La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto de gastos y recursos del 2023 y decidió pasar a cuarto intermedio hasta este jueves, en busca de los acuerdos entre los bloques parlamentarios que se tratarán plasmar en el dictamen que se emitirá ese día.

De esta manera, los diputados tendrán más tiempo para proponer modificaciones concretas al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Serán horas de duras negociaciones entre oficialismo y oposición. Para asegurar su sanción y, sobre todo, para cerrar filas en el propio Frente de Todos, desde el Ministerio de Economía anticiparon que habrá cambios y que se mejorarán algunas partidas, aunque sin modificar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Juntos por el Cambio anticipó que no dejará al Gobierno sin presupuesto, aunque reclamó modificaciones. Entre los puntos centrales que generan mayor debate figuran dos temas que preocupan a Mendoza: los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país y el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las distribuidoras provinciales a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables.

Un reclamo de todos los bloques tiene que ver con la suba del subsidio al transporte de pasajeros para el interior del país, que está en el orden de los $66 mil millones y que la oposición pretende llevarlo a los $110 mil millones. Sin embargo, desde el Frente de Todos trataron de bajarle el tono al aumento: "Vamos a mejorar la partida, pero de ninguna manera la vamos a duplicar”, anticipan en el bloque oficialista.

Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, aseguró que “es imposible pensar que podemos llegar a fin de año sin el incremento del subsidio en el interior”.

“A septiembre de este año se devengaron subsidios al AMBA por $204.787 millones, mientras que al interior se le asignaron $28.150 millones. El 88% al AMBA, el 12% al interior. Obviamente, justifica la situación de crisis que tiene hoy el transporte en el interior”, dijo el radical.

Otro de los puntos en los que hay diferencias es el artículo 90 que habilita al Ministerio de Economía a "retener" a las provincias que adeuden consumos de energía a la distribuidora Cammesa, los fondos de las transferencias presupuestarias como, por ejemplo, la coparticipación federal.

Desde el oficialismo insistieron que de alguna manera hay que regularizar el endeudamiento, pero desde la oposición respondieron que la distribuidora mayorista tiene la facultad para cobrar el servicio.

Así, mientras las espadas oficialistas trabajan en una redacción alternativa, el consenso no es completo dentro de la oposición: un sector del PRO reconoce que actualmente Cammesa no tiene más opción para cobrar sus deudas que amenazar con cortar el suministro eléctrico.