Ahora, la provincia quedó en el ojo de la tormenta por el regreso a Fase 1 en algunos departamentos, las denuncias por hacinamiento en los centros de atención sanitaria y la imposibilidad de las personas asintomáticas o con síntomas leves de cumplir con el confinamiento en sus domicilios.

Infobae se comunicó con la abogada y concejala de Formosa capital Gabriela Neme, quien denunció a Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por “propagar la pandemia del coronavirus” e “incumplir con sus deberes de funcionarios públicos”. “Las personas contagiadas y las que todavía están esperando el resultado de su hisopado están todas juntas en el mismo lugar. No las dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, señaló la letrada.

Ante esta situación, el senador formoseño Luis Naidenoff, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo en el Juzgado Federal de la provincia para pedir que el Estado se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas con COVID-19 positivo o que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado, y se disponga el aislamiento en domicilios particulares. También solicitó que se corrijan las condiciones en las que se cumple el confinamiento en los centros de aislamiento, particularmente en el montado en el Estadio Cincuentenario.

“Alrededor de 250 personas fueron alojadas (en el Estadio Cincuentenario) por ser casos positivos leves o de contacto estrecho. No se respetan las mínimas condiciones de higiene y salubridad ni las recomendaciones sobre el aislamiento efectuadas por el ministerio de Salud de la Nación”, se precisa en el hábeas corpus.

Hay dos hechos principales que motivaron al senador Naidenoff a presentar el hábeas corpus. En primer lugar, que las personas son llevadas a los centros de aislamiento “sin su consentimiento, en contra de su voluntad, o sin hacerle saber que tienen otras opciones”, por lo que ven restringida su libertad. El otro motivo hace referencia a que si una persona se niega a la internación, se la amenaza con ser imputada por violación del artículo 205 del Código Penal (que habla sobre el impedimento de la propagación de una pandemia).

En diálogo con Infobae, Naidenoff señaló que el gobierno de Insfrán está “absolutamente convencido” de que la única manera de controlar o mitigar los efectos del virus es bajo el control y la presencia estatal, y que descree de la responsabilidad individual de los formoseños. Según su testimonio, hay un Estado “policíaco que te asfixia” a tal punto que “nadie se va a querer hisopar por temor a quedar privado de su libertad”.

¿Cómo puede describir la situación en Formosa?

—El problema principal tiene que ver, más que con la política sanitaria, con la de seguridad que implementa el gobierno para enfrentar la pandemia. Es la única provincia de la Argentina en donde no se concreta la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación de que los portadores asintomáticos o con síntomas leves cursen el aislamiento en sus domicilios: acá todos tiene que ir a un centro de aislamiento. Al principio, estos centros se implementaron en muchas provincias porque había un desconocimiento importante sobre cómo enfrentar el virus. Pero la realidad es que prácticamente pasó un año de eso y en Formosa estamos en Fase 1. No se aprendió a mejorar las prácticas en todos estos meses y se profundizaron las medidas de restricción de la libertad.

—¿Cuál es el problema con los centros de aislamiento que se encuentran en todo el territorio provincial?

—En realidad son centros de privación de la libertad, donde hay tratos crueles e inhumanos. Es la única provincia en la que los laboratorios privados no están habilitados para hacer el PCR y hay un control asfixiante. El Gobierno reconoció hoy por primera vez que en la ciudad capital hay una circulación viral de baja intensidad, pero volvió a prorrogar la Fase 1. Nunca tuvo la capacidad de conciliar con inteligencia el andamiaje económico y el sanitario. Ahí tenés el mayor inconveniente: la gente no va a querer hisoparse por temor a terminar privada de su libertad, porque los centros de aislamiento van en contra de todo tipo de recomendación de tratados internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y viola todos los derechos humanos fundamentales. El remedio va a ser peor que la enfermedad.

—¿Por qué decidió presentar un hábeas corpus?

—Yo ya presenté un hábeas corpus en mayo ante la Corte Suprema por los formoseños varados. Nos pasamos meses litigando contra la provincia porque impedía el ingreso de sus propios ciudadanos bajo el argumento de que podían ser potenciales portadores del virus. Ahora el hábeas corpus lo presenté ante el Juzgado Federal de la provincia de Formosa y la jueza se declaró incompetente, por lo tanto la Cámara Federal de Apelaciones, que está en Resistencia, Chaco, tiene que resolver la cuestión de la competencia. Lo presenté por la vulneración de los derechos humanos que hay en la provincia y porque las decisiones que se toman van en contra de cualquier eje de racionalidad. Un delincuente en la Argentina privado de su libertad por crímenes horrendos tiene, en algunos casos, más derechos que algunas de las personas que están aisladas en los centros que dispone la provincia.

¿Cree que no hay un estado de derecho en Formosa?

—No se trata de si hay un estado de derecho o no. Estamos hablando de un Gobierno que toma medidas que restringen la libertad. Creo que las medidas que se aplican son medidas de un estado de sitio sin título de tal.

—¿Qué busca usted con este procedimiento?

—Lo que queremos es que las personas puedan cursar o transitar sus días de aislamiento en sus domicilios, si están dadas las condiciones. Es lo que nos plantea la gente y es un derecho humano fundamental que tiene que ver con la libertad de decidir. Hay otro problema muy grave que es el error que se cometió en el Estadio Cincuentenario y otros centros de aislamiento: en esos lugares hoy conviven asintomáticos con aquellos que ingresaron a la provincia con PCR negativo y otros con síntomas leves. No hay un seguimiento de los casos ni distanciamiento social, los baños son individuales, no hay espacios de aireación, no están dadas las condiciones mínimas para cumplir con las recomendaciones que se exigen en este marco.

—El ministro de Gobierno Jorge Abel González me dijo que respetan todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y que no hay hacinamiento ni malas condiciones en los centros de aislamiento.

—Las imágenes, lamentablemente, hablan por sí solas y nos demuestran el peor rostro de lo que está pasando.

¿Por qué cree que en Formosa hay una presencia tan fuerte del Estado y se sigue implementando como medida el aislamiento obligatorio en los centros que se montaron en toda la provincia?

—Porque el Gobierno está absolutamente convencido de que la manera de controlar o mitigar los efectos del virus es 100 por ciento con control y presencia estatal. Los criterios que recomiendan el Presidente de la República y los Gobernadores de la Argentina, como la responsabilidad social, el barbijo y el distanciamiento social, no los aplican. El Gobierno no cree en la responsabilidad individual de los formoseños, por eso apuesta al control y, ante el aumento de los contagios, una mayor apertura de los centros de aislamiento. Es la contracara de las recomendaciones de vivir en pandemia: el desafío es convivir con ella. El peor error tiene que ver con la política que instrumenta de miedo, porque es un estado prácticamente policíaco y asfixiante. No lo digo por las fuerzas de seguridad, sino por el estado en sí, que te quita libertades. Este instrumento va a terminar mal porque hay cansancio social.

Durante el martes comenzaron a circular videos en las redes sociales que muestran la detención de integrantes de la comunidad wichi en San Miguel de Formosa. Sucede que, a raíz del bloqueo de rutas que impuso el Gobierno provincial, ellos quedaron aislados y no pueden trasladarse a las localidades más cercanas que cuentan con un banco para poder retirar el dinero. Por ello, decidieron manifestarse para solicitar que, al menos, pusieran a su disposición un cajero móvil. Pero la policía provincial respondió con violentas detenciones.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional de Formosa denunció que la policía maltrató y detuvo a los miembros de las comunidades wichis. Al respecto, Naidenoff manifestó: “Lo que se vive con las comunidades tiene que ver con la negativa de muchos a cursar el aislamiento en los centros que ha montado el propio gobierno, que en vez de interpretar la cuestión cultural, apela al uso de la fuerza. Esto va a terminar muy mal porque no se puede imponer un aislamiento compulsivo con la prepotencia o el uso de la fuerza”.

Concluyó el senador: “No hay nada nuevo bajo el sol. El Gobierno nunca ha modificado su posición. Esto arrancó con los varados, en mayo del año pasado, y no aprendieron la lección. Se volvió a Fase 1, se aplican políticas más restrictivas en materia de derechos y hay una vulneración de derechos humanos que nos duele a todos”.