Si bien no hay precisiones, se insta a las dependencias comunales a reducir los gastos considerando cuestiones como contratos, bienes de uso, combustibles y consumo de servicios básicos.
El ajuste generalizado que prolifera en los municipios del interior también se extiende a la comuna capitalina. El pasado 15 de abril, las autoridades de la ciudad de Salta sancionaron un decreto que determina ciertas acciones de recorte de gastos atendiendo a la "emergencia económica financiera que se atraviesa".
El decreto 222, que se publicó en el Boletín Oficial del 22 de abril último, reconoce que "la Municipalidad de la Ciudad de Salta no se encuentra ajena a la situación financiera dentro del contexto global de crisis y recesión nacional", es decir, asume que la coyuntura luego del recambio del Gobierno nacional acarreó un panorama económico de caída y desaceleración.
En razón de ello, el texto del decreto agrega en sus considerandos que "a fin de asegurar una mejor prestación de los servicios y alcanzar la necesaria eficiencia de la gestión administrativa, es necesario profundizar la reorganización y la reforma administrativa que permitan disminuir el gasto corriente señalando el modo de ajustar los mismos al nivel que corresponda".
La semana pasada, el secretario de Hacienda, Pablo Gauffín, quien también fuera funcionario del intendente anterior, Miguel Ángel Isa, declaró a El Tribuno que la actual gestión heredó una deuda de 150 millones al momento de asumir la conducción del Ejecutivo municipal. En ese marco, vaticinó: "Hasta agosto estaremos endeudados".
Entonces, la conjunción entre la deuda recibida y "el contexto global de crisis y recesión nacional" obliga a las autoridades municipales a estrechar los gastos, pudiendo afectar así la incorporación de personal, el desarrollo de la obra pública y los programas sociales que venía llevando adelante el municipio.
Nuevamente atendiendo a lo que pauta la normativa se corrobora esta perspectiva. El decreto 222 indica que "los responsables de las distintas áreas que componen el Departamento Ejecutivo Municipal deberán tomar los recaudos pertinentes tendientes a la reducción del gasto público". Aunque no se especifica cuáles serán esos recaudos, se prevé que los titulares de cada área adopten esa visión de austeridad.
Reducciones
Conforme a lo que estipula el decreto firmado por el jefe comunal, Gustavo Sáenz, y las primeras líneas de su gabinete, "se deben disminuir los gastos innecesarios asegurando al mismo tiempo la prestación de los servicios que el municipio requiera". Es una incertidumbre, por ejemplo, saber cómo se completará el mantenimiento y construcción de desages pluviales, prometido por Sáenz tras las severas inundaciones que se vivieron este verano. Aunque para esto se espera auxilio financiero de la Nación y el BID.
No deja de ser menos inquietante la manera en que se completará el saneamiento de las calzadas de la ciudad, uno de los puntos de mayor conflictividad tras el recambio municipal. También hay que ver si desde Nación se envían los fondos para terminar obras como la Casa Educativa Terapéutica (CET) de San Benito y el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Limache.
En el artículo primero de la norma que formaliza el ajuste municipal se enumeran algunos aspectos primordiales para el recorte. Se destacan la revisión de los contratos de locación y servicios, la reducción de bienes de consumo a lo "estrictamente necesario" y la racionalidad en la utilización de combustibles. Para esto último, se plantea todas las áreas que declaren cuál es su parque automotor y quiénes son los responsables de cada rodado.
A tónica con las declaraciones del ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan Carlos Aranguren, quien en días pasados expresó que "si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir. En cambio, si entiende que el costo no es tan alto, continuará cargando nafta", el decreto municipal exhorta a sus dependencias a adoptar "estrictas normas de austeridad en lo concerniente a gastos de energía, teléfono, gas y demás servicios" para reducir las erogaciones de la comuna.
La reducción del consumo del combustible en algunos municipios del interior llegó al 70%.
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