La Nación deberá abonarle a Mendoza una cifra superior a los $ 1.000 millones por saldos relativos a dos impuestos que quedaron pendientes de ser cancelados en los últimos años. Lo hará en doce pagos que empezarán a hacerse efectivos en los próximos días, según explicaron desde el Ministerio de Hacienda. Responde a un inciso del nuevo acuerdo fiscal al que suscribió la provincia.

La cifra aún no está completamente definida, pero en Casa de Gobierno hicieron cuentas y estiman que podría ser cercana a los $1.150 millones. El número se va a confirmar luego del jueves 13 de enero, la fecha en que se conozca la inflación del mes de diciembre y, por lo tanto, el porcentaje definitivo del índice de precios para 2021.

A partir de ahí, ya con un número claro, las arcas del Estado nacional comenzarán los desembolsos tanto a Mendoza como a otras provincias a las que correspondiera. Lo harán en cuotas mensuales que se pagarán desde fines de este mes hasta diciembre del 2022.

La medida está contemplada en el acuerdo firmado por Rodolfo Suarez a comienzos de la semana pasada. Fue incorporado para subsanar los fondos que perdió cada provincia con el Consenso Fiscal anterior (firmado durante la presidencia de Mauricio Macri en noviembre de 2017).

Aquella resolución perjudicó a las acreencias provinciales al eliminar el artículo 104 del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Cheque. Desde la cartera que conduce Víctor Fayad explicaron a Diario UNO que “el nuevo pacto obliga a abonar saldos pendientes que se desprenden de cuatro artículos en la Cláusula II del acuerdo fiscal previo”.

Los puntos a los que hacen referencia no sólo implicaban ese pago, sino que además obligaban a una actualización trimestral de esas compensaciones basándose en la inflación. El texto dice que la suma a recibir por las provincias “deberá ser destinada a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial”.

Resta la confirmación en la Legislatura

La polémica tras la adhesión mendocina al acuerdo comienza a quedar atrás. Incluso algunos de los sectores que fueron más críticos con Suarez por haberse sumado al pacto, ya comenzaron a retroceder y analizan votarlo afirmativamente en el mes de febrero, cuando el texto llegue a la Cámara de Diputados de la provincia.

El procedimiento de validación legislativa es otro de los puntos exigidos por el nuevo texto, y a cada uno de los 23 gobernadores que suscribieron les tocará ratificarlo en sus distintas legislaturas. Para esto, algunos hicieron foco en que siguen estando por debajo de los topes impositivos que permite la Nación desde este año.

Es el caso del gobernador y los otros dos mandatarios radicales que se sumaron: Gustavo Valdés de Corrientes y Gerardo Morales de Jujuy. Los tres compartieron hace días una imagen que compara de 19 tributos en los cuales las alícuotas no superan ninguna de permitidas por el nuevo pacto. En el caso de Mendoza, algunas llegan a quedar un 3% por debajo.