Una mujer asesinada en 2006 había denunciado los vínculos con narcos de un ex diputado del PJ salteño
Una mujer asesinada en 2006 había denunciado los vínculos con narcos de un ex diputado del PJ salteño, que figuraba ahora como dueño del camión que llevaba el contrabando de 267 kg de cocaína.
Como informa el diario La Nación, en septiembre de 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada de siete puñaladas por denunciar la complicidad de algunos integrantes del poder político de Salvador Mazza con el narcotráfico. Casi 10 años después, la Justicia apresó al presidente del Concejo Deliberante local y acusó a otro edil por estar involucrados con el cargamento de 267 kilos de cocaína secuestrado en un camión que tenía la cédula verde a nombre del ex diputado provincial justicialista al que la mujer asesinada había denunciado.
La investigación que comenzó el 16 de febrero pasado con el secuestro de los 267 kilos de cocaína en un camión Mercedes-Benz en la localidad de Taco Pozo, en Santiago del Estero, confirmó la existencia de la narcopolítica.Según fuentes judiciales, el camión perteneció a Ernesto José Aparicio, un ex diputado provincial del PJ, fallecido en 2013 y denunciado por la asesinada Ledesma. Hace tres años, el camión fue adquirido por Rubén Maurín, hermano de Alejandro Maurín, actual presidente del Consejo Deliberante de Salvador Mazza y detenido anteayer por efectivos de la Gendarmería.
Mientras tanto, está prófugo y con pedido de captura internacional el concejal Mauricio Gerónimo. El fiscal federal de Salta Gerardo Toranzos le pidió a la Interpol que trate de detenerlo. Tanto Gerónimo como Maurín eran socios políticos del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y con sublemas formaron parte de una alianza del Frente para la Victoria, que le permitió ganar las últimas elecciones.
Una semana después de que el juez federal de Salta Julio Bavio pidió la detención de Gerónimo, el intendente solicitó una licencia de 15 días. El jefe comunal fue reemplazado por Ivana Soria, mientras que Maurín se hizo cargo de la presidencia del Consejo Deliberante.
Según informa el diario La Nación, a pesar de la crisis y las sospechas sobre sus socios políticos, uno de los colaboradores del intendente afirmó que Méndez, cuyo nombre no aparece en el expediente a cargo del juez Bavio, no "tenía la intención de renunciar".
Desde la clandestinidad, el prófugo concejal Gerónimo envió un escrito a sus colegas del Concejo Deliberante de Salvador Mazza para advertirles que iniciará "acciones penales y civiles" en caso de que decidieran dictar alguna medida para quitarle el cargo al que había accedido por la voluntad popular.
En la misiva, de una página y media, el edil afirmó que era inocente y que no había ninguna prueba que lo vinculara con el secuestro del cargamento de 267 kilos de cocaína, del operativo denominado Febrero Blanco.Además de Gerónimo, hay otro prófugo. Se trata de un empresario boliviano, dueño del alijo de droga.
Según los indicios acumulados en el expediente a cargo del fiscal federal Luis Benítez, el empresario boliviano mandaba la droga en avionetas que arrojaban los paquetes en un campo de la zona. Hasta allí, según las sospechas de los investigadores, llegaría Gerónimo, quien se habría encargado de acopiar la droga, mientras que Maurín y su hermano habrían tenido la misión de transportar la cocaína hasta un puerto.
La presunta responsabilidad de Maurín estaría probada a partir de que el camión en el que fue secuestrada la droga pertenecería al hermano del presidente del Concejo Deliberante. Se lo habrían comprado al ex diputado Aparicio, pero nunca se hizo la transferencia. Ahora había sido contratado por una empresa radicada en la ciudad correntina de Bella Vista.
Rubén Maurín fue detenido el 16 de este mes en Monte Quemado, cuando circulaba en una camioneta Ford Ranger, patente OEK 968. Unos kilómetros detrás, en Taco Pozo, fue interceptado el camión con la carga de droga. Para la Justicia, Maurín habría actuado como "puntero" para detectar cualquier control de las fuerzas de seguridad en la ruta.
El imputado tiene como defensor al mismo abogado que representó a Delfin Castedo, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de la productora rural Liliana Ledesma y vinculado con el letrado Carlos Salvatore, condenado por la megacausa narco conocida como Carbón Blanco.
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