El Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, a cargo del doctor Bernardo Bibel, imputó por cohecho y tráfico de influencias al exoperador kirchnerista, Roberto Porcaro, en la causa relacionada con el posible pago de una coima por la adjudicación de una importante concesión en Puerto Quequén, donde actualmente se levanta el complejo del grupo empresarial Sitio 0.

   La investigación que lleva adelante el fiscal federal Nicolás Czisik, que interviene en una de las causas vinculadas con la ruta del dinero K y con el empresario Lázaro Báez. También se realizó un procedimiento en el Banco Nación para incautar el contenido de una caja de seguridad de Porcaro, trascendiendo que había una suma importante de dinero en su interior.

   Se indicó que la Justicia entendió que había "motivos de sospecha suficientes para presumir  que 12 personas habrían participado en el hecho mediante el cual se otorgó, el día 14 de febrero de 2013, la concesión en forma directa de un espacio en Puerto Quequén, para la construcción de un elevador de granos por el plazo de 35 años y se acotó que esto se concedió “sin proceso licitatorio alguno e incumpliendo los requisitos previstos por el reglamento del citado Consorcio para contratar en forma directa, a una sociedad anónima que se denominó Sitio 0 de Quequén”.

   De acuerdo con lo consignado, el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en ese momento (José Luis de Gregorio) y varios de sus integrantes "obraron sin transparencia e interesándose particularmente en un negocio para beneficio de particulares”, y se añadió que el exdirectivo "se habría interesado indebidamente en el beneficio a través del mentado negocio encarado por los particulares, que luego resultaron favorecidos con el otorgamiento indebido de la obra en el área portuaria de dominio estatal traficando influencias”.

   También se explicó en este proceso judicial que “una persona de sexo masculino, que obtuvo un beneficio patrimonial compensatorio mediante una operación bursátil superior a los 70.000 dólares, en la que obró como agente de bolsa la firma Financial Net SA. Ello habría acontecido el 27 de diciembre de 2012 mediante una operación bursátil de compra y venta intradiaria, que involucró 1.000.000 de dólares en bonos que tenía en su poder la citada empresa, transfiriéndose los mismos a la cuenta 695/1251 de titularidad conjunta de Roberto Florentino Porcaro y su cónyuge  Patricia Sirvente.

   Además, se señaló que “los integrantes de Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, intervinientes en el acto licitatorio privado, contrario a los intereses del Estado -mediando influencias indebidas-, a través de dicho proceder, habrían cometido fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos al concesionar el uso de recursos públicos en forma directa, eludiendo la posibilidad de que se concretarán mejores ofertas para el uso de dicho espacio público a través de un proceso licitatorio previo que no se registra intentado y /o fracasado”.

   Estas pruebas, en su mayoría, son consecuencia del avance del proceso en la causa N° 3017/17 de trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, lo que permitió al actual representante del ministerio Público Fiscal articular las imputaciones.

Origen

   Las presentes actuaciones tuvieron su origen en la denuncia efectuada por el fiscal José María Campagnoli, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, en el marco de la causa Nº 26.131/2013 caratulada Báez, Lázaro y Otros S/extorsión, en el que se formuló como hipótesis a investigar el pago de 1.000.000 de dólares, que el 27 de diciembre de 2012 habría recibido Roberto Florentino Porcaro en Bonos del Gobierno Nacional Bonar VII, por su intervención gestiones u oficios merced a los cuales, el 14 de febrero de 2013, la entidad administradora del Puerto de Quequén adjudicó de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de la terminal de granos por valor de 60.000.000 de dólares y su explotación como concesionario por el término de 35 años, prorrogables por diez más.

   De esta forma, ahora se podría llegar a convocar a los imputados a declaración indagatoria y luego el juez debería establecer si la causa es elevada a juicio.

   La causa que se investiga busca probar el pago de una coima de un millón de dólares por la adjudicación de la denominada concesión portuaria, donde hoy se encuentra Sitio 0.

   Vale recordar que en 2013 el fiscal porteño José María Campagnoli, que fue el primer fiscal de la causa de la ruta del dinero K había descubierto que la financiera Financial Net habría depositado en el 2012 un millón de dólares en una cuenta.