“Confiterías sin espectáculos”. Con esta habilitación funcionaban tres locales en los que la AFIP encontró a 37 víctimas de explotación sexual y detuvo a seis personas en las últimas horas. La noticia, que recorrió el país, expuso cómo se camufla el negocio de la prostitución en Salta y dejó claro que poco cambió después de una promocionada ordenanza que prohibió los locales dedicados al comercio sexual para prevenir la trata de personas.

Con la intervención de la Justicia Federal y la AFIP, se clausuraron en la madrugada del jueves comercios donde intermediarios lucraban con la prostitución de mujeres vulnerables según reveló una investigación.

El tema se instaló rápidamente en los medios nacionales cuando se supo que el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue demorado porque estaba en uno de los lugares allanados.

Quedaron cerrados “Terra Nostra”, en Córdoba 584, “Don Quijote”, en Tavella 1959 y “Rumis”, en San Luis 437. También se detectó una casa privada donde había comercio sexual.

Los negocios, y lo que ofrecían, eran conocidos. Tanto, que la Municipalidad de Salta ya los había clausurado a principios de año. Pero la sanción solo duró unas semanas.

Una norma vacía

En mayo de 2012 se aprobó la ordenanza 14.370, que prohibe los locales donde “se ejerza la prostitución, se promueva o se verifiquen algunos de los supuestos de trata, tráfico de personas o explotación sexual”.

La norma se consideró un avance en materia de derechos de género. Sin embargo, negocios habilitados como bares, pubs, confiterías o whiskerías siguen funcionando como prostíbulos en diferentes puntos del macrocentro. Estos lugares pueden ser el escenario tolerado de la trata, a pocas cuadras del casco histórico.

La irregularidad se vienen denunciando hace meses. Si bien la prostitución está permitida, está penado que un tercero obtenga ganancias con la explotación de una mujer.

Consultado sobre el tema, el subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, Marcelo Scarponetti, dijo a El Tribuno que no tiene “facultad para certificar” que haya comercio sexual en un local. El funcionario aseguró que, para clausurar definitivamente, necesita que la Justicia compruebe que hubo un delito.

El requisito de esperar un fallo para cerrar un negocio vuelve muy poco aplicable la ordenanza que prohibió los negocios dedicados a la prostitución. En todo el país, no hubo más de 40 condenas entre 2008 y 2012 por tráfico con fines de explotación, pero los prostíbulos disfrazados se multiplican en las grandes ciudades.

Frida Fonseca, concejal justicialista que impulsó la norma para eliminar los espacios con oferta sexual señaló a El Tribuno que se necesita endurecer la legislación. “Mi intención era que también dejaran de existir rubros como las whiskerías pero no logré apoyo. Ahora, después de lo que pasó, voy a insistir con la idea original”, aseguró la edil.

“Acá lo que falta es una decisión política real. La Municipalidad admite que, si hace una inspección, no puede saber si un pub está ofreciendo prostitución”, cuestionó Gabriela Cerrano, concejal del Partido Obrero.

Tampoco la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia intervino en los comercios que se terminaron cerrando por iniciativa de la AFIP. El organismo nacional impulsó los allanamientos con los datos que consiguió en visitas a las “confiterías” y observaciones como la inconsistencia en los ingresos que declaraban sus propietarios.

El Tribuno intentó hablar del tema con Diego Bustos, responsable de Trata de Personas de la Policía. Pero el subcomisario explicó que los responsables de prensa de la fuerza de seguridad no lo autorizaron a dar declaraciones al respecto.

Entrevista a Germán Díaz, Abogado de la Fundación María de los Angeles, organización que fundó Susana Trimarco para luchar contra la trata de personas en Tucumán

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“Es lamentable que las autoridades no hagan nada”

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¿Por qué intervinieron en el cierre de prostíbulos de Salta?

El Ministerio de Seguridad de la Nación nos pidió la colaboración de psicólogos y trabajadores sociales para asistir a las víctimas.

Entrevistamos a las mujeres. Muchas manifestaron que no estaban en el lugar contra de su voluntad y que podían entrar o salir sin problemas.

Pero, como siempre decimos, son mujeres que están en una situación de gran vulnerabilidad y son víctimas de explotación. Siempre hay un tercero que administra o regentea esos comercios y cobra una comisión por el ejercicio de la prostitución que ellas realizan.

También intervenimos en un lugar privado, que tenía toda la apariencia de un prostíbulo. Era una casa donde se hacían pases, que es el momento en el que la persona accede a tener relaciones sexuales con los clientes. Ahí se encontraba un hombre que se pudo constatar que era el intendente de Salvador Mazza. Se secuestró un celular más un gran caudal de dinero y elementos que prueban que ahí se ejercía la prostitución.

Entonces queda claro que eran lugares donde había explotación de mujeres...

Cuando uno habla de prostitución, siempre hay víctimas. Más allá de que las mujeres digan que están ahí por su propia voluntad. Eso no quiere decir que no se esté configurando el delito de facilitación y promoción de la prostitución por parte de los administradores.

La prostitución no está penada, pero sí que un tercero lucre con la actividad sexual de otro. El que promociona, facilita y explota comercialmente a una víctima comete un delito. Con el solo hecho de que esas mujeres estuvieran ahí, había una promoción y facilitación de la prostitución.

Si después, con el avance de la investigación surge que llegaron engañadas a ese lugar a través de métodos como el abuso de autoridad o por vulnerabilidad y si además hubo un traslado... empezamos a hablar además del delito de trata de personas.

¿Cómo podían estar abiertos estos locales?

En Tucumán, desde que desapareció Marita Verón, venimos diciendo que no pueden estar abiertos los locales donde se ejerza la prostitución, con cualquier nombre o habilitación que tengan.

En la provincia, con la lucha de Susana Trimarco, se logró cerrar todos estos comercios. Desde el año pasado, por una ley provincial, en Tucumán están prohibidos estos negocios que, tras una fachada de bares y whiskerías, promocionan la prostitución.

Antes, funcionaban a la vista de todos con habilitaciones municipales. Es lo que aparentemente está pasando en Salta. Son lugares donde directa e indirectamente se promociona la prostitución.

Lo que tiene que hacer la Municipalidad es clausurarlos porque no cumplen con el objeto para el cual fueron habilitados. Nos sorprende que pase esto. Los organismos del Estado tienen que advertir lo que sucede y clausurar. A veces, es lamentable que las propias autoridades vean estos lugares y no hagan nada.

Los vecinos siempre hacen denuncias. Ir al lugar y hacer una inspección permite tener ciertos elementos para ver que no son simples bares y clausurar. Hay que terminar con estos lugares.