La virulencia de los incidentes entre los manteros y la Policía en un operativo contra el comercio ilegal en la víspera de Reyes encendió el alerta en la Municipalidad; más precisamente, en la Subsecretaría de Control Comercial.

El titular del organismo, Marcelo Scarponetti, señaló a El Tribuno que el jueves se puso en evidencia la necesidad de que tanto la Provincia como la AFIP profundicen sus controles contra el comercio ilegal.

En la misma línea se expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Orán, Mabel Bruno, quien denunció que “ya es imposible competir contra el comercio ilegal, porque venden a mitad de precio, no emplean gente y no pagan impuestos”. Por su parte, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, advirtió que el tema del comercio ilegal dejó de ser un problema de frontera y se nacionalizó.

“Es evidente que detrás de los manteros se esconde una red muy bien organizada que comercializa dentro de la ciudad elementos ilegales y de contrabando”, destacó Scarponetti, quien remarcó que los incidentes sobrepasaron la competencia municipal.

Por eso el funcionario pidió ayuda a la AFIP -precisamente el área de Aduana por la presencia de mercadería de contrabando-, a la Policía de la Provincia y a la Brigada de Investigaciones, “para que investiguen quién provee de mercadería ilegal a estos vendedores”.

Scarponetti remarcó que “los incidentes del jueves fueron el corolario de una situación que arrancó con la proliferación en las últimas semanas de vendedores ilegales que coparon las calles y espacios públicos en el micro y macrocentro salteños”.

El titular de Control Comercial destacó que el área que comanda recibió un sinfín de denuncias al 0800 por parte de comerciantes legales y vecinos que reclamaban por la presencia de estos vendedores en la zona de calles Mendoza, San Martín e Ituzaingó.

Sin embargo, aclaró que no se debe perder de vista que los manteros son personas necesitadas de trabajo y que ésa fue una de las razones por las que se opusieron al desalojo y enfrentaron a los inspectores y a la Policía. “No obstante, la ley está para cumplirse y nosotros, como organismo de control, debemos ocuparnos de que así sea”, destacó.

Scarponetti dijo que la Municipalidad ayudará a la gente que fue desalojada a través de las áreas que correspondan y, si desean ajustarse a la normativa vigente, se les asignará un lugar fijo donde puedan desarrollar su actividad. “Para ello deberán estar inscriptos como vendedores ambulantes”, advirtió.

Si bien el funcionario contempló la necesidad de trabajo de estas personas, fue tajante al dejar en claro que buscarán que se ajusten a la ley para que los comerciantes que pagan impuestos y contratan empleados en blanco no sientan que el Estado comunal les dio la espalda”.

“Los salteños debemos hacer un examen de conciencia y decidir en qué ciudad queremos vivir: si en una ordenada y con respeto por los derechos de todos o en una anárquica en la que cada uno hace lo que le parece sin preocuparse por los demás”, dijo. De esta manera, Scarponetti apeló a la responsabilidad y la conciencia de los salteños que compran en estos lugares no habilitados: “Los impuestos de los comerciantes que trabajan ajustados a la ley vuelven en servicios a la comunidad, es responsabilidad de todos que la ciudad cuente con esos fondos”.