El ministerio de Derechos Humanos, que fue propuesto como mediador por los ocupantes, el 10 de mayo había gestionado ante el juez Antonio Cuenca que pudieran retirar sus elementos de trabajo o la producción que pudieran cosechar inmediatamente en la propiedad que estaba usurpada. Casi un mes después, tuvo que reiterar el pedido ante la Justicia para poder destrabar el conflicto.

Pese a que la empresa aceptó la oferta del Gobierno y cobró más de trece millones de pesos para ceder tierras que serán usadas por las familias, ahora rechaza el ingreso a las parcelas para retirar los pocos elementos que quedan en pie.

En cambio, el 22 del mes pasado, abrió una nueva confrontación judicial acusando “el robo de madera” para hacer los galpones o viviendas, que se “materializará” si se autoriza el ingreso de los ex ocupantes.

“Los galpones han sido construidos con madera sustraída en el mismo inmueble y en consecuencia, son producto del obrar ilícito de sus ocupantes”, acusa el abogado Carlos Martín Kozik, representante de Ladislao Robelek, apoderado de la Colonizadora. Kozik cobró honorarios por 1,5 millones de pesos después del acuerdo entre el Gobierno y la firma forestal.

Al mismo tiempo, el abogado denunció “amenazas” que impiden a los trabajadores ingresar a la propiedad para seguir con la explotación forestal y el abastecimiento de la plana industrial en Pozo Azul. “La situación ya fue denunciada ante el ministerio de Trabajo de Misiones para suspender al personal sin goce de haberes” como consecuencia de “la crisis de empresa que genera el desabastecimiento producido por el accionar ilícito”, asegura.

Sin embargo, en el mismo expediente se acredita que los cortes de madera no son de primera calidad, de manera que puedan perjudicar o producir una disminución patrimonial que pueda llevar a la quiebra a Colonizadora SA.

Ante esta traba judicial, las familias que fueron relocalizadas y otras cinco que todavía no fueron ubicadas, todavía no pudieron hacerse de todas sus pertenencias. El ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, envió un nuevo escrito al juez Cuenca en el que señala que “actitudes mezquinas como la manifestada por esta Sociedad Anónima a través de sus representantes, que no colocan en la balanza el valor del bien recuperado, nos obliga a reflexionar sobre la situación de grupos humanos que se encuentran en situación estructural de desigualdad desde el enfoque de los Derechos Humanos”.

“Las nociones del constitucionalismo liberal del siglo XIX dejaron en pie desigualdades legales, vinculadas al género, la nacionalidad, la raza y sobre todas las nociones del derecho a la propiedad de la tierra”, explicó Soria Vieta. “El Constitucionalismo liberal aportó a los individuos un espacio de reserva en el que la autoridad del Estado no interfería”.

“Pero en la actualidad esos conceptos se modifican y es necesario que el Estado asegure la protección de las personas más vulnerables para equiparar situaciones de desigualdad material y a partir de garantías mínimas, asegurar el mejoramiento de oportunidades para grupos sociales postergados”, argumentó el titular de la cartera de Derechos Humanos.

Además, recuerda Soria Vieta que la reforma constitucional de 1994 incluyó normas de refuerzo para garantizar esos derechos, “como legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Con esos argumentos, Soria Vieta reitera el pedido inicial realizado mediante un acta acuerdo donde las partes estuvieron presentes y contaban con el conocimiento del contenido del acta que fue y es de dominio público. “No existió una oposición formal e inmediata de Colonizadora”, señala el texto enviado al juez Cuenca “contando con su buena voluntad de contribuir a la paz social

En paralelo, el ministerio de Derechos Humanos realizará un nuevo relevamiento en la zona para determinar las condiciones sociales de sus habitantes, esta vez con el respaldo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones. La licenciada Antonia Husulak sería la encargada del grupo.