Por Ramiro Melucci

Con un arrebato de optimismo desmesurado, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, llegó a decir que el objetivo oficialista era tener aprobadas las ordenanzas fiscal e impositiva a fines de enero. Ese propósito quedó lejos de ser alcanzado a causa del inusitado tiempo que se tomó el cuerpo legislativo para acordar la composición de sus comisiones internas. Recién la semana pasada, después de más de un mes y medio de vaporosas discusiones, se terminó de cerrar el acuerdo. Un exceso para un municipio atiborrado de urgencias económicas.

Como cayó en la cuenta de que la discusión no concluiría en el tiempo conveniente para agradar a la Provincia, el oficialismo aceleró la adhesión al Pacto Fiscal. Conformó las comisiones de Legislación y Hacienda antes que ninguna otra y logró la sanción de esa norma que, según los propios oficialistas, ponía en juego la ayuda económica del gobierno bonaerense.

Así, esta semana el gobierno de Carlos Arroyo observará el inicio del debate por el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva en la comisión de Hacienda con la tranquilidad de un alumno que llega a la escuela con los deberes hechos. El inconveniente es que gran parte de lo escrito en esas normas, que tienen el sello del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, contradicen el espíritu del Pacto. Aprobarlas así como están implicaría, además de cortocircuitos con diversos sectores de Mar del Plata, retroceder los pocos casilleros que pudo avanzar el municipio en su vínculo con María Eugenia Vidal.

La concejal opositora Virginia Sívori (Unidad Ciudadana) estampó en un proyecto de comunicación las divergencias entre las ordenanzas que propone el municipio y el Pacto Fiscal.

El gobierno local, por caso, no publica en forma trimestral la ejecución presupuestaria. Lo hace “en forma semestral e incompleta”, según la concejal. “Con serios retrasos que lesionan la transparencia de la gestión de los recursos y gastos del estado municipal”.

La adhesión al Pacto también supone “implementar políticas tendientes tendientes a disminuir los gravámenes que recaigan sobre la producción”. Es el punto medular de las diferencias: la ordenanza fiscal está plagada de medidas que rebaten ese concepto. La eliminación de exenciones a las empresas radicadas en el Parque Industrial, la gravación de las operaciones de comercio exterior, las exigencias a los productores frutihortícolas y los incrementos en las tasas por habilitación de comercios e industrias y seguridad e higiene son apenas algunas muestras.

La jefa del bloque radical, Vilma Baragiola, ya anticipó que pondrá en discusión cada una de las quitas de beneficios impositivos que redactó Mourelle. Dijo que el municipio no puede ir para un lado cuando la Provincia y la Nación, que tienen el mismo sello político, avanzan hacia el otro.

El debate por las ordenanzas económicas, cuyo primer encuentro fue convocado para el martes al mediodía, ya no será presidido como en los primeros años de la gestión por Guillermo Arroyo. El hijo del intendente le cedió ese rol en la comisión de Hacienda a otro miembro del interbloque oficialista, Alejandro Carrancio, que deberá lidiar con una mesa de trabajo pletórica de jefes de bancada. A cambio, Arroyo se aseguró una nutrida representación de su bloque, la Agrupación Atlántica, en esa y otras comisiones clave.

La comisión citará a Mourelle, más temprano que tarde, para que explique los objetivos de los proyectos que redactó. El gran interrogante que se cierne por estas horas es cuántas de las correcciones que pedirán oficialistas y opositores estará dispuesto a conceder el secretario y, en definitiva, el propio Arroyo.

Algunos de los sectores afectados ya mantuvieron encuentros con el intendente. Empresarios pesqueros le transmitieron su preocupación ante el intento de imponer el cobro de la tasa de seguridad e higiene a las exportaciones del sector. En ese encuentro, Arroyo estuvo acompañado por Mourelle. Los empresarios salieron con una impresión: al jefe comunal lo vieron más predispuesto a posibles modificaciones que al secretario.

El viernes, Arroyo recibió a productores frutihortícolas. En esa reunión no estuvo el titular de Economía, sino el de la Producción, Mássimo Macchiavello, y el del Emvial, Pablo Simoni. Después de enumerarles los alcances y perjuicios para el sector que provendría de la aplicación de la ordenanza fiscal, los productores se retiraron aliviados: el intendente les pidió disculpas y les dijo que la revería. Fue la primera señal concreta de que el Ejecutivo está abierto a revisar el proyecto. En el Concejo esperan que no sea la última.

Todavía no comenzó el debate y un temor ya recorre los pasillos del cuerpo. ¿Si las normas presentadas por el Ejecutivo son modificadas drásticamente, el intendente apelará al veto o aceptará las decisiones legislativas? Acaso sea una incógnita apresurada, lo que no la convierte en inverosímil.

Otra diferencia con la Provincia que quedó plasmada en la semana aludió a la medida para ponerle un freno al nepotismo que impulsó el presidente Macri y suscribieron Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, casi de inmediato. Arroyo se tomó su tiempo: el miércoles, 48 horas después del anuncio presidencial, todavía no había siquiera considerado la decisión de adherir. Y declaró a los medios como si estuviera en desacuerdo.

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