Las trabas que impone el Municipio de Resistencia a la habilitación de obras, la propia intendente señaló que existen alrededor de 900 proyectos esperando su aprobación, confirmando la ineficiencia con que se maneja su gestión en esa materia; además de las demoras en el otorgamiento de permisos, se han convertido en un verdadero escollo para el desarrollo de la ciudad que intenta crecer.

Desde el oficialismo han reconocido dichas demoras pero no han encarado las medidas correspondientes para revertir esta situación, por el contrario han salido a la caza de supuestos infractores, llevando la persecución a niveles impensados, como la pretensión de clausurar edificio habitados.

Según explicó el secretario adjunto de los municipales capitalinos, Facundo Sampayo, la gran mayoría de los edificios construidos en los últimos años no cuentan con la certificación de finalización de obra y por lo tanto sus departamentos no tributan a la comuna. Desde el sector inmobiliario expresan que la demora en otorgamiento definitivo ha llevado a que el propio Municipio otorgue permisos provisorios hasta el definitivo esté debidamente confeccionado; lo que habría provocado el desplazamiento de Oscar Bonfanti de la Secretaría de Obras Públicas, debido a que el propio gremio le impidió el ingreso al Municipio.

Las empresas del sector llevaron su preocupación al Ministerio de Gobierno, entendiendo que las consecuencias de esta "caza de brujas" lanzada desde el Municipio puede derivar en situaciones no deseadas, como la paralización de inversiones privadas, la pérdida de puestos de trabajo y un importante freno al mercado de materiales que viene creciendo a ritmo sostenido en los últimos años.

La Justicia de Faltas ya ha clausurado alrededor de 15 obras solamente en el mes de diciembre, lo que llevaría a las empresas constructoras a despedir personal por la imposibilidad de continuar con su trabajo, sin que desde el Municipio aporten alternativas para destrabar esta situación.

Pero el tema no se limita a las obras en ejecución sino a aquellos edificios que ya han sido habilitados y cuyos propietarios o inquilinos se encuentran habitando. Porque la propia jueza de Faltas Alicia Gutiérrez explicó a Radio Facundo Quiroga que aquellos edificios de hasta 5 años de antigüedad deberán cumplir con determinadas normas de seguridad, como escaleras presurizadas, de lo contrario podrían llegar a la clausura. Pudiendo solicitar a la justicia se ordene el desalojo de los mismos.

Según representantes del sector, ningún edificio de la ciudad, especialmente los edificios públicos como la Casa de Gobierno o el anexo de la Cámara de Diputados, cumplen con las exigencias de la Municipalidad de Resistencia y si se aplicara el mismo criterio se paralizaría la administración provincial.

Es que para responder a su voracidad recaudatoria, que le permita afrontar el crecimiento del gasto público, Resistencia busca aumentar su recaudación sin mejor el funcionamiento de la Dirección de Obras Particulares o abordar las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano que permita acompañar el crecimiento de una ciudad que a pesar de sus funcionarios quiere entrar en el Siglo XXI. Por el contrario, lanzó una cacería que amenaza con paralizar un sector que ha generado numerosos puestos de trabajo y contribuido al crecimiento de una capital provincial que aún no ha encontrado su techo en materia de oferta de departamentos.