Javier Fuego Simondet

En los despachos de intendentes y en los recintos de los Concejos Deliberantes de muchos municipios bonaerenses, se rubricaron varios incrementos en la carga tributaria local que instalaron polémicas y, en algunos casos, escalarán hasta los estrados judiciales.

En Hurlingham, el gobierno del dirigente de La Cámpora Damián Selci (Unión por la Patria) consiguió la aprobación de un aumento de la Tasa de Servicios Generales (alumbrado, barrido y limpieza) que va desde un 40% en las zonas de propiedades más baratas, hasta un 200% en las de mayor valor.

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“Son nueve zonas y el aumento promedio es del 90%”, explicó a LA NACION una fuente del oficialismo de Hurlingham, que graficó: “El municipio paga $500 millones por mes por la recolección de residuos. Hurlingham tiene 50.000 frentes. Ergo, la recolección diaria de las bolsitas de cada frente le sale al municipio $10.000. Y la tasa promedio era de $3500″. El gobierno local justificó los aumentos “por el saldo de la gestión anterior” (de Juan Zabaleta), que dejó “un municipio fundido”.

La aprobación del incremento, el 23 de enero, fue controvertida. “La sesión estaba convocada para las 18, y desde las 14 llenaron todo de punteros y patovicas que no dejaban llegar a los vecinos al Concejo. Pedimos que la sesión se hiciera en la calle, o que se pusiera un parlante”, afirmó a LA NACION el concejal Juan Manuel Lorenzo (Juntos por el Cambio). En el gobierno local atribuyen todo a una cuestión de capacidad del recinto. “Ellos convocaron en redes a las 17, y nosotros convocamos a la militancia a las 15. Se llenó el lugar”, relativizaron.

La oposición de Hurlingham también cuestionó la creación de nuevas tasas. “Aumentaron todas las tasas. La de Servicios Generales, hasta 200% y la ataron a la inflación mensual. Crearon tasas nuevas, como un fondo para clubes, o una ‘Tasa de Limpieza Especial’ para juntar ramas de más de un metro, como las caídas por el temporal [del 16 de diciembre], o un bono contribución para organismos del Estado nacional, pero no provincial”, reprochó Lorenzo. En las filas oficialistas dijeron que “la tasa a organismos provinciales ya estaba y ahora se agregaron los nacionales”.

En Pilar, donde gobierna Federico De Achával (Unión por la Patria), se aprobó a mediados de enero una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio. En la intendencia indicaron a LA NACION que la tasa “existe en la mayoría de los municipios grandes, está destinada a hacer asfaltos y mejorar las calles” y que, al ser las estaciones de servicio los agentes de retención, “hace que paguen quienes más usen la vía pública”.

Los intendentes de Pilar y General Pueyrredón cobran un impuesto adicional por la recarga de combustible en sus distritosRodrigo Néspolo - LA NACION

En sectores de la oposición pilarense, ya redactan recursos judiciales para frenar el gravamen. “Estamos preparando recursos de amparo, porque esta tasa ya fue declarada inconstitucional en otros municipios. En épocas del exintendente [Humberto] Zúccaro, cuando estaba en el Frente Renovador, funcionarios que hoy están en el gobierno presentaron pedidos de inconstitucionalidad, y ahora dicen que es un tributo necesario porque Milei no manda plata”, afirmó Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica de Pilar, en diálogo con LA NACION. En una cuenta aproximada, sin contabilizar el último aumento, en la Coalición Cívica local calculaban que la tasa encarecía en unos $1200 llenar un tanque de 40 litros.

Yofe añadió que en Pilar se implementó también una “tasa a las compras en supermercados [Tasa de Protección Ambiental]” y otra “a las empresas, por cada empleado”. Desde la municipalidad, defendieron la tasa ambiental: “Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo; está destinada a implementar políticas de sustentabilidad, disminuyendo residuos; los agentes de retención son supermercados, shoppings e industrias”. En Pilar, como en Hurlingham, también se aprobó un porcentaje a cobrar por las consecuencias del temporal.

La tasa vial de Pilar se emparenta con la de General Pueyrredón, aunque en este caso se aplica un porcentaje al total de la compra. El intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) logró que el Concejo le aprobara una tasa vial del 1,86% sobre el total de la compra. Tal como informó LA NACION el último jueves, la iniciativa del intendente de Pro es vista con desconfianza por los expendedores de combustibles de Mar del Plata, ciudad cabecera del distrito, que sospechan que puede alentar a los automovilistas a abastecerse en localidades vecinas libres de esa tasa.

En distritos bonaerenses del interior, también se anunciaron nuevos tributos. En Azul, el intendente Nelson Sombra; en General Guido, el jefe comunal Carlos Rocha, y en Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, todos de Unión por la Patria, cobran nuevas tasas para el sector rural y enfrentan una fuerte oposición.