El abogado Luis Carreño, defensor de la secretaria de Hacienda del municipio capitalino Claudia Ortiz, imputada por el presunto delito de Estafas cometidas con aportes patronales y de obra social de los trabajadores PIL de la comuna, negó que la funcionaria tenga responsabilidad penal y advirtió que en la causa “no hay ninguna denuncia puntual de alguno de los beneficiarios del programa de empleo social”.

Por eso, Carreño tildó de “denuncia política y show mediático” la acusación contra Ortiz y reafirmó que “aquí no hay movimiento de dinero porque el único que puede hacer los aportes previsionales es (el Gobierno de) la provincia”.

La causa está siendo instruida por el juez penal Daniel Barría.

En rueda de prensa, Carreño djo que “con la causa en la mano, nos damos cuenta que no hay ninguna denuncia de ninguno de los 2 mil beneficiarios PIL; ninguno ha denunciado a la contadora Claudia Ortiz”.

Y agregó que en el expediente comparecen (el diputado opositor) Guillermo Galván y (el concejal) Álvaro Recalde, que textualmente dicen que “se cite a prestar declaración testimonial al señor Picón, Pedro Vicente – DNI 12978234, domiciliado en calle Yatasto y proyectada del barrio La Florida”:

El abogado remarcó que “Picón no es denunciante. No hay ningún denunciante, que sea PIL; Picón está citado como testigo, es una persona ajena a la causa, que por conocimiento de alguna situación particular a ella, tiene intervención a instancia del juez, en una declaración testimonial”.

Luego dijo que “seguramente en noviembre, una vez que se resuelva el recurso que se ha presentado en contra de Picón, y su participación como querellante particular, va a ser citado”.

Según Carreño, “se va a reprogramar la declaración testimonial de la señora Silvia Amarfil, y muchos miembros del gabinete provincial, que la defensa considera que deben dar muchas explicaciones al pueblo de La Rioja”.

Carreño dijo que “la denuncia (de Galván en contra de Ortiz) versaba sobre tres hechos: malversación de caudales públicos, incumplimiento en los deberes de funcionario público y peculado”.

“En nuestro sistema previsional el único que tiene un CUIT en la Anses y en la AFIP es (el gobierno de) la provincia”, insistió.

Según el letrado, “la causa va a tener un giro, el Ministro de Hacienda tiene la obligación de informar a la Anses, cual es el dinero que, del total de los 40 mil empleados públicos, debe la Nación retener”.