El municipio de Carlos Pellegrini tiene una fecha tope para alcanzar un acuerdo con la empresa Pampa Oeste: el 22 de octubre. De no avanzar en una solución ante el conflicto iniciado por el robo “por decreto” del frigorífico local, el Ejecutivo quedará fuera de su explotación y el titular de la firma, Gabriel Berterreix, podrá recuperar las instalaciones a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La administración del intendente radical Miguel Ángel Pacheco quedó excluida de la dirección bromatológica y tributaria del predio, por lo que, de no alcanzar un entendimiento ante el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, el presidente de Pampa Oeste pasará a la orbita del organismo nacional.
Berterreix acusa al mandamás pellegrinense de negarse a acordar con su firma luego de volver a comprar el frigorífico que el municipio le robó “por decreto” en 2004. Ese año, el empresario denunció a la comuna por el desalojo al que fue sometido y al por entonces juez de Faltas Héctor Ferreyrola, actual presidente del Concejo Deliberante, como responsable jurídico de que le revocaran por decreto la concesión del predio que dos años antes le reconocieran, derivando las acciones en un estudio de Trenque Lauquen “del mismo color político”.
La nueva compra la hizo luego del intento fallido y “desierto de licitación y venta” ordenado por el municipio, pero el Ejecutivo se niega a permitirle la escrituración. Hoy, los concejales y la comunidad de Pellegrini le reclaman a Pacheco que llegue a un acuerdo con Pampa Oeste a fin de alcanzar la “solución” de un conflicto que ya lleva más de una década. En ese pedido coinciden también la Sociedad Rural local y la Cámara de Comercio: según reconocen por lo bajo, el intendente de la UCR “faltó a la verdad ante el pueblo y su propia tropa”.
Hace 15 días, el titular de la empresa recibió una carta documento del municipio en la que le notifican que ya están a su “disposición” los inmuebles del predio que motivaron su denuncia judicial por “hurto”, lo que Berterreix interpreta como “una muestra de debilidad y una vergüenza”.
“Como fue una decisión personal, el intendente negó la compra el 1ª de julio, cuando llevaron engañado a Jorge Taylor (NdelaR: director de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria bonaerense), que luego fue exonerado”, recordó. En efecto, después de esa visita, el funcionario de la cartera que conduce Gustavo Arrieta dejó el cargo.
En declaraciones a NOVA, Gabriel Berterreix señaló que la “irresponsabilidad” de Pacheco y el secretario de Gobierno, Hugo Lacaze, “están llevando al fracaso a los jóvenes Gustavo Balbo e Iván Mataluna“, directores de Producción y Obras Públicas respectivamente, a quienes les contaron “una parte del litigio, enfrentándolos conmigo”.
El empresario de la carne destacó que ambos “son funcionarios honorables y con muchas ganas de trabajar por el bien de todos los pellegrinenses en las áreas competentes”, aunque “el problema es que se toparon con la mala fe del intendente”.
Luego de sus reclamos al gobernador Daniel Scioli, Berterreix recibió el 31 de agosto pasado una carta en la que la administración provincial deriva el conflicto al Ministerio de Trabajo, que encabeza Oscar Cuartango.
Desde que se inició el litigio, el Ministerio de Asuntos Agrarios le pide tres requisitos a Berterreix para permitirle la rehabilitación higiénico-sanitaria del establecimiento: la oficialización de su carácter de ocupante legal, el certificado final de vuelco de efluentes, otorgado por la Autoridad de Agua, y el certificado de aptitud ambiental.
El empresario denunció en su momento que “pararon la actividad, me lo intentaron robar por decreto y por una deuda tributaria que se canceló el 1º de diciembre del 2004. No le debía un peso al municipio”. Por eso ahora ultima detalles para comenzar a operar en el predio bajo la órbita del Senasa, a cargo de Marcelo Miguez.
Berterreix también acusa al municipio por haber convertido el predio en un “basurero municipal”, lo que obstaculiza la obtención del certificado de aptitud ambiental. Ahora puede ufanarse de que el intendente Pacheco ordenó desactivar la extracción de los inmuebles de su propiedad luego de la denuncia por “hurto”.
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