En el invierno de 1988 la Policía Federal descubrió -en distintos allanamientos realizados en Buenos Aires y la ciudad de Avellaneda- 587 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en cajas de langostinos congelados preparados para su exportación.

La denominada “Operación Langostino” fue la primera gran causa de narcotráfico en la Argentina. Hubo tres frigoríficos pesqueros implicados. En un proceso que duró casi una década, se comprobó que los condenados tomaron rótulos y cajas en la misma papelera proveedora de las pesqueras.

La causa llamada “Pez Blanco” también fue en invierno. En junio de 2005 el juez federal de Mar del Plata, Guillermo Farah investigó el envío de 520 kilos de cocaína escondidos en un contenedor que transportaba pescado congelado. La carga valuada en 25 millones de euros tenía como destino final Hungría, pero fue descubierta en Amberes, Bélgica.

Al revisar la hoja de ruta de la carga los investigadores llegaron al puerto marplatense. La pata local estuvo centrada en dos empresas: la firma Plancton le pidió a Ardhapez utilizar su permiso para exportar a Europa. La maniobra puso en evidencia la red de complicidades en el circuito local y hasta terminó con el procesamiento y condena de Alberto Biesa, un médico veterinario, exempleado municipal en el Departamento Pesca de la Delegación Puerto. Alto precio por las monedas que recibió por verificar mercadería que nunca vio.

El caso más reciente también fue descubierto en junio de 2013. La originalidad tampoco alcanzó al nombre operativo. “Langostino Blanco” se resume en el hallazgo de un cargamento de cocaína disimulado entre 4 mil kilos de langostino. La singularidad fue que se descubrió dentro de la planta “Poseidón”, en Puerto Madryn.

Horas después del descubrimiento el fiscal Federal de Rawson, Fernando Gelves anticipaba a la prensa que “los cálculos que hace la policía es que (la droga encontrada) podría superar la tonelada”. Finalmente se contabilizaron 110 kilos. La carga había llegado a Madryn desde Mar del Plata y aguardaba para ser enviada a España.

Entre los procesados por el juez Hugo Sastre se encuentra el marplatense Juan Eduardo Burgos, acusado de comercio y transporte de estupefacientes. Burgos es un taxista que figura como socio de “Mar Pesca Azul”, la empresa fantasma que utilizaron los españoles Salvador García Parra Gómez y Alfredo Aranda Barberá para intentar sacar la droga del país. El primero de los españoles fue detenido y aguarda por la extradición. El segundo sigue prófugo.

A partir de estos casos donde los procedimientos rutinarios de la industria pesquera fueron aprovechados como pantalla para cometer maniobras ilícitas, los organismos de control tienen al sector en la mira y en los últimos días comenzaron a mover varias fichas.

La decisión de Aduana de dar de baja del “Régimen de cargas de exportación en planta” a empresas de Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata puso a los industriales en un grito. “Somos industriales, no narcotraficantes”, dijo un empresario casi fuera de sí, a principios de semana.

Aduana ya exigía la instalación de cámaras de seguridad para tener control del proceso puertas adentro. Las imágenes las ven, con suerte, con dos meses de atraso.  Alimentadores seriales de cajas, cajitas y cajones para que el circuito productivo no tenga trabas, la salida del régimen por un momento hizo pensar a los empresarios que el organismo había abierto otra sucursal.

Para colmo en los despachos del jefe local, el “Vasco” Jaurregui, no eran claros. Aducían que las empresas habían sido sancionadas por tener deudas con la administración. ¿Y quién no las tiene?, preguntaba un  empresario al borde de un ataque de nervios. Los frigoríficos suspendidos deben consolidar la carga por dos sitios sugeridos por Aduana. El costo extra no baja de 15 mil pesos. Por contenedor.

Y la columna de costos extras ya no soporta más peso. Pero en pocas “puertas al exterior habilitadas”, los controles supuestamente mejoraran, aunque no pase por ningún scanner. Para los empresarios la decisión de Aduana es la gota de agua que colmó el vaso.

“Estábamos de rodillas y nos pusieron el revolver en la cabeza”, resumía otro industrial, el lunes, tras el encuentro con concejales en el recinto de sesiones a donde fueron para aliviar la carga impositiva municipal. “Nos están saqueando”, confesaba otro al hablar de la metodología para liquidar impuestos de la administración provincial y nacional.

Antes que la sangre llegue al río -el subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante dejó correr el rumor de que pegaba un portazo como subsecretario de Pesca si la situación no volvía a foja cero- la Aduana sinceró sus intenciones pero no liberó las cargas.

“No es un problema de deudas sino de drogas”, confiaron allegados a Guillermo Michel, director Nacional de Aduana, tras la reunión con funcionarios de segunda línea de la Subsecretaría de Pesca, de la que también participaron Beatriz Paglieri, directora Adjunta y Cristina Meléndez, subdirectora de Interiores del organismo.

Mientras pone bajo sospecha una actividad que genera divisas por 1500 millones de dólares, Aduana exige que las empresas cuenten con tecnología indispensable para luchar contra el narcotráfico. Además de cámaras, si quieren consolidar en sus frigoríficos las empresas deberán contar scanners.

Desde la cartera pesquera pidieron tiempo para que las empresas puedan adherirse al sistema a partir de lo intempestivo de la suspensión y los altos costos que acarrea ajustarse a la nueva exigencia. “Que manden una carta compromiso y la factura pro forma de la compra del aparato para rehabilitar las plantas”, contestaron los hombres de la Aduana.

Un scanner cuesta unos 90 mil dólares en cualquiera de los tres proveedores en el mercado nacional. Por ahora analizan hacer una vaquita y poder comprar un equipo móvil como el que existe en Puerto Madryn. También se barajó la alternativa de que sea alguna de las cámaras empresaria quien lo adquiera.

“La medida es irreversible porque la lucha contra el narcotráfico es prioridad”, subrayó Michel. Lo repitió la subdirectora de Interiores el miércoles por la mañana, delante de un grupo de empresarios marplatenses que siguieron planteando que la medida no guarda ningún sentido. Proponen controles sorpresivos. “Es imposible controlar toda la carga”, sostienen. 

Les queda una última carta. Apuestan al mensaje suficientemente persuasivo que pueden provocar miles de trabajadores, prolijamente vestidos de blanco, reclamando en la calle por las fuentes de trabajo en peligro.

El viernes pasado, cuando estaban llegando las primeras suspensiones, Caipa y el Soip cerraron la paritaria en un 32% de incremento hasta febrero de 2016. Un par de empresas ya avisaron que mientras no puedan consolidar carga en su propio frigorífico, tampoco podrán pagarlo.