mayoría de los gremios.

La iniciativa es incomprensible y te hace pensar. Preocupa la insistencia del proyecto, da para pensar que hay intereses muy grandes detrás de todo esto, porque tienen el poder de convencer a cualquier gobierno de cualquier ideología, lo que, desde el vamos, preo­cupa . No nos tiene que extrañar nada. Últimamente han pasado tantas cosas que este tipo de hechos no asombran”.

“Ottavis no tiene ética”

Nicolás Masi. Secretario general del Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba)

“Con una ley no van a dejar de lado un sistema que es corrupto de por sí, para esto tienen que dejar la corrupción de lado. Este proyecto no incluye a todos los gremios, sino solo a los que tienen personería gremial, por lo que los que recién empiezan quedan al margen. Este proyecto debe ser sí o sí consensuado.

Ottavis no tiene ética, es un confeso drogadicto que se tendría que haber ido de la Legislatura. Cuando un empleado público es drogodependiente lo echan del trabajo, como pasa en la Policía. Él vota la Emergencia en Seguridad y no se ocupa de que echan agentes por estar enfermos. Ottavis no tiene por qué estar en la Cámara baja, porque él confesó que era adicto, y un adicto no puede estar en la Legislatura”.