El municipio nombró al menos a 17 asesores para diferentes áreas en los primeros 7 meses de gobierno de Héctor Gay, los cuales le costaron a las arcas bahienses 1.448.006 pesos.

Los datos surgen del portal Gobierno Abierto y de las órdenes de compra publicadas en esa web, donde figuran los nombres, montos y objetivos de esas contrataciones que empezaron el 10 de diciembre de 2015.

El gasto y la cantidad de asesores de la gestión de Cambiemos viene siendo un misterio para la oposición, que desde el Concejo Deliberante ha emitido varios pedidos de informes. La comuna nunca los respondió.

Lo cierto es que sospechan que bajo la figura de asesores --no cumplen horario y figuran inscriptos como proveedores monotributistas-- se pueden encubrir cargos políticos.

Varios de los nombramientos detectados por “La Nueva.” están en la Secretaría de Infraestructura. Entre ellos, la contratación de una politóloga oriunda de Río Negro para esa dependencia encargada de la obra pública.

Se trata de María Lorena Carballo, que en mayo recibió un contrato de 3 meses por 54.600 pesos (18.200 mensuales) para el “desarrollo de proyectos de normativa, diagnóstico de herramientas de participación ciudadana, políticas de descentralización”, según se describe en la orden de compra.

Además se le encargó un análisis FODA. Esta sigla significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y lo utilizan las empresas como una herramienta de observación estratégica.

Por el mismo monto es la contratación de Clara Miguens, dedicada al paisajismo y radicada en Capital Federal, que figura inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos para prestar servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos.

En la red laboral LinkedIn se presenta como proyectista en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

En mayo fue contratada por 3 meses por la misma cantidad de dinero que Carballo para “desempeñar tareas de asesoramiento para la elaboración de bases y evaluación de propuestas de concursos públicos y privados para el espacio público municipal, desarrollar anteproyectos y asesorar sobre normativas destinadas a la reglamentación del uso del espacio público".

El mismo convenio se le dio a otro arquitecto radicado en Capital. Se trata de Rodrigo Ruiz Medina, contratado por 3 meses y 54.600 pesos, que al igual que Miguens y Carballo “desempeñará tareas de asesoramiento para el diseño de herramientas para tablero de control de procesos de mantenimiento integral destinados a la gestión pública municipal”, describe la orden de compra.

Para no ser la excepción, Ruiz Medina es "líder de Proyecto en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" en la actualidad y ocupó un cargo similar entre enero de 2012 y diciembre de 2013, cuando el presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno.

Moirano, un expediente y dudas

Otro de los nombres que aparece entre los documentos chequeados por "La Nueva." es el de Silvina Moirano.

Según el expediente 2016-410R-554-0-0 fue contratada el 18 de marzo en la Subsecretaría de Planificación para los meses de abril y junio, aunque Gobierno Abierto no muestra órdenes de compra ni figura en la lista de proveedores como el resto de los asesores.

Además existe la solicitud de pedido Nº 603 por el cual la comuna bahiense inició el trámite para pagarle un seguro laboral en febrero pasado. En el mismo aparecen los nombres de Carballo y Miguens.

En la red LinkedIn, Silvina Moirano se presenta como trabajadora de la Dirección General de Obras Comunales del gobierno porteño desde 2014 a la actualidad.

También trabajó en la Dirección General de Regeneración Urbana desde 2011 a 2013, espacios verdes en 2009 y habría comenzado su carrera en el ámbito público como asesora de Proyectos Especiales en 2008.

En el ámbito privado, Moirano, Miguens y Ruiz Medina participaron en varios emprendimientos urbanísticos con una empresa llamada "ARQFA Arquitectos Asociados".

En la web "www.arqfa.com.ar" se pueden ver los trabajos hechos en Pedro Luro, Pehuen Co, Monte Hermoso, nuestra ciudad y Buenos Aires. La empresa figura a nombre de Félix Álzaga y Silvina Moirano.

Instituto Cultural

La figura de asesores también aparece en el Instituto Cultural que encabeza Ricardo Margo. Según Gobierno Abierto, son los que más dinero perciben por la prestación de sus servicios.

Se trata de las contrataciones de Matías Monge, Andrea Guerras y Roberto Valverde, quienes acumulan órdenes de compra por 420.100 pesos en lo que va del año. En todos los casos tienen contratos hasta el 30 de septiembre.

Valverde suma tres órdenes por 175.000 pesos. En todas para “coordinar y planificar actividades con artistas locales, como también su promoción a nivel municipal, provincial y nacional. Así también organización y coordinación de encuentros interdisciplinarios".

Al final de la última orden de compra emitida el 16 de junio se aclara que “el servicio estará autorizado y supervisado por el Director del Instituto Cultural”. Es decir, por Margo.

Guerras ganó 139.500 pesos por sus tareas de “llevar adelante las relaciones institucionales con entidades del sector público y privado, así como la coordinación y comunicación con las diferentes delegaciones municipales, sociedades de fomento, organizaciones civiles, escuelas, entre otros”, según figura en las órdenes emitidas.

Por último Monge obtuvo 105.600 pesos por “articular y gestionar con entidades del sector público y privado y otras instituciones, a fin de promover y financiar actividades culturales para la ciudad".

¿Vigilantes de las redes?

Otra de las áreas con mayor cantidad de asesores es la de Intendencia y Secretaría Privada, en la cual, según Gobierno Abierto, existen 6 cargos de ese tipo. Percibieron 447.000 pesos y fueron contratados para tareas de comunicación, imagen y control de las redes sociales.

Entre los pagos se encuentran los realizados a Lionel Russo, que desde diciembre hasta la actualidad obtuvo órdenes de compra por 60.000 pesos para “analizar el comportamiento de usuarios de redes sociales, observar los reclamos y aplicaciones para community manager”, según el documento por el que se efectuó su contratación.

Similar es el caso de Pablo Fernández Rozas, que figuraba como asesor en comunicación institucional hasta el 30 de junio para planificar y ejecutar campañas en Facebook y otras redes sociales. Además, hay dos contrataciones por 15.000 pesos mensuales para asesoramiento en comunicación institucional para Daniel Chaparro y Ariel Cóceres. El primero percibió 81.000 pesos en lo que va del año, mientras que el segundo, 51.000.

Quiénes son y cómo llegaron a esos puestos depende desde el lugar que se consulte. En los pasillos del municipio aseguran que eran jóvenes encargados de la campaña del Pro en las redes.

El concejal Martín Salaberry (Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo) sospecha que la tarea de los jóvenes es “espiar” a los ciudadanos en Twitter y otras redes. Días atrás presentó un pedido de informe que será tratado en el Concejo Deliberante en los próximos días (ver aparte).

También hay pagos para tener imágenes. Se trata de las contrataciones del fotógrafo Federico Souto Chisu, que percibe 15.000 pesos por mes por prestar su servicio. Lleva facturados 105.000 pesos y tras su designación el gobierno municipal despidió a José López, quien fotografió a Cristian Breitenstein y a Gustavo Bevilacqua durante sus gestiones.

Similar es la contratación de Iván Schwerdt, encargado de filmar los actos protocolares del jefe comunal. También cobró hasta aquí 105.000 pesos.

Sciolistas que cambiaron

La llegada del exsecretario de Obras Públicas de Villarino, Marcelo Meneses, como segundo del responsable de Infraestructura, Guillermo Manrique, explica el arribo de otros tres exfuncionarios de la intendenta sciolista Patricia Cobello.

Se trata del exsecretario Legal y Técnico de Villarino, Rodrigo Dulsan, su segunda en esa dependencia, Damiana Presa, y el exdirector de Catastro, Pablo Montero.

El 17 de marzo se inició una solicitud para que que cada uno perciba 18.234 pesos mensuales (54.702 por tres meses) para "trabajar en la confección de propuestas ejecutivas para la gestión ante los organismos que correspondiere del suelo para la conformación del Banco de Tierras Municipal", según se describe en uno de los documentos a los que accedió este diario.

A pesar de que el trámite lleva varios meses, no existen órdenes de compra ni registro de pagos. En el caso de Dulsan, se presenta como asesor del municipio bahiense en su propia cuenta de Twitter.

Zingoni y un excomisario

Si bien hasta el momento no hay novedades sobre sus tareas, el reconocido arquitecto José María Zingoni ya tuvo órdenes de pago de servicios por un total de 100.000 pesos. El excandidato a concejal e intendente por el Frente Amplio Progresista que encabezaban a nivel local los hermanos Jaime y Virginia Linares, fue el único asesor al que Gay hizo público.

Su función es "asesorar, diagnosticar y crear lineamientos estratégicos y asesoramiento sobre la temática urbano ambiental", aunque hasta el momento se desconoce en qué proyecto trabaja o qué diagnósticos realizó.

El último es el excomisario Rubén Darío Bruno, que tiene contrato hasta septiembre, por lo que hasta ese mes acumulará 153.000 pesos. Su función es asesorar en cuestiones de seguridad y elaborar políticas públicas y análisis estadístico en la dependencia que encabeza Emiliano Álvarez Porte.

¿De dónde sale el dinero para estos pagos?

En la misma web de transparencia municipal consta que la partida "Servicios Técnicos y Profesionales" del Presupuesto 2016, de donde salen los pagos a los asesores, tuvo un incremento del 43% con respecto al de 2015.

El año pasado se gastaron 37 millones de pesos, mientras que el presupuestado para el año en curso es de 53 millones, de los cuales, hasta el momento se devengaron --pagaron-- 10 millones.

La web permite saber en qué dependencias se gasta la mayor cantidad de dinero. En la misma aparece Promoción Social con el 27% de los recursos, Educación y Cultura con el 14%, Urbanismo y Ciencia y Técnica con el 6%, y Salud con el 5%.

En el caso de Promoción Social y Salud, vale aclarar que el dinero es para pagar el sueldo al personal de diferentes programas sociales, como el Envión, o médicos y personal de enfermería que se desempeña en salas médicas, entre otros.

Al menos el 62% de los 53 millones --poco más de 30 millones-- presupuestados proviene de las arcas municipales, el 32% del gobierno provincial y apenas el 4% del gobierno nacional y el 2% restante de "transferencias internas".