El secretario de Gobierno municipal, Pedro Sánchez, señaló que desde la comuna se desea que la Justicia de "una solución integral" al tema de las tomas de tierras, "y no generar precedentes para un montón de gente que espera desde hace muchos años un lote social".

Las declaraciones del funcionario comunal fueron realizadas en el marco de la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercaial de suspender la sentencia de desalojo que existía sobre uno de los lotes de la toma surgida en el año 2009 en el barrio Santa Clara.

Durante la audiencia, desarrollada la semana pasada entre una de las ocupantes y uno de los que reclama la propiedad de un lote, la Justicia abrió un plazo de 60 días hábiles para que la ocupante de ese lote y el resto de las familias ocupantes, se organicen en una cooperativa o asociación civil, a los fines de presentar una propuesta tendiente a la adquisición de las tierras.

Sánchez señaló a la agencia APP que al final de la audiencia requirió al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Néstor Busso, en función que tiene relación "con Nación y con nosotros" que "coordinara las reuniones que ellos consideraran pertinentes" por esta problemática.

Hay que recordar que en esa audiencia, además de Sánchez y Busso estuvieron presentes funcionarios de la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat, como así también funcionarios provinciales del área de Desarrollo Social.

El secretario de Gobierno consideró que le pareció bien el resultado de la audiencia, un impasse de 60 días hábiles, avalado por las partes, para tratar de alcanzar una solución, pero indicó que al municipio le preocupa que se fije un precedente negativo en función de dar aval a las tomas, en desigualdad con las familias que pacientemente esperan acceder legalmente a un lote social o a una vivienda.

El funcionario recordó que en esta causa el Tribunal ya opinó, más allá que un fallo de segunda instancia no quedó firme por una instancia de casación.

Indicó que "son instancias que la justicia tiene, que me parece bien, pero queremos una solución integral" por el tema de la ocupación de tierras y no fijar "precedentes".

Sobre este tema, el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, dijo que en la audiencia "los tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal manifestamos que aquí hay un problema social que requiere una solución", y hubo una respuesta acorde, dando 60 días hábiles, "que eventualmente puede ser prorrogado por acuerdo de partes, para encontrar una definición".

Adelantó a la agencia APP que "hay de parte de los ocupantes una intención de compra de los terrenos, así que esperemos llegar a un acuerdo". Mientras agregó que "hay otros precedentes de este tipo en el país, pero no lo había a nivel provincial.

La toma del barrio Santa Clara se inició en el mes de enero de 2009 y cuenta en la actualidad con aproximadamente 270 habitantes, divididos en 75 familias de las cuales 65 se encuentran totalmente establecidas en el lugar con casas de material.