Por Andrés Lavaselli

Con la venia del oficialismo, la oposición bonaerense negocia internamente por estas horas un acuerdo político que podría permitir aprobar, en una doble sesión legislativa prevista para el martes, una serie de cargos institucionales que le corresponden, tanto en el estratégico directorio del Banco Provincia como en la Defensoría del Pueblo. El Frente de Todos, a cambio, se aseguraría la titularidad del Tribunal de Cuentas, pero con una presidencia con poderes restringidos.

La negociación es una extensión del acuerdo fallido que había negociado Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, con el oficialismo para repartir esos sillones y acompañar una reforma del funcionamiento de la deficitaria caja de jubilaciones del personal del Banco Provincia que desandaba lo dispuesto por una ley sobre esa cuestión que había sido aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Macri –además de Vidal y Patricia Bullrich- se opusieron, por lo que nada se votó.

Ahora, luego de un encuentro reservado de Grindetti con Macri, parece haberse destrabado la cuestión de los cargos, aunque la reforma jubilatoria sigue en Stand By, más allá de que el alcalde le explicó al vicepresidente las razones por las que convendría acompañar el proyecto del Ejecutivo, donde reconocer que no se puede seguir financiando el déficit de esa caja pero discrepan de la solución que había encontrado Vidal, entre otras cosas por la catarata de juicios contra el Estado que provocó.

En ese marco, el reparto de cargos ya está definido: al directorio del Banco ingresarían Bruno Screnci (exministro porteño apadrinado por el diputado Diego Santilli), el radical Carlos Fernández (ex senador bonaerense y diputado nacional), el PRO Santiago Nardelli (empujado por el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, aunque Jorge Macri quiere ahí a Ramiro Taglieaferro, el exalcade de Morón). Queda un cuarto sillón que, dicen, podría ser para otro radical, el ya director Diego Rodrigo, aunque esto último no seguro.

Tampoco hay dudas sobre quién comandará el tribunal de Cuentas, que por casi 35 años presidió el radical Miguel Grimberg. Allí se sentará Federico Thea, secretario general de la Gobernación en el primer tramo de la gestión de Kicillof. El acuerdo que lleva a Thea a ese sillón incluye una moderación de las atribuciones del presidente, que surge más de los planteos del insaurraldismo y el massismo presente en ese organismo, que de la oposición. Finalmente, en la Defensoría, cuya titularidad renovó el peronista ligado a Insaurralde Guido Lorenzino, habrá un cargo para la UCR, otro para la Coalición Cívica y uno para PRO.

La doble sesión en Diputados y Senadores para hacer ley ese acuerdo ya está convocada, pero todavía hay que poner en condicional su aprobación. La incógnita tiene que ver con las tensiones internas en Juntos. Primeros, durante largos meses, los roces en PRO impidieron que esa fuerza designar sus representantes, lo que terminó por perjudicar a la UCR, que tienen a los suyos definidos hace rato. Pero ahora, la desconfianza hacia los movimientos de Mauricio Macri traba todo. Es que los radicales no está dispuestos a avalar un entendimiento si no tienen garantías de no ser acusados de “colaboracionistas” con Kicillof o de recibir algún tipo de reproche político similar. “Es lo que nos pasó cuando acordamos acompañar la ley que permitió que los intendentes tengan una reelección más”, dicen. El ejemplo de lo que le ocurrió a Grindetti también es mencionado. La Coalición Cívica, en tanto, también mira expectante. Los radicales quieren, a su vez, garantías de los seguidores de Elisa Carrió.

En ese marco, si las garantías llegan y se superan las desconfianzas, el martes comenzará a saldarse una deuda que se arrastra desde el principio del mandato de Kicillof y la oposición comenzará a ocupar resortes institucionales importantes a los que hasta ahora no había accedido. El gobernador también tendrá quien vele por sus intereses en el Tribunal que audita no solo a los intentes sino también las gestiones del gobierno provincial y los organismos descentralizados. Pero si no se supera el muro de desconfianzas en la oposición, todos deberán seguir esperando.