Se supone que detrás de todo, está la complicidad del nuevo intendente electo, Roberto Giubetich, de fuerte conexión con Alicia Kirchher y Pablo Grasso.

Sintéticamente la situación es así: la actual gestión interina de la municipalidad de Río Gallegos, denunció que se cometió un fraude de alrededor de 1 millón de pesos contra el municipio, en virtud que desde el área informática se habrían dado por “pagado” impuestos que los privados que figuran en una larga lista de 150 contribuyentes, no habrían efectuado efectivamente, sino que en el sistema se los declaró “sin saldos pendientes”, cuando en realidad seguían como deudores.

Esto hizo que el Intendente interino, Pablo Grasso (FPV) y el Secretario de Hacienda, Ariel Ivovich, hicieran declaraciones al respecto, magnificando las acciones de este verdadero fraude en contra de la administración pública y generando una movida que incluyó la convocatoria a los vecinos para establecer si habían pagado o no los impuestos y en ese caso, determinar quiénes seguían siendo deudores del sistema.

Lo cierto es que el Ejecutivo nunca hizo al denuncia penal y tampoco marcó a los responsables del fraude interno en el municipio. Solo se limitaron a realizar acciones declarativas, pero no se conoce que tanto Pablo Grasso, como Ivovich, hayan realizado una denuncia en la justicia.

A escasas horas de la entrega del mandato al intendente electo Roberto Giubetich (UCR), el municipio declaro que “han recuperado el dinero defraudado” y que entregan la administración con este paso resuelto, cuestión que ahora proseguirá el intendente entrante.

La falacia del municipio es evidente. Lo que hicieron, en realidad, no es recuperar dinero para el municipio, sino cambiar el estado de la deuda de “cobrado” a “adeudado”, como debiera haber permanecido registrado. Ahora bien, lo que no hizo el intendente interino, es, en primer lugar, denunciar penalmente a los responsables, en segundo término investigar cuánto dinero hubo detrás de esas cancelaciones truchas, pues se supone que si alguien “canceló” la deuda de un contribuyente, sin que éste haya pagado efectivamente al municipio, ha sido a cambio de un favor económico por fuera de la estructura administrativa de la municipalidad, es decir, recibió una coima ¿Quiénes son los coimeros? ¿Dónde están las denuncias?. De esto el intendente no denunció nada, como tampoco denunció al intendente renunciado, Raúl Cantín, durante cuya gestión se efectuó el ilícito.

Fuentes altamente confiables de la municipalidad, le señalaron a OPI que el intendente entrante, Roberto Giubetcih (UCR), está absolutamente al tanto de lo que ocurre y que, precisamente, en acuerdo con Pablo Grasso, le pidió “blanquear” la situación antes de asumir; no obstante, las mismas fuentes advierten que Giubetich ha tomado un compromiso cierto con el FPV de no investigar ni denunciar a Raúl Cantín y obviamente a Grasso, por las irregularidades y el vaciamiento de la municipalidad de Río gallegos, durante los casi 4 años que duró su mandato, a cuya renuncia Grasso encontró solo 340 mil pesos en la caja de la comuna.

Para “colorear” este proceso inocuo de la denuncia que hizo el Ejecutivo municipal, pero que no llegará a ningún lado, porque es una puesta en escena para el recambio político, intervino el Tribunal de Cuentas que amenaza con una denuncia que no se formalizó y que, quienes conocen la interna, nunca se formalizará. (Agencia OPI Santa Cruz)