Por Carlos Burgueño

Dos viejos y, en parte, fieles amigos volvieron el martes a trabajar con el país. Los fondos de inversión Gramercy y Fintech, de los pocos con los que Argentina contó para que actuaran a su favor en los años más duros del “juicio del siglo” contra los holdouts y que se mostraran siempre como aliados en la negociación cerrada en agosto 2020 para la reestructuración de la deuda privada emitida en divisas en el exterior, fueron parte de la reunión que anteayer organizó el embajador Jorge Argüello en Washington, y donde habló la ministra de Economía Silvina Batakis. Y, según los testigos, mostraron la actitud más comprensiva hacia la realidad argentina y sus crónicos problemas políticos. Al menos entre los fondos de inversión externos que mantienen aún bonos de la deuda local, cotizantes hoy a precios de default. Y, lo más importante, prometieron hacer lobby ante sus colegas para darle al país un poco más de tiempo y, quizá, una nueva oportunidad en la relación del país con Wall Street.

Más allá de que operen en minoría y deban enfrentarse a fondos hoy furiosos con Argentina, como BlackRock, Fidelity y similares, aseguraron a varios de los participantes que podrían actuar nuevamente de interlocutores para una nueva etapa de relación con el mercado financiero internacional; en términos más realistas.

Gramercy y Fintech repiten así el rol que cumplieron en el proceso de reestructuración de deuda encarado por Martín Guzmán en el primer semestre de 2020 y que terminó con el acuerdo de renegociación de deuda de aquel momento, cuando el ex ministro de Economía terminó de conquistar los corazones oficialistas. Los dos fondos se convirtieron en los principales interlocutores con el resto de las casas tenedoras de deuda, detentando ellos en particular tenencias por un 15% del total de los pasivos a discutir.

Antes, en 2010, también habían ejercido un rol similar. Tanto Gramercy como Fintech no habían ingresado en el canje original (el lanzado por Roberto Lavagna como ministro de Néstor Kirchner), amagando con sumarse a los litigantes contra el país, que en ese momento reclutaban el Fondo Elliott, de Paul Singer, y el EM Dart, de Kenneth Dart. Sin embargo, hacia comienzos de 2010, se habían reconvertido en los mejores interlocutores que tenía la Argentina en el mercado de bonistas aún en default, y junto al Palacio de Hacienda diseñaron la oferta de reapertura de deuda que llevó la aceptación final al 93%. Luego, el 7% restante, avanzaría en el “juicio del siglo” contra el país, litigio que Argentina perdería contra los fondos buitre liderados por Singer. En esa causa, tanto Gramercy como Fintech mantuvieron su rol de aliados del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en contra de Singer y el resto de los demandantes, al punto de presentarse como “amigos de la Argentina”, declarando públicamente ante el juez Thomas Griesa a favor de la posición local y en contra del reclamo de los fondos buitre.

La alianza con el último Gobierno kirchnerista fue tan sólida que llegó hasta una presentación conjunta en diciembre de 2012 ante la Corte Suprema de los Estados Unidos bajo el grupo “non party apellants” (integrado también por la Reserva Federal y el Gobierno norteamericano), para que la posición de la Argentina sea escuchada en aquellos tramos finales del juicio contra los fondos buitre. Finalmente, la historia es conocida. El máximo tribunal norteamericano falló en contra del país, se perdió la causa y recién en abril de 2016, con el Gobierno de Mauricio Macri en su comienzo, el país pudo llegar a un acuerdo con aquellos acreedores beligerantes, previo pago de unos u$s9.000 millones.

La buena relación entre Gramercy y Fintech con el actual oficialismo continuó sólida con los años. Gramercy tuvo participación en las operaciones de compras de los juicios que empresas multinacionales, especialmente de origen norteamericano, mantenían contra la Argentina ante el CIADI, a precios más que bajos. En octubre de 2013 se cerró un acuerdo con el país por el cual el Ejecutivo se comprometió a cerrar varias de estas causas ante el tribunal internacional, liquidando los procesos abiertos por los casos de Vivendi Universal (Aguas de Aconquija) y Azurix (Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires). Por su parte, Fintech, propiedad del magnate mexicano David Martínez, mantiene una más que sólida relación casi directa con varios de los principales referentes del kirchnerismo, y se convirtió desde la llegada de Alberto Fernández al poder en uno de los voceros directos e indirectos del mundo financiero internacional (y nacional) con el Gobierno. Su principal activo en el país es ser uno de los socios de Telecom (junto con Clarín y el Estado argentino a través del FGS de la ANSES).