Justamente esos empleados no recibirán el beneficio del incremento de los $180 al salario mínimo comunal que pasó de $3.600 a $3.780 y que se pagará con los haberes de julio a partir de la semana que viene. Al­canza a los empleados de planta y contratados. Extra­ñamente el desconocimien­to del jefe comunal sobre la cantidad de empleados que no están regularizados no coincide con la primera acción de gobierno que eje­cutó apenas asumido en el cargo el 11 de diciembre pa­sado, cuando ordenó hacer un censo de trabajadores que empezó en enero y se extendió hasta febrero. Los resultados de cuánto es el número real de empleados que posee la principal co­muna de la provincia se des­conocen porque las cifras de ese censo nunca se dieron a conocer. 

En el medio de ese traba­jo, la propia Asociación de Obreros y Empleados Mu­nicipales (Aoem) denunció la existencia de “ñoquis”, agentes que perciben habe­res pero sin actividades la­borales realmente compro­bables. 

Algo que reveló el inten­dente capitalino en la maña­na de ayer es preocupante, ya que existen empleados precarizados desde hace tre­ce años. Según Ríos, son los que tendrán prioridad en el pase a contrato sobre lo cual no precisó cuántos emplea­dos lograrán ese beneficio. Los llamados precarizados perciben salarios extrema­damente bajos con respecto a los contratados y al perso­nal de planta, por lo que el jefe comunal prometió que quienes pasarán a contrato serán los que “más antigüe­dad tengan”. Y confirmó que la precarización en su ges­tión está lejos de ser radica­da. “Será una pauta transpa­rente para el pase a contrato. Comenzamos con un tope de 13 años de antigüedad y para febrero de 2015 no ha­brá trabajador en negro con más de 9 años de trabajo en la Comuna”, anunció con entusiasmo. 

Según cálculos extraofi­ciales serían alrededor de dos mil trabajadores los que están en diferentes planes sociales, pero prestan ser­vicios a la Comuna como si fueran empleados regulares, contratados o personal de planta.

La regularización laboral es uno de los puntos plan­teados en la mesa de Rela­ciones Laborales por parte del gremio comunal, justa­mente esa acción de re­gularizar a los empleados debería haberse iniciado en este mes pero quedó diferida sin fecha estable­cida.

“No puedo decir si son 190 o cuántos los que serán beneficiados. Va­mos a establecer un plan transparente, en términos de definición. Ayer presen­tamos a la representación gremial el proyecto de reso­lución, donde establece un programa en base al censo realizado a principio de año. Vamos a avanzar en un cri­terio de antigüedad y para febrero del año que viene ningún personal que tenga más de 9 años de antigüe­dad, de prestación de servi­cio en el Municipio va a per­tenecer a planta irregular”, explicó el intendente sin dar la cantidad exacta de agen­tes que están precarizados laboralmente.s

Cinco meses para definir nuevos aumentos salariales antiinflación

El censo de municipales demandó casi dos meses, se hizo entre enero y fe­brero pasados. Nunca se dieron cifras oficiales.

Los $180 de mejora que tendrán parte de los agen­tes comunales, personal de planta y contratados, al su­bir el salario mínimo, vital y móvil, resta la discusión de cuánto será el aumento escalonado que dará el Go­bierno comunal a sus traba­jadores. Algo que por ahora no está ni siquiera iniciado en la mesa de paritarias que se reúne todos los jueves. El drama de mantener el poder adquisitivo de los sa­larios estatales y privados ante la espiral ascendente de la inflación no es pro­pia de la gestión comunal capitalina. Idéntico pano­rama se extiende a su par provincial, las autoridades de ésa área diseñaron un esquema de aumentos sa­lariales que ahora empieza a quedar minúsculo ante la subida de precios. Es lo que plantean los sindicatos docentes y los estatales y marcharán con ese reclamo la semana que viene (ver página 6).

Ayer el concejal de la oposición Gabriel Romero (Libres del Sur) dijo : “Hay que seguir bien de cerca las definiciones nacionales y tratar de replicarlas para los sueldos más bajos de los empleados municipa­les locales, para quienes, como todo trabajador, es imperioso no perder el tren del costo de los productos del consumo popular. Yo he querido que el Munici­pio se enganche con este sueldo mínimo de rango constitucional promovien­do una ordenanza que el oficialismo no quiere apro­bar”. Esto último tiene que ver con un proyecto que ya en mayo pasado buscaba igualar el salario mínimo comunal con el nacional y que además de no prospe­rar, generó la caída de una sesión del Concejo Delibe­rante