El 28 de marzo de 2011, el Juzgado Federal de Quilmes declaró como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental” a la cuenca del Riachuelo, y estableció la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial en el Río Matanza-Riachuelo. Luego de varias consideraciones, trámites e iniciativas, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en su Reunión de Consejo Directivo de fecha 22 de noviembre de 2019, en su punto 7, acordó iniciar los trámites necesarios “a fin de elevar a consideración del juzgado el levantamiento de la restricción de la navegabilidad del Riachuelo con fines recreativos, culturales y ambientales, entre Barraca Peña y su desembocadura”.

En ese contexto, de manera proactiva las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con el Centro de Vinculación Tecnológica, en colaboración con expertos de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas, elaboraron el informe técnico que da cuenta de las obras necesarias para la limpieza de los barros contaminados en el Riachuelo, en sus tramos comprendidos entre el cruce de Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el puente denominado Barraca Peña y desde este hasta el cruce del cuerpo de agua con la Autopista General Ricchieri.

Para eso, el reporte consideró el diseño de un canal sustentable de navegabilidad para lograr una viabilidad comercial de navegación y un desarrollo económico y productivo de la cuenca, posibilitando así un nuevo avance en los trámites necesarios que eleven, a consideración del Juzgado Federal de Quilmes, el levantamiento de la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial del río Matanza-Riachuelo.

Los convenios de cooperación y asistencia técnica celebrados entre entidades como las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) en el marco de la Ley 23.877  con la diversidad de organizaciones y proyectos del sector público son acuerdos que permiten mejorar su funcionamiento, impulsando y favoreciendo procesos operativos y de desarrollo institucional.

Con estos acuerdos, los organismos logran, entre otras cosas, fortalecer su capacidad institucional y organizacional para diseñar, intrumentar innovaciones, ejecutar y elevar la calidad de los servicios y prestaciones establecidas en sus misiones y funciones. De esta forma, el sector público cuenta con un régimen especial de gestión eficaz y eficiente para responder a las prioridades de las políticas públicas que direccionan su quehacer en los ámbitos bajo su incumbencia, ante dificultades de urgencia y prioridades ministeriales.

El informe explica en detalle sobre el posible impacto de estas tareas de saneamiento y la posterior navegabilidad, para lo cual se destacaron los aspectos tanto positivos como negativos, recomendando acciones de mitigación para estos últimos. También se evaluó la posibilidad de navegabilidad teniendo en cuenta la situación actual del río en lo ateniente a su profundidad y altura de puentes que lo cruzan. En esa evaluación se propusieron obras a ejecutarse a fin de lograr la navegabilidad del mismo, proponiendo diseño de canal y buque de diseño.

El trabajo del CEDyAT se desarrolló en dos fases o tramos del río. La primera, Cruce de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el puente denominado Barraca Peña (según resolución ACUMAR del 22/11/19). La otra, desde el puente denominado Barraca Peña hasta el cruce del cuerpo de agua con la Autopista General Ricchieri (posible ampliación de permiso de navegabilidad).

Finalmente, se evaluó detalladamente el impacto económico y social de la navegación comercial y recreativa del Riachuelo; sus montos de inversión, generación de puestos de empleo, posible repago por mayor actividad económica, entre otros.