Es dinero se destinó para la construcción de un relleno sanitario, pero sus resultados nunca llegaron. Se gastaron siete millones de pesos en lo que hoy es un basural a cielo abierto, y un indudable foco de contaminación.

El millonario monto se desprende de los últimos presupuestos de la Municipalidad de Junín. La mitad de esa cifra corresponde al 2014, el tercer y último año de gestión de la empresa Girssa, para el que se previeron 3.500.000 pesos. 

Así lo denunciaron diversos dirigentes opositores que en reiteradas oportunidades realizaron pedidos de informes al intendente de nuestra ciudad, Mario Meoni, e incluso denuncias penales, como es el caso del ex concejal de la Coalición Cívica José María Banfi.

Paisaje desolador

Mientras tanto, en el Relleno Sanitario el panorama es cada vez peor. Montañas de residuos se siguen acumulando configurando un auténtico basural a cielo abierto, el galpón de reciclado está desmantelado por completo –incluso se observa una columna caída– y sin techo, hay quemas ilegales y no hay un control del ingreso.

Pero lo peor es lo que denuncia la gente que a diario concurre allí a separar elementos reciclables como "changa": la falta de la membrana que debe aislar la basura de la tierra y las napas.

Dicen que  hace seis o siete años que no se recubre la tierra con la membrana para aislar los lixiviados del suelo, por ende, las sustancias tóxicas se pueden filtrar a las napas.

La desidia en el basurero también se observa en la falta de gestión de reciclado donde las pilas, baterías, bolsas de nylon, aluminio y tapitas de gaseosa aparecen mezcladas junto al resto de la basura.

Obligación

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 13.592 establece que los municipios son los encargados de la gestión de los RSU, y la autoridad provincial es la que controla el modo de gestionar que cada municipio tiene. Luego de reiteradas consultas de Democracia al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), en la oficina pública nunca contestaron si se realizaron los controles correspondientes y en qué instancia se encuentra el expediente abierto años atrás, que le otorgaba a la comuna un plazo para regularizar la situación en el Relleno Sanitario.

Municipalización

La crisis de la basura en Junín llevó a la gestión comunal a hacerse cargo del tratamiento de los residuos en junio pasado. Pero desde entonces nada parece haber cambiado en el predio situado sobre la ruta 65.

El tiempo que tardó la Comuna en tomar cartas en el asunto también fue denunciado en reiteradas oportunidades por la oposición. De hecho, el 10 de mayo del año pasado, desde el bloque de la Coalición Cívica, ya se había presentado un proyecto de comunicación debido a que por entonces se estaban cumpliendo los 180 días de plazo que el Municipio de Junín le otorgó a la empresa para la adecuación de las instalaciones del predio del Relleno Sanitario, a partir de la denuncia penal presentada por este bloque ante la Justicia. En efecto, la Municipalidad se tomó un año más para accionar.

Sin plan de acción

El 17 de octubre pasado, el secretario General de la Municipalidad, Javier Gabrielli, debió ir al Concejo Deliberante a dar explicaciones por la crítica situación en el Relleno Sanitario. Pero según lo que pudo reconstruir Democracia de aquel encuentro con los concejales, por entonces el Municipio seguía sin saber qué iba a hacer para revertir el estado de abandono.

 “No está claro cuáles son las acciones que se van a tomar para revertir, sobre todo la situación ambiental”, dijo Virginia González, concejal de Junín para la Victoria (JpV).

En cuanto al dinero, Gabrielli tampoco supo responder si "estaba pensado o si se había discutido por parte del Ejecutivo iniciar acciones legales", en ese sentido, González agregó: "la respuesta fue que no se había hablado ni pensado. No sé si para adelante lo harán o no pero las respuestas que se han dado no nos dejan tranquilos respecto de las acciones que se van a tomar para adelante”, dijo la edil de JpV.

En dicha reunión, lo poco que se habló por parte de la Municipalidad fue de la compra de luminarias y la seguridad en el perímetro, además de la conformación de una cooperativa para regularizar la situación de los trabajadores. Aunque los ediles denunciaron que la misma estaría a cargo de uno de los actuales compradores de la mercadería para reciclar, lo que significaría "una relación de dependencia encubierta".