Aunque desde el 2 de marzo ya rige el período ordinario en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, aún no se terminaron de armar las comisiones legislativas por diferencias entre el oficialismo y la oposición. La demora por, que ya lleva más de un mes, impacta en la designación de cargos hacia el Poder Judicial bonaerense. Todo se da en medio de un reclamo del Colegio de Magistrados por las vacancias en distintos juzgados.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), del Senado bonaerense es donde aparece la mayor traba de las negociaciones. Hasta el año pasado, la misma estaba presidida por Emanuel González Santalla, un senador del Frente de Todos. Y en igualdad de condiciones en lo que respecta a sus integrantes: cuatro lugares para el oficialismo y cuatro para la oposición.

Sin embargo, ahora la ecuación busca cambiarse. El Frente de Todos, planteó que retendrá la conducción de dicha comisión -que es clave para el nombramiento de cargos que eleva el Poder Ejecutivo- y que además será mayoría. La oposición se muestra inflexible a esa posibilidad y no da el aval necesario para que el peronismo retenga la presidencia y la mayor cantidad de lugares.

En Juntos esgrimen que no es necesario para el peronismo tener mayoría y presidencia de dicha cámara, sino que en caso de paridad de los dictámenes que puedan salir y de un “empate” en la votación de distintos expedientes quién terminará definiendo será la vicegobernadora Verónica Magario.

Con el resultado de las elecciones pasadas, el Senado bonaerense entró en una fase de paridad en la composición política que es total. El Frente de Todos tiene 23 bancas, Juntos también. Hasta el momento no ha sucedido, pero en caso de un empate en la votación nominal quién debería destrabar las discusiones sería la propia Magario.

Desde la oposición le explicaron a Infobae que la oficialización de todas las comisiones está empantanada por ese tema en particular.

En lo que hace a nombres por la Comisión de Asuntos Constitucionales, González Santalla tendría todos los números para continuar al frente de dicho ámbito, sin embargo en los últimos días también asomó el nombre del senador Gustavo Soos, un abogado que trabaja con el intendente -en uso de licencia- de Merlo y actual presidente del Grupo Bapro, Gustavo “Tano” Menéndez.

ACA no es cualquier ámbito en la vida legislativa de la provincia de Buenos Aires y su dilación en la conformación impacta también en la esfera de la Justicia provincial. Por caso, días atrás jueces y abogados bonaerenses se unieron para reclamar por las vacantes en el Poder Judicial. En un encuentro celebrado entre representantes del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, coincidieron en que las vacantes que hay llegan al 40 por ciento de todo el sistema.

La lupa se posa allí en la demora en el envío de pliegos de parte del Ejecutivo. El cuestionamiento de Jueces es hacia el gobernador Axel Kicillof, como responsabilidad última.

El proceso para los nombramientos tiene el primer filtro del Consejo de la Magistratura. Una vez que el el Consejo eligió a una terna para ocupar un cargo vacante, esos pliegos se elevan al Ejecutivo. Desde allí, el gobernador elige uno de los tres nombres en danza y lo “gira” al Senado bonaerense. En la cámara Alta provincial, en la mayoría de los casos, se realiza a través de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos una entrevista con el o la postulante. Luego se firma el dictamen de comisión que permite llevar ese pliego al recinto y una vez allí se vota a favor. Al menos, ese, es el camino más tradicional.

Pero por ACA no solo pliegos para cargos judiciales son los que se votan. También la creación de nuevos juzgados por ejemplo deben pasar por esa comisión y buena parte del resto de las iniciativas a convertirse en ley pueden contar el aval de la comisión.

Pero hasta que no se destrabe esa situación también quedará en stand by el envío de los cargos vacantes en el máximo tribunal de Justicia: la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Con un funcionamiento de siete integrantes, actualmente la Corte provincial tiene cuatro miembros. Se trata del presidente Luis Genoud, la vicepresidenta Hilda Kogan y los ministros Sergio Torres y Daniel Soria.

El oficialismo planea cubrir al menos uno de los lugares vacantes en un acuerdo con la oposición. Antes, hay otras negociaciones como la presidencia del Tribunal de Cuentas -el órgano contralor del ejercicio de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales- que también tiene que pasar por el Senado. Para la conducción de ese organismo, Kicillof propuso a fin del año pasado a Federico Thea, quien ocupaba el rol de Secretario General de Gobierno.

En lo que respecta a las sillas vacantes en el máximo tribunal bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof buscaría un acercamiento hacia la Unión Cívica Radical. Por el momento en conversaciones muy subterráneas el tema figura como un pendiente. Igualmente desde el partido centenario una de las opciones es proponer a una mujer para ocupar un lugar en la mesa de la conducción del Poder Judicial. El radicalismo sostiene que el lugar le corresponde por sobre el PRO que durante la gestión de María Eugenia Vidal elevó el pliego del entonces juez federal Sergio Torres, hoy uno de los integrantes de la Corte provincial.