Se cerró la instancia promovida por el STJ ante el "fracaso de la política", como había expresado su Presidente. Pero también fracasó la Justicia en su rol mediador.

La vía de la mediación judicial finalmente no fue efectiva para resolver el entuerto entre el Gobierno provincial y cinco municipios administrados por el justicialismo, en torno a la distribución de un punto extra de coparticipación (del 18 al 19 por ciento) fijado por la Ley de Presupuesto vigente, aunque sirvió para instalar en términos de opinión pública un tema de alto impacto, así como para que dentro del Tribunal se advierta la predisposición de las partes, un dato relevante a la hora de inclinar la balanza.

Ayer se cerró esta instancia promovida por el Superior Tribunal de Justicia ante el "fracaso de la política", como había expresado el presidente del cuerpo, Guillermo Semhan. Pero ayer también fracasó la Justicia, al menos en su rol mediador, aunque en los mentideros políticos se descartaba que la iniciativa estaba condenada al fracaso.

Ahora el STJ deberá resolver la cuestión en forma "clásica", esto es, pronunciándose sobre la medida cautelar interpuesta por los municipios, para lo cual tiene plazos imperativos. Dicho de otro modo, el Superior Tribunal debe decidir si ordena al Poder Ejecutivo restituir los fondos coparticipables retenidos a las comunas desde el 1 de agosto último, o bien si considera legítimo que el Gobierno provincial pueda direccionar por vía de Decreto tales recursos.

Agotada la mediación judicial, el escenario político se traslada ahora a la Legislatura, donde algunos senadores de las bancadas oficialista y opositora negocian una ley consensuada que pueda destrabar el conflicto suscitado (ver página 2).

UN BACHE

FINANCIERO

Pero hasta que esa Ley se apruebe, para los municipios afectados se produce un bache financiero entre el 1 de agosto (fecha en que entró en vigencia la nueva coparticipación del 19 por ciento) y el momento en que dicha Ley se haga efectiva. ¿Cómo se cubre ese "bache"? Es lo que debe resolver la Justicia, según lo interpretó ayer el jefe del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de Corrientes, Justo Pío Sierra, quien encabezó el grupo de negociadores municipales.

El doctor Sierra le dijo ayer a EL LIBERTADOR que se llegó "a un punto de inflexión" en el proceso de mediación que intentó el Superior Tribunal de Justicia en el conflicto de poderes que se produjo entre el Ejecutivo provincial y cinco municipios por la distribución de fondos de coparticipación.

"Para salvar su error, el Poder Ejecutivo provincial pretende hacer valer el Decreto (Nº 2.034) hasta que se apruebe la Ley y que nosotros desistamos de la acción judicial", señaló, y agregó: "Vamos a respetar la ley, pero no al Decreto, que consideramos inconstitucional y violatorio de la Ley 6.251 de Presupuesto".

Por eso, el equipo legal de los municipios interpuso la medida cautelar, precisamente para que el Superior Tribunal decrete dejar sin efecto el improcedente Decreto 2.034, paso que fue interrumpido por la tentativa mediadora del STJ que ayer recibió su certificado de defunción.

"Esperemos ahora que el Superior Tribunal, en defensa de la Constitución y la Ley, ordene al Ejecutivo cesar con la indebida retención y destrabe los fondos que legítimamente son de los municipios", explicó Sierra.

-¿El Superior Tribunal tiene un plazo para pronunciarse? -preguntó EL LIBERTADOR.

-Debe ser inmediato. A más tarde, lunes o martes próximo -respondió.

Cabe recordar que ya hace unos veinte días atrás, el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes había aprobado, a través de su bloque mayoritario, un proyecto de declaración repudiando el Decreto 2.034 por considerarlo inconstitucional, ilegal y lesivo para la autonomía de los municipios.

En esa misma línea expresaron que existe un intento del Gobernador de direccionar los fondos y ponerse, en cierta medida, en administrador de los fondos municipales, facultad perteneciente al Intendente.

apuntes de la jornada

    Ahora el STJ deberá resolver la cuestión en forma "clásica", esto es, pronunciándose sobre la medida cautelar interpuesta por los municipios, para lo cual tiene plazos imperativos. Dicho de otro modo, el Superior Tribunal debe decidir si ordena al Poder Ejecutivo restituir los fondos coparticipables retenidos a las comunas desde el 1 de agosto último, o bien si considera legítimo que el Gobierno provincial pueda direccionar por vía de Decreto tales recursos.

    "Para salvar su error, el Poder Ejecutivo provincial pretende hacer valer el Decreto (Nº 2.034) hasta que se apruebe la Ley y que nosotros desistamos de la acción judicial", señaló Justo Pío Sierra, y agregó: "Vamos a respetar la ley, pero no al Decreto, que consideramos inconstitucional y violatorio de la Ley 6.251 de Presupuesto".

    Ya hace unos veinte días atrás, el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes había aprobado, a través de su bloque mayoritario, un proyecto de declaración repudiando el Decreto 2.034 por considerarlo inconstitucional, ilegal y lesivo para la autonomía de los municipios.