Mientras que la Justicia local tramita una denuncia penal impulsada por la Obra Asistencial Mutual (OAM) contra el intendente Carlos Arroyo y varios de sus funcionarios, en las últimas horas comenzaron a surgir algunos datos que describen la magnitud de la millonaria deuda que la Municipalidad registra en concepto de contribuciones patronales.

Sumando lo que la comuna les debe a las obras sociales, las aseguradoras de riesgo de trabajo y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), la cifra llega casi a los 320 millones de pesos, según se desprende de información oficial a la que tuvo acceso LA CAPITAL.

Ese número equivale aproximadamente al 5% de todo el presupuesto de gastos autorizado para todas las áreas del municipio durante el año pasado.

Haciendo otras comparaciones, también es posible decir que la cifra representa la mitad del gasto dedicado en 2017 a solventar el servicio de recolección de residuos.

La mayor parte de esa deuda se relaciona con los aportes jubilatorios.

Los datos disponibles indican que el municipio le adeuda al IPS un total de $166.399.828. En tanto que la deuda acumulada con las ART asciende a los $88.646.723 mientras que por el no pago a las obras sociales el monto es de $63.848.618.

La documentación que contiene estos números detalla cuál es la deuda que el municipio fue registrando mes a mes desde el año 2014 hasta el 31 de enero de este año.

Allí se advierte que unos 50 millones de pesos corresponden a montos impagos durante los ejercicios 2014 y 2015.

En tanto que otros 73,5 millones pertenecen al año 2016 y otros 173,3 millones a 2017. Y en lo que va de 2018, la deuda acumulada ya asciende a los 27,6 millones.

Los datos trascendieron mientras el intendente Carlos Arroyo y varios de sus funcionarios afrontan una causa penal iniciada por OAM, la obra social de los municipales, que resolvió exigir judicialmente el pago de deuda que viene reclamándole al municipio desde hace meses a través de distintas gestiones.

La denuncia es por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Además de involucrar al jefe comunal, la demanda apunta contra el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle; los presidentes de los entes Gabriela Magnoler (Emtur), Carlos López Silva (Emder), Pablo Simoni (Emvial) y Eduardo Leitao (Emsur) y los ex funcionarios de la gestión de Arroyo, Gustavo Schroeder, Mario Marchioli y Guillermo Volponi.

La demanda impulsada por el presidente de OAM, Rubén Pili, con el patrocinio del abogado César Sivo, se efectuó luego de que la entidad intentara por diversos medios lograr un acuerdo con el municipio.

La obra social reclama una cifra cercana a los 16 millones de pesos, correspondientes a sus 2114 empleados municipales asociados.

Semanas atrás, luego de que OAM formulara la denuncia, el intendente Arroyo decidió realizar una conferencia de prensa durante la cual calificó a la acusación de “totalmente falsa”. “Mi administración no debe un peso por retenciones relacionadas con las prestadoras de salud de los empleados municipales”, dijo.

En ese momento el intendente aseguró contar con documentación que demostraba que los entes así como la administración central no registraban compromisos impagos por retenciones, aunque sí admitió la existencia de deudas por “aportes patronales”.

Según se advierte en la documentación oficial, el municipio registra una deuda con OAM en concepto de contribuciones cercana a los $15,5 millones.

De esa cifra, unos $6,6 millones corresponden al Emvial, $5,4 millones a la administración central, $2,8 al Emder, $1,5 al Emtur y $37 mil al Emsur.

Sin embargo OAM no es la única obra social con la cual el municipio registra deudas millonarias. En el listado también figuran muchas otras, entre las cuales se destacan la obra social de los pasteleros, Amtar, así como OSDE y Medife, con montos que en cada caso oscilan entre los $12 y los $13 millones.